El blog jurídico de Sepín

No son pocos los casos en los que, existiendo una cláusula suelo en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria firmado originariamente, en un momento posterior, ya sea a instancia del prestatario o a instancia de la entidad prestamista, existe un acuerdo entre las partes, mediante el cual se procede a novar dicha cláusula, bien para reducir el interés mínimo establecido como suelo, bien para proceder a convertir el interés variable aplicable hasta ese momento, en interés fijo hasta la fecha de vencimiento del préstamo.

Tras la celebración de una subasta judicial cuyo objeto es un bien inmueble, uno de los asuntos que puede generar polémica es el de cuándo se ha de considerar que se adquiere la propiedad por quién resulta adjudicatario.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado una Sentencia en fecha de 19 de junio de 2017, en la que aborda la cuestión de las costas en un proceso sobre nulidad de cláusulas suelo cuando ha existido allanamiento de la entidad financiera demandada y el prestatario no había acudido con anterioridad al procedimiento extrajudicial regulado en el Real Decreto-Ley 1/2017.

El Código Civil, en los arts. 361 y siguientes, regula la figura de la accesión en relación con los bienes inmuebles, estableciendo como norma general de nuestro Derecho, la máxima de que lo edificado cede a favor del suelo, por lo que el dueño de un terreno debe ser considerado también como tal de las construcciones que se realicen en él.

Cuando un comprador obtiene del vendedor una indemnización por la existencia de vicios derivados de la construcción, existe una obligación fiscal en relación a la cantidad obtenida, que debe tributar en el IRPF.

Una de las cuestiones que más polémica genera, cuando estamos ante la compraventa de una vivienda en construcción o sobre plano, es la referente a la fecha de entrega de la vivienda, y cuando se debe entender que la misma se ha producido, a los efectos de la posible existencia de una demora que pudiera dar lugar a la resolución del contrato o a la solicitud de una indemnización por daños y perjuicios por parte del comprador.

Mediante el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, se establecieron una serie de medidas que tenían como objeto la protección de deudores hipotecarios.

La acción directa en relación con el contrato de obra, es la posibilidad que se le otorga al subcontratista que no ha recibido el pago de su trabajo por parte del contratista, de reclamar su abono al dueño de la obra.

Tras la lectura de lo establecido en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, a uno le queda la sensación, que más que nunca, es de aplicación el dicho tan popular usado para los juegos de azar, aunque plenamente adaptable con un simple juego de palabras, que establece, que la banca siempre gana.

Tras la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, por la que se determina que no puede limitarse los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo a aquellas cantidades cobradas por su aplicación desde la fecha de publicación del Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, tal y como había determinado nuestro Alto Tribunal, sino que dicha nulidad, tiene como consecuencia el que se deba devolver la totalidad de las cantidades pagadas de más, nos surgen una serie de dudas en relación a aquellos consumidores que ya plantearon la demanda ante un órgano judicial y obtuvieron una sentencia firme o que decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial con la entidad financiera.