El blog jurídico de Sepín

La fianza en los contratos de arrendamiento es una cantidad en metálico que el arrendatario debe entregar al arrendador para garantizar los posibles incumplimientos por parte del inquilino, ya sea por daños o por impago de renta. Dicha obligación viene recogida en el art. 36 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, para los contratos posteriores al 1 de enero de 1995, y en el art. 105 del Texto Refundido de 1964. La fianza, por tanto, es una obligación legal que vincula a todos los contratos, ya sea de vivienda o de uso distinto cuyo incumplimiento puede dar lugar a la resolución del contrato; así lo estabelce la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 16 de febrero de 2006 (SP/SENT/93900), que estimó el desahucio ante el impago de la fianza en el momento de presentar la demanda.

Partimos de la base de que la instalación del ascensor en una finca siempre supone una innovación o mejora en los servicios del inmueble, en la que deberán participar los propietarios según establece la Ley de Propiedad Horizontal, pero la duda que aquí se plantea es cómo afecta esta instalación a los arrendatarios. Y una vez más, como ocurre en la mayoría de las cuestiones de arrendamientos urbanos, es imprescindible conocer la fecha del contrato para determinar qué preceptos resultan aplicables y si este debe asumir el gasto.

Aprovechando las últimas modificaciones en materia tributaria, realizamos un análisis práctico acerca de los impuestos que debe llevar un recibo de arrendamiento de un local de negocio, separado en dos bloques: por un lado, los supuestos en los que el arrendador es una persona física, y, por tanto, su renta está sujeta al IRPF, con independencia de si el arrendatario es persona física o jurídica; y,  por otro, cuando el  arrendador es persona jurídica, sujeto, salvo excepciones, al Impuesto de Sociedades.

Cada vez existen más herramientas que nos facilitan la solución asuntos de nuestro día a día, las nuevas tecnologías nos han “invadido” y  nos permiten y facilitan la participación en asuntos, como los relativos a nuestra comunidad de propietarios. Con la administración online tenemos una nueva forma de gestionar la comunidad, pero a día de hoy nuestra legislación aún no la contempla.