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Directora de Sepín Consumidores y Usuarios, Obligaciones y Contratos y Derechos Reales
El pasado 28 de diciembre entró en vigor el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modifica, entre otras, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU) en materia de viajes combinados y otros servicios de viaje vinculados, a fin de transponer al derecho interno la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.
El Tribunal Supremo ha dictado una relevante sentencia en materia de cláusulas abusivas en los contratos de transporte aéreo de pasajeros.
La reciente resolución de 13 de noviembre de 2018, desestima el recurso de casación interpuesto por Iberia contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta estimaba las acciones colectivas ejercitadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respecto de varias condiciones generales utilizadas por la compañía en sus contratos, declarándolas abusivas y, por tanto, nulas, y ordenando a Iberia que cesara en su uso.
El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de días de término y de expiración.
Desde este punto de vista la prescripción es una institución que tiene una enorme importancia, teórica y práctica ya que su finalidad primordial es la de dar seguridad jurídica al sistema, evitando que situaciones inciertas o dudosas se mantengan indefinidamente.
Tras la clausura de algunas clínicas dentales en las últimas semanas, son muchos los consumidores que han resultado perjudicados al tener contratados tratamientos sin terminar, implantes y prótesis con materiales de baja calidad y financiaciones que siguen abonando, pese a no recibir el servicio. Ante este escenario, es fundamental que conozcan cómo pueden hacer valer sus derechos.
La interrupción de la prescripción es una forma de mantener la vigencia del derecho, porque el efecto extintivo propio de la prescripción deja de producirse cuando se demuestra que se ha ejercitado la acción o se ha reclamado el derecho antes de la llegada del plazo. La principal consecuencia que produce es la de tener que volver a contar el plazo de prescripción de nuevo por entero, iniciándose el cómputo el día siguiente al que termina el acto interruptivo.
No existe en el Código Civil precepto legal específico que lo regule, siendo una figura de creación jurisprudencial permitida por el principio de la autonomía privada o de la libertad contractual, recogido en el art. 1.255 del Código Civil, razón por la que hemos decidido dedicar este espacio a analizar esta figura tan común y frecuentemente utilizada.
Disconformidad con la factura recibida, incumplimiento de las ofertas por parte del operador o negativas para la portabilidad de una línea, son cuestiones que se presentan con mucha frecuencia y que demuestran que los problemas que pueden surgir con las compañías de teléfono o Internet están a la orden del día, no sabiendo en muchas ocasiones como hacerles frente, por ello vamos a aprovechar este espacio para abordar las diferentes vías que tiene el consumidor para presentar una reclamación contra estas operadoras.
Si bien ya hemos comentado en este espacio las primeras sentencias dictadas en nuestro país en relación con el caso Volkswagen, ya sean favorables para el comprador o para el fabricante, una vez más acudimos a este blog para resaltar una reciente resolución de 5-01-2018 que declara la nulidad de un contrato de compraventa de un vehículo afectado por el escándalo dieselgate, condenando al Grupo Volkswagen a abonar al afectado el precio del vehículo (19.378,11€) así como los intereses legales generados a su favor, debiendo devolver el comprador el vehículo afectado.
El art. 1.967 CC establece un plazo de tres años para la prescripción de acciones correspondientes a los profesionales para exigir el pago de honorarios o retribuciones.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su Sentencia 1157/2017, de 16 de septiembre, ha fijado como doctrina que la Administración puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios sin necesidad de previa declaración judicial en el orden civil.
