El blog jurídico de Sepín

Marta López Valverde

Directora de Sepín Responsabilidad Civil y Seguro

Se debe partir de que la posibilidad de incluir los intereses regulados en la Ley de Contrato de Seguro (LCS) como cuantía base en las tasaciones de costas viene recogido en los criterios orientativos sobre honorarios profesionales de cada Colegio de Abogados.

Isabel Eugenia Lázaro González.

Profesora Propia Ordinaria de Derecho Internacional Privado. Universidad Pontificia Comillas

PLANTEAMIENTO

María del Pilar Gómez Delgado

Licenciada en Derecho y Criminología. Ex Fiscal Sustituta, Fiscalía Provincial de Madrid

I. Consideraciones Generales

Mercedes Rosales Araque

Redacción Jurídica de Sepín Obligaciones y Contratos

El art. 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece la definición de cláusulas abusivas como: «Todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.»

Roberto Guimerá Ferrer-Sama

Director de Sepín Penal. Abogado

El Consejo de Ministros del pasado 12 de abril de 2022 aprobó dos importantes proyectos de ley que van a afectar a la administración de justicia en general: el de “Eficiencia Organizativa” y el de “Eficiencia Procesal” del Servicio Público de Justicia, que, junto con el de “Eficiencia Digital”, forman parte del llamado “Plan Justicia 2030”, suponen transformar el modelo actual de Justicia y buscan agilizar y hacer más eficientes los procedimientos de los cuatro órdenes jurisdiccionales, facilitando el acceso de los ciudadanos a dicho servicio público.

Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Los procesos selectivos y, en concreto, la redacción, interpretación y aplicación de sus bases son fuente de constantes conflictos que en muchas ocasiones guardan relación con una posible vulneración del derecho a la igualdad, consagrado en términos generales en el artículo 14 de la Constitución Española (SP/LEG/2314) “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y, de forma específica para los procesos selectivos de la función pública, en el art. 23.2 de la CE cuando nos indica que los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

María José Polo Portilla