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Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada
Nadie pone en duda, ante la crisis del coronavirus, que es necesaria la máxima contención de ciertas actividades en las que se concentra un abundante número de público, con el fin de evitar la cercanía de personas y el temido contagio, con la consiguiente sobresaturación de los servicios sanitarios de nuestro país.
Sí, efectivamente acabamos de asistir al primer año de vigencia de este RDL que modificaba otra vez más la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, cuya entrada en vigor fue el 6 de marzo de 2019, una norma que trataba de mejorar el régimen de alquiler de las viviendas, ya que la anterior reforma de 2013 no había dado los resultados que se pretendían en cuanto al incremento de la oferta de vivienda y la moderación de los precios, dejando al arrendatario sin unas condiciones mínimas de estabilidad y seguridad.
El tiempo no se detiene y el pasado 1 de enero de 2020 se han cumplido 25 años de la entrada en vigor de nuestra cambiante, inquieta y siempre polémica Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, de 24 de noviembre.
Cuando la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/94 estableció la extinción de los contratos de arrendamiento de locales de negocio anteriores al 9 de mayo de 1985 en el apartado 3 y siguientes, los profesionales dedicados a esta laberíntica materia parecía que teníamos suficiente margen de tiempo para ir calculando los plazos de duración atendiendo a las distintas circunstancias. Los años pasan de una forma vertiginosa, y si ya el 31 de diciembre de 2014 se extinguieron numerosos contratos al haber transcurrido 20 años desde la entrada en vigor de la LAU 29/94, llegamos ahora a los 25 años de aplicación de esta Ley, produciéndose de nuevo, el fin de varios contratos de arrendamiento de local.
Cada día resulta más frecuente encontrar esta modalidad de alquiler, son muchos los arrendatarios que, ante el disparatado importe del arrendamiento de una vivienda habitual, optan por residir en una habitación compartiendo servicios comunes como cocina y baño. Nos encontramos ante la alternativa a otros tipos de contratos de arrendamiento de vivienda, como el residencial o el de temporada, con rentas mensuales muy elevadas, y ni que decir tiene, con el arrendamiento turístico que, a la larga, igualmente resulta inviable.
Lo cierto es que, ya he comentado en anteriores post, con gran estupor y cierta inquietud, que habíamos llegado al “sexto régimen jurídico” aplicable a los arrendamientos de viviendas. El baile de los dos Reales Decretos Leyes modificando la LAU 29/94, entre los meses de diciembre de 2018 y marzo de 2019, con su laberíntico camino, aprobación, posterior no convalidación, pero a su vez en vigor para los contratos celebrados en un periodo concreto, sumando a los pocos meses otra modificación legislativa, no tiene parangón. Y esto, sin olvidar que ambos se añadían a los cuatro regímenes ya existentes.
El 12 de abril de 2019, el BOCAM ha publicado el Decreto 29/2019, de 9 de abril, que regula los Apartamentos y las Viviendas de Uso Turístico (VUT), con entrada en vigor el 13 del mismo mes, modificando parcialmente el Decreto de 10 de julio de 2014.
Sí, así parece, con la convalidación ayer 3 de abril de 2019 del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, finaliza el show o baile de los Reales Decretos iniciado en el mes de diciembre por el Gobierno, al menos por ahora, porque por desgracia, este tema social, y a la vez polémico, de los arrendamientos urbanos siempre estará presente y serán otros partidos los que plantearán otras medidas.
La tendencia de alquilar por días o semanas la vivienda habitual para fines turísticos, unido al avance en nuevas tecnologías y la creación de empresas que a través de sus páginas web ofertan este tipo de alojamientos, ha dado lugar a un fenómeno imparable y lleno de polémica.
