El blog jurídico de Sepín

En los últimos meses la Sala 1.ª del TS ha tenido la ocasión de volver a pronunciarse sobre el conocimiento efectivo de los prestadores de servicios de que la información almacenada en su página web es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. En concreto, estos problemas suelen surgir cuando los usuarios hacen comentarios (en un post, en una noticia, etc.) que lesionan el derecho al honor, a la intimidad personal y la imagen de terceras personas.

Como es sabido, los arts. 16 y 17 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) excluyen la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos y de los que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda en el caso de que

La utilización de programas P2P para la descarga de archivos es habitual en España, a pesar del descenso en su uso tal y como se evidenció en el último Estudio General de Medios.

Por este tipo de programas se ha facilitado lamentablemente la descarga de archivos de pornografía infantil, posicionando a España como uno de los países donde más descargas se producen.

En nuestro país, la posesión de material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces está castigada con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años (art. 189.2 CP). Pero si en vez de posesión se considera que el acusado “produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido”, la pena prevista por el art. 189.1. b) del CP es la de prisión de 1 a 5 años.

La utilización del comercio electrónico aumenta vertiginosamente y cada vez el consumidor va perdiendo el “miedo” a celebrar contratos a través de Internet. Esta forma de contratación reporta numerosas ventajas a ambas partes, de ahí su aumento en los últimos años, pero ello no implica que no existan desavenencias entre las partes, las cuales deberán dirimirse en los Tribunales.

Lo que nos lleva a la pregunta que da título a este post: ¿Qué Tribunal será competente para enjuiciar dicho litigio cuando el demandante es el consumidor?

A día de hoy, casi todos los negocios que hay en este país tienen una página web desde la cual la empresa promociona sus productos e, incluso, los vende, siendo el comercio electrónico un modelo económico en alza.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), en su sentencia de 22 de enero de 2013, resuelve la cuestión prejudicial que se le planteó desde Austria, en relación con la validez del art. 15.6 de la Directiva 2010/13/UE, mediante el cual se establece la posibilidad de que organismos de radiodifusión televisiva pueden emitir breves resúmenes informativos de los acontecimientos de gran interés que son adquiridos en exclusiva por otras cadenas de televisión, sin que la remuneración que estas obtengan pueda superar los costes adicionales en los que se haya incurrido por prestar dicho acceso.

Cada vez es más habitual que, al abrir en nuestro correo electrónico, nos encontremos la bandeja de entrada repleta de e-mails publicitarios que no queremos recibir. Ante esto, lo lógico es plantearse: ¿Las empresas remitentes pueden mandarme este SPAM o lo hacen al margen del cumplimiento de la Ley? ¿Qué puedo hacer para dejar de recibir estos correos?

El art. 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Correo Electrónico (LSSI), establece, como regla general, la prohibición del envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente.

Sin embargo, establece dos excepciones:

Con la implantación de las Nuevas Tecnologías en nuestra sociedad y la utilización de estas para la comisión de infracciones penales, siguen existiendo dudas acerca de la calificación de determinados delitos.

En este caso, se toma como referencia la calificación jurídica de los hechos cometidos por los «muleros». Mediante una oferta de trabajo realizada por una entidad ficticia a través de correo electrónico, chat u otras formas similares, estas personas sirven de intermediarias para que pueda cometerse un phishing, ya que facilitan a la supuesta empresa que ofrece el empleo los datos de una cuenta corriente de la que son titulares o crean una nueva, y, posteriormente, reciben una transferencia que envían al extranjero a través de sistemas como «Western Union» o «MoneyGram«, a cambio de una porcentaje de la cantidad transferida, el cual suele oscilar entre el cinco y el diez por ciento.

Independientemente de la dificultad que entraña probar el dolo consistente en la intencionalidad de estas personas, dado que normalmente alegan un desconocimiento de ilicitud, que en ocasiones son capaces de acreditar y merece un capítulo aparte, me voy a centrar en la pregunta que da título a esta entrada: ¿un «mulero» comete una estafa informática o un delito de blanqueo de capitales?

Los días 19 y 20 de Octubre se celebró en el Palacio de Cibeles el III Congreso Nacional del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. En un marco incomparable y dividido en cuatro salas diferentes (donde cabe destacar la mala acústica de la galería de cristal, del mismo nivel que la belleza del lugar), se desarrolló una serie de foros, talleres y mesas redondas, donde se realizó un análisis profundo de la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías por los ciudadanos y, en especial, por aquellos que sufren cualquier tipo de discapacidad.

Después de asistir a este interesante Congreso, he llegado a una serie de consideraciones globales:

Como es sabido, el verano es la época del año en la que más separaciones y divorcios se producen, además de casos de violencia de género. En algunos casos, dichas separaciones son amistosas, aunque no siempre es así.

Con el nacimiento de las redes sociales, las maneras de vengarse de una ruptura inesperada, traumática o no deseada han evolucionado. Ahora pueden utilizarse como instrumento para ridiculizar o atacar a esa persona, entre otras formas, mediante la revelación de aspectos de su intimidad, profiriendo insultos, mentiras o colgando fotografías íntimas.

En relación con el supuesto de colgar en una red social fotografías de la expareja desnuda o semidesnuda, tomadas con consentimiento dentro del ámbito íntimo de la relación, ¿qué infracción penal se cometería?

El pasado miércoles desde la cuenta oficial de Twitter de la aplicación Whatsapp la compañía pedía a sus usuarios de iPhone que no actualizasen la última versión, puesto que encontraron un “bug”  o error de software.

Desde el momento en el que se puso a disposición de los usuarios de la Apple Store dicha actualización, han sido miles las descargas que se han realizado. La consecuencia inmediata para cada uno ha sido la inutilización de la aplicación: aunque las notificaciones llegan al terminal, el usuario no puede acceder a ellas ni contestar.

Dada la cantidad de clientes que tienen esta aplicación, su uso constante y las repercusiones que pueden acarrear a cada usuario que no puede interactuar con sus contactos, nos lleva a plantear la cuestión que encabeza este post: ¿Puede solicitarse una indemnización por los daños que ocasione este error en el consumidor?