El blog jurídico de Sepín

El mercado de segunda mano ofrece la posibilidad de adquirir un vehículo en buen estado y a un precio notablemente inferior que si lo compramos nuevo, pero es frecuente que surjan ciertos problemas que imposibilitan o dificultan su uso, siendo muchas las dudas que pueden surgir en cuanto a los derechos que corresponden al comprador, y que vamos a intentar aclarar a continuación.

Como consecuencia de la crisis sanitaria mundial que estamos sufriendo son muchas las dudas que pueden surgir a los consumidores que están relacionadas con las situaciones de su vida cotidiana, como la cancelación de vuelos, viajes combinados o los pagos de aquellos servicios que no pueden disfrutarse durante el estado de alarma.

Por fin hemos conocido la esperada sentencia de nuestro Alto Tribunal n.º 149/2020, de 4 de marzo, sobre el denominado contrato de préstamo revolving, tema que ha suscitado en los últimos tiempos una alta litigiosidad, con abundante jurisprudencia contradictoria desde que el TS dictara la conocida sentencia de 25-11-2015 (SP/SENT/832985) en la que fijó doctrina jurisprudencial sobre este tema.

Los contratos de crédito al consumo son aquellos dirigidos a los consumidores cuya finalidad consiste en financiar la prestación de un servicio o la compra de un bien, facilitando su adquisición, pues permite abonar lo adquirido pagando cómodas cuotas en función de las circunstancias personales del interesado.

Se han publicado hoy, 10 de septiembre, como estaba previsto, las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo sobre el índice de referencia IRPH.

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En el marco del procedimiento judicial contra una conocida franquicia dental, destacamos un importante Auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional el 5-2-2019 por el que se adopta una medida cautelar consistente en la suspensión de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que se hayan formulado por las entidades financieras que hayan suscrito contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con las clínicas del Grupo IDENTAL.

Inicialmente, como recopila MÚRUTLA LAFUENTE, en los préstamos hipotecarios sobre viviendas a los que se refiere el art. 1 de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, se reconoció a nivel administrativo en su Anexo I, como legítima esta comisión. En la misma se afirma que la comisión de apertura, que se devengará una sola vez –no faltaba más, lo contrario sería comisión de “apertura en canal”- se devengará una sola vez, englobará cualesquiera gastos de estudio (tasación del inmueble a hipotecar, búsqueda en el Registro y en el Catastro…), de concesión o de tramitación del préstamo hipotecario u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo (norma 3ª, apartado 1.bis, b) redactado por la Circular 5/1994). Con la aprobación de la Orden EHA/2899/2011 se elimina cualquier referencia a la comisión de apertura.

El pasado 28 de diciembre entró en vigor el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modifica, entre otras, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU) en materia de viajes combinados y otros servicios de viaje vinculados, a fin de transponer al derecho interno la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.

A nivel comunitario, el reconocimiento del consumidor es muy cercano a nuestros días. No es hasta 1973, cuando la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa aprueba la Carta Magna del Consumidor[1], cuna de los derechos básicos del consumidor (derecho a la protección y a la asistencia, derecho a la reparación de daños, derecho a su educación y derecho a la representación y consulta). Poco tiempo después, estos derechos se perfilaban en lo que hoy son los cinco derechos fundamentales del usuario, a través del Primer[2] (1975) y Segundo[3] (1981) Programa Preliminar del Consejo de la CE para una política de protección y de información de los consumidores.

El Tribunal Supremo ha dictado una relevante sentencia en materia de cláusulas abusivas en los contratos de transporte aéreo de pasajeros.

La reciente resolución de 13 de noviembre de 2018, desestima el recurso de casación interpuesto por Iberia contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta estimaba las acciones colectivas ejercitadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respecto de varias condiciones generales utilizadas por la compañía en sus contratos, declarándolas abusivas y, por tanto, nulas, y ordenando a Iberia que cesara en su uso.