El blog jurídico de Sepín

Con la plena aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas (SP/LEG/19835), parece que desaparecerán las típicas cláusulas, de general utilización, que solían incorporarse en los formularios en los que se recababan datos personales, y que tenía un tenor literal parecido al siguiente: “De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo titular es XXX, con la finalidad de XXX. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, dirigiéndose a XXX”.

Hoy, 9 de marzo de 2018, entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), incorporando al ordenamiento jurídico interno así, con casi dos años de demora, las Directivas Europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, ambas de 26 de febrero.

A estas alturas, a nadie se le escapa que es inminente (próximo 25 de mayo de 2018) la aplicación en España del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos (SP/LEG/19835).

Es posible que no haya que esperar mucho tiempo para que esta solicitud, imprevisible hasta la fecha, se convierta en una práctica habitual para todos nosotros.

No ha sido hasta hoy, cuando he acudido a primera hora a la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny de Madrid, a la capilla ardiente de mi querido compañero, y amigo, José Manuel Maza Martín, cuando he sentido dentro de mí que la realidad se imponía por momentos, diría yo que a pasos agigantados. Desde que el sábado a primera hora de la tarde supimos que las cosas pintaban mal para su salud, y trágicamente, para su vida; desde entonces, habíamos vivido como en una neblina. Fue una tarde trepidante, supimos primero del ingreso hospitalario, después del agravamiento de la infección, más tarde, de la complicación extrema de la situación, y, finalmente, del fallecimiento, de lo que nos enteramos pasadas las ocho de la tarde. Toda esta crónica le tocó narrarla a nuestro presidente, Manuel Marchena, quien, emocionado, nos daba cuenta de la cruda realidad de los acontecimientos. Pero, aun así, yo creía que vivíamos en un mal sueño, en una pesadilla, que se pasaría al despertarnos. No fue así, desgraciadamente. Pasaron los días, domingo y lunes, y ya no había nada que hacer; aun así, nos resistíamos a despertarnos. Pero hoy por la mañana, todo ha sido irremediable. Ante su féretro, cubierto por la bandera de España, había que aceptar la realidad. Y me he quedado a su lado, en un costado de la habitación, viendo cómo transcurrían los acontecimientos. Una interminable cola de personas, amigos y amigas, desfilaban ante ti. Incluso las más altas instituciones del país, con el Rey a la cabeza, llegaban para darte su último adiós.

La venta a pérdidas es definida en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (SP/LEG/2413), como la venta realizada “bajo coste, o bajo precio de adquisición”. Por su parte, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (SP/LEG/3696), nos ofrece una definición más desarrollada, calificando como tal aquellas en las que “cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición si este fuese inferior a aquel o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, incrementados, en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación”.

Durante gran parte de nuestro tiempo, todos tenemos la condición de consumidores y usuarios (aunque se compagine con nuestra faceta profesional en la que quizá podamos ser empresarios o comerciantes). Pues bien, estoy seguro de que, como consumidores, a muchos de vosotros os habrán surgido, en alguna ocasión, algunas de estas dudas jurídicas (o al menos curiosidades) que nos hemos planteado  cuando actuamos como clientes de establecimientos comerciales u hosteleros. después de autoformularme estas cuestiones, me permito compartir con vosotros las conclusiones que he logrado alcanzar tras el estudio de la normativa vigente.

De las consultas formuladas por clientes y compañeros, se intuye que es una práctica cada vez más habitual que las Comunidades de Vecinos acuerden en Junta que aquellos propietarios que tengan arrendadas sus viviendas o las vayan a alquilar en el futuro deban comunicar esta circunstancia tanto al Presidente de la Comunidad como al administrador, indicando los datos de identificación del arrendatario o arrendatarios.

Todavía no se ha cumplido el primer mes de este verano de 2017 y ya hemos sufrido lo que se suele denominar “ola de calor”; es más, en la segunda semana del mes de junio, cuando aún no había comenzado oficialmente la estación estival, la Agencia Estatal de Meteorología ya había realizado el primer Aviso Especial. Al tiempo de escribir estas líneas, la AEMET acaba de lanzar un segundo aviso especial por altas temperaturas.

En los últimos días ha sido noticia una resolución del TSJ de Madrid (Sentencia de 26 de mayo de 2017 –SP/SENT/905870–) que confirmaba la estimación del recurso interpuesto por una aspirante que había participado en un proceso selectivo que, paradójicamente, había sido convocado por el Servicio Madrileño de la Salud, y cuya finalidad era el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Diplomado Sanitario/Enfermera.