El blog jurídico de Sepín

El pasado 16 de abril de 2019 se ha aprobado una propuesta legislativa en el Parlamento Europeo para que se implementen los avances tecnológicos en el sector del automóvil, no solo para disminuir la siniestralidad entre vehículos sino también por el incremento de ciclistas y peatones en las carreteras europeas. Para ello, se requerirá que las innovaciones en equipamientos de seguridad sean obligatorias en todos los vehículos vendidos en el mercado europeo. Se pretende que esta medida sea una realidad en mayo de 2022 para los nuevos modelos y en dos años más tarde para los modelos existentes.

Tal y como establece el art. 49 LRSCySCVM la cuantía de la indemnización según los valores de las tablas se actualizará con el incremento del Índice de revaloración de las pensiones (IRP), sin necesidad de esperar a su publicación por la Dirección General de Seguros. En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, dicho índice se ha establecido mediante el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

A finales de enero de 2019 ya se debe adecuar la conducción a las nuevas velocidades establecidas por el RD 1514/2018, de 28 de diciembre, que ha modificado el Reglamento General de Circulación. La justificación para la adopción de dicha medida es la esperanza de reducir el número de fallecidos.

Según su exposición de motivos, la mayoría de las muertes se producen sobre todo por accidentes en carreteras convencionales, que son aquellas que no reúnen las características propias de las autopistas, autovías y vías para automóviles.

Ya comienzan a verse las nuevas matrículas azules en los taxis y coches de alquiler con conductor, y ello es porque hace unos meses, mediante una orden, se modificaron algunos de los anexos del Reglamento General de Vehículos. En este post, se analizan las novedades que trae dicha norma y que no solo afectan a estos vehículos.

Como ya comentamos en un post anterior, la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó unas pegatinas para la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten.

La Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (SP/LEG/3870), publicada en el BOE de 16 de junio, y curiosamente una de las tres primeras firmadas por el nuevo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, modifica también la Ley de Contrato de Seguro 50/1980 (SP/LEG/2685).

La “imputación objetiva” es un término muy utilizado en las resoluciones sobre acciones resarcitorias y es frecuentemente asociado a la objetivación de la responsabilidad, e, incluso, en algunas ocasiones, equiparado a la “responsabilidad objetiva”. Por ello, en el presente post se trata de aclarar su concepto y extensión. Así, hay que comenzar situando su uso inicial en el ámbito penal, para, luego, pasar a la vía civil y al ámbito de la responsabilidad extracontractual.

Antes del 1 de enero de 2018, los Estados miembros debían incorporar al derecho interno las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, publicada el día 11 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Unión Europea.