El blog jurídico de Sepín

La Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (SP/LEG/3870), publicada en el BOE de 16 de junio, y curiosamente una de las tres primeras firmadas por el nuevo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, modifica también la Ley de Contrato de Seguro 50/1980 (SP/LEG/2685).

La “imputación objetiva” es un término muy utilizado en las resoluciones sobre acciones resarcitorias y es frecuentemente asociado a la objetivación de la responsabilidad, e, incluso, en algunas ocasiones, equiparado a la “responsabilidad objetiva”. Por ello, en el presente post se trata de aclarar su concepto y extensión. Así, hay que comenzar situando su uso inicial en el ámbito penal, para, luego, pasar a la vía civil y al ámbito de la responsabilidad extracontractual.

Antes del 1 de enero de 2018, los Estados miembros debían incorporar al derecho interno las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, publicada el día 11 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Tras más de dos años de vigencia, la implementación del «nuevo» Baremo de Tráfico sigue siendo sumamente complicada para todos los sectores involucrados, incluida la Dirección General de Seguros (DGS), que, siendo el órgano encargado de dar publicidad a las correspondientes actualizaciones, nos hizo esperar hasta la resolución de fecha de 3 de octubre de 2017 para conocer las cuantías de las tablas para el año pasado. Aunque para el 2018 las ha actualizado en el mes de febrero.

La Comisión Europea ha dictado un Reglamento por el que se establece un formato de presentación normalizado para el documento de información sobre productos de seguro. Se desarrolla así el art. 20 de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, conocida con las siglas IDD (Insurance Distribution Directive), que establece un sistema similar al incorporado por la normativa MiFID en el sector bancario y que entra en vigor el 23 de febrero de 2018.

Para los que nos dedicamos al estudio y análisis de las novedades legislativas, se ha convertido en habitual prestar especial atención a las disposiciones adicionales o finales de cualquier norma, porque es probable que el legislador aproveche para establecer modificaciones, derogaciones, o añadidos a normas de especial importancia, de una manera un tanto encubierta.

Tratamos en un post anterior el tema de los accidentes en piscinas comunitarias, y la cuestión sobre el acceso de los menores a la piscina fue una de las más consultadas, por lo que, ante la próxima apertura de las mismas por la llegada del calor estival, se analiza dicha circunstancia.

Es una de la grandes dudas ante un siniestro total del vehículo, y, de hecho, es una de las cuestiones más solicitadas en las consultas que llegan a Sepín. Por ello, en estas breves líneas, intentaremos explicar su concepto y su sistema de cálculo. En posteriores posts, trataremos de esclarecer si es lo mismo que el valor de mercado -que, en mi opinión, no lo es-, el de afección, y sobre la opción de reparación o indemnización.

La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en un reciente Auto de 23 de febrero de 2017, clarifica una de las grandes incertidumbres desde que se produjo la despenalización de las faltas; esto es, qué circunstancias deben concurrir para que un accidente de tráfico derive a la vía penal y qué debe entenderse por imprudencia grave o menos grave.