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Director de Sepín Nuevas Tecnologías
El pasado sábado se publicó la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa.
En términos generales, las principales novedades que presenta esta Ley son las siguientes:
El pasado 28 de marzo de 2014 se publicó en el BOE la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y Otras Leyes Complementarias, que adapta el texto de 2007 a la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.
Entre las novedades más relevantes establecidas por esta Ley, cabe destacar las siguientes:
La Sección 28.ª de la AP de Madrid, en su Sentencia de 14 de enero de 2014, ha resuelto el recurso interpuesto por Telecinco ante la sentencia adoptada en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Madrid que desestimó su demanda dirigida contra Youtube, mediante la cual le reclamaba su responsabilidad a raíz de la difusión y utilización de vídeos sobre los que Telecinco ostenta derechos de propiedad intelectual.
La sentencia, que será objeto de recurso de casación, realiza tres afirmaciones:
Esta semana ha sido conocida la ya famosa sentencia de la AP de Barcelona que condena a R Cable a suspender de inmediato y de forma definitiva la prestación del servicio de acceso a Internet de un usuario que compartía más de 5.000 archivos de música a través de un programa P2P.
El resumen de los hechos enjuiciados es el siguiente: Promusicae y varias discográficas interpusieron demanda contra el proveedor de servicios de Internet R Cable por infracción de los derechos de autor de un usuario que usaba su servicio de conexión a Internet. Todo ello basándose en un informe pericial realizado por una empresa de investigación que constataba que el usuario de un programa P2P cuyo nick era “nito75” compartía con los demás usuarios los 5.000 archivos musicales que estaban almacenados en su ordenador.
En el post anterior hablábamos de la obligatoriedad de los abogados de registrar ficheros de protección de datos. Como continuación a dicho artículo, en esta ocasión nos hacemos eco de la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de octubre de 2013, SP/SENT/738486, donde se enjuicia la procedencia o no de que un letrado traslade al juez la existencia de cuentas bancarias de un testigo participante en un procedimiento judicial.
Los abogados, a la hora de ejercer nuestra profesión, tenemos el objetivo de resolver las controversias jurídicas que nos plantean nuestros clientes. Al desempeñar esta labor, manejamos sus datos personales, como son, a modo de ejemplo, su nombre, apellidos, DNI, dirección, etc.
El pasado viernes 20 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, remitiendo dicho texto a las Cortes Generales para comenzar los trámites legislativos correspondientes.
Huelga decir que el texto todavía no es definitivo y que en la tramitación parlamentaria es susceptible de ser modificado, así que hasta su futura publicación en el Boletín Oficial del Estado no se podrá realizar un análisis definitivo de esta reforma.
En esta última versión del texto modificador llama la atención la nueva redacción del art. 270, donde, en el párrafo segundo del apartado 1, se criminaliza la acción de facilitar “el acceso o la localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas ilícitamente en Internet, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.
Las esperadas vacaciones de verano se acercan, aunque ya haya afortunados disfrutando de ellas, y muchos de nosotros iremos a la playa para gozar de un merecido descanso.
En estas fechas es habitual ver en los medios digitales, redes sociales, televisión, prensa, etc. noticias relacionadas con las vacaciones en las que se pueden ver imágenes de las playas en las que salen personas anónimas. ¿Es posible su publicación sin consentimiento?
El derecho fundamental a la imagen está reconocido en el art. 18.1 de la Constitución española: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.”
Dependiendo del fin para el que se publique la foto y el medio en que dicha publicación se lleve a cabo, se estará realizando una intromisión ilegítima al derecho al honor de la persona que salga en la foto. Por tanto, es importante la labor del juez para ponderar la legitimidad de dicha imagen, puesto que dependerá del caso concreto.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Nilo Jââskinen ha emitido su informe de conclusiones sobre las cuestiones prejudiciales que la Audiencia Nacional planteó ante dicho órgano en el caso instado contra Google por un ciudadano español, el cual solicitó que al introducir su nombre y apellidos en la página no apareciesen los resultados relativos a una subasta de inmuebles que había sido resuelta 10 años antes y aparecía en una noticia periodística.
En los últimos meses la Sala 1.ª del TS ha tenido la ocasión de volver a pronunciarse sobre el conocimiento efectivo de los prestadores de servicios de que la información almacenada en su página web es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. En concreto, estos problemas suelen surgir cuando los usuarios hacen comentarios (en un post, en una noticia, etc.) que lesionan el derecho al honor, a la intimidad personal y la imagen de terceras personas.
Como es sabido, los arts. 16 y 17 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) excluyen la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos y de los que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda en el caso de que
