La impugnación de acuerdos en la Comunidad de Propietarios constituye el principal mecanismo de defensa de los comuneros cuando dichos acuerdos resultan contrarios a la Ley o a los Estatutos, lesionan intereses legítimos o generan un grave perjuicio para cualquier propietario, tal como dispone el  artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal (SP/LEG/1894). Por esta razón, ya he tratado en otras ocasiones este derecho de los propietarios, pero considero de especial interés aclarar en estas líneas un supuesto concreto de gran relevancia práctica.

Muchos operadores jurídicos consideran esta área del Derecho Administrativo sencilla, pero la realidad es bien distinta, es un disciplina delicada, donde se gestionan situaciones complejas, porque las consecuencias pueden ser muy gravosas y con gran incidencia en la vida personal y familiar del ciudadano extranjero.

Contexto del litigio principal

El asunto tiene su origen en un procedimiento concursal abierto en Polonia respecto de una persona física sin actividad empresarial (STJUE, Sala Cuarta, de 3 de julio de 2025. Recurso C-582/23). La mayoría de los créditos reconocidos provenían de un contrato de préstamo hipotecario suscrito por el deudor con el banco, indexado al franco suizo (CHF), una práctica cuestionada por su potencial carácter abusivo.

Aunque la lista de créditos fue aprobada sin oposición por el juez, el Tribunal del concurso plantea dudas sobre la validez del contrato subyacente, considerando que nunca se analizó judicialmente el posible carácter abusivo de algunas cláusulas. De hecho, la deuda reconocida podría ser inferior o incluso inexistente, si se confirmara esa abusividad.

El problema radica en que, según el Derecho procesal polaco, el Tribunal del concurso no puede revisar de oficio las cláusulas ya incluidas en una lista aprobada, ni adoptar medidas para adaptar la situación del consumidor a la espera de dicha revisión. Solo puede suspender el procedimiento y remitir el asunto al juez comisario.

Análisis del suicidio del trabajador desde la perspectiva del nexo causal existente en concreto entre el acto suicida y el trabajo prestado desde la  jurisprudencia.

 

¿Qué efectos jurídicos tiene la remisión incompleta del expediente por la Administración Tributaria? ¿Puede aportar o completar con posterioridad? ¿Goza la Administración de un derecho a una segunda oportunidad? ¿Genera indefensión al contribuyente?

Como ya hicimos anteriormente con las principales provincias, continuamos analizando las diferentes conclusiones a las que se ha llegado las distintas Juntas de Jueces, por orden de comunicación.

 

E l drama del alquiler de una vivienda residencial no cesa, se reduce el mercado ante la inexistencia de viviendas, y los precios van al alza. La realidad y los datos revelan otra situación muy distinta a los mensajes insistentes del gobierno sobre la reducción de los precios del alquiler, que señalaba al cierre del curso político en julio de este año, una bajada de hasta un 9 %, lo que, sin duda alguna, sería más que deseable para toda la sociedad, sin embargo, por mucho que nos pese, el arrendamiento de vivienda residencial solo ha ido a peor en los últimos años. Y es que las medidas introducidas en la Ley por el derecho a la vivienda 12/2023, de 24 de mayo, hace ya más de dos años, no han dejado las positivas consecuencias previstas.

 

1. Introducción

Estamos próximos a cumplir cinco meses desde la entrada en vigor de la cuestionada Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (en adelante LOMESPJ) (SP/LEG/44145) que, como todos sabemos, ha supuesto una importante Reforma Procesal civil, contenida en el Título II, Capítulo II, art. 22, afectando a 82 preceptos de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/2012).

Dicha reforma entró en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, tal y como determina la DF trigésimo octava. Esto es, el pasado día 3 de abril de 2025.

Introducción

En los procesos sobre división de la cosa común, sobre todo cuando se trata de bienes inmuebles, nos podemos encontrar de forma habitual con que, además de solicitar que se proceda a extinción del proindiviso existente sobre el bien, se solicite el reintegro de gastos relacionados sobre dicho bien (hipoteca, impuestos, obras, gastos de comunidad, etc), ya sea por la parte actora, acumulando, a la acción de división, la acción de reclamación de cantidad o por la parte demandada, solicitando ese reintegro mediante reconvención.

Por ese motivo, vamos a intentar aclarar en el presenta post, cuando es posi

El pasado 9 de abril la Sala 1ª del Tribunal Supremo dictó una esperada sentencia sobre la responsabilidad bancaria en casos de phishing.