Introducción

El pasado mes de diciembre, la violencia machista se cobró trece vidas, el mes más negro desde 2003, cuando se empezaron a contabilizan las víctimas por violencia de género. El día 8 de enero de 2023 se produjeron cuatro asesinatos más, todos en la misma jornada, por la misma causa.

Los números de víctimas

Conocemos ahora la noticia, gracias al Informe de víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja, que 2021 fue el año con la tasa más baja de feminicidios de la serie histórica, llegando a 2,37 por cada millón de mujeres.

Los números hablan, pero no los entendemos. En los últimos cinco años han muerto: 53 mujeres en 2018, 56 en 2019, 49 en 2020 (año de pandemia), 48 en 2021 y 49 en 2022. El peor año fue 2008 con 76 víctimas y en total son 1186 desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy.

Cada víctima es importante, cada una de ellas cuenta, incluso otras que también han sido asesinadas y no están en las estadísticas porque sus asesinos no eran parejas o exparejas y que se pueden consultar, caso por caso, en la web feminicidio.net. También han matado a niños y niñas, por violencia vicaria o porque estaban allí durante la agresión machista y han resultado víctimas de esta o, en otro caso, han quedado huérfanos. Otro drama por resolver.

Qué significado tiene, qué conclusiones sacamos, qué mejoras se pueden llevar a cabo en la protección a las víctimas de violencia de género.

Diferentes reacciones

Las reacciones después del trágico mes de diciembre no se han hecho esperar.

Se convocó un comité de crisis, reunido por primera vez y que fue impulsado por la Delegación de Gobierno contra la violencia de género y en el que había representación de los Ministerios de Igualdad, Justicia, Interior, la Fiscalía de Sala contra la violencia de género, las Comunidades Autónomas donde se han producido los últimos crímenes y las unidades de Violencia de dichas CCAA.

Además de esto y aunque el Ministerio de Igualdad declaró que dada la gravedad de los hechos no se pueden tomar decisiones en caliente, sí lanzó el mensaje de extremar la precaución, especialmente en días festivos y meses de verano en que se dispara el riesgo. Y recuerdan que hay que llamar al 016 ante cualquier indicio o situación de violencia. También se elaborará un informe, caso por caso, para saber dónde ha fallado el sistema y qué se puede mejorar.

Uno de los mayores problemas con que se encuentran es que la mitad de las víctimas habían presentado denuncias, lo que implica que las víctimas habían pedido protección y esta o no existió o fue insuficiente.

Se incide en la mejora del Sistema de Seguimiento Integral de la Violencia de Género (VioGén) y mejorar la coordinación judicial y policial.

El Ministerio de Interior, que considera que el repunte no responde a ningún patrón temporal, trabaja en una fórmula para alertar a mujeres que conviven con maltratadores reincidentes, para que les sea notificada esta situación sin vulnerar la protección de datos de ellos. También este Ministerio ordena intensificar las medidas de protección y que las valoraciones de riesgo primen las actuaciones más favorables para las mujeres y sus hijos.

Propuestas

La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado ha emitido un oficio dirigido a Fiscales delegados/as Provinciales y Fiscales de Enlace de las Áreas en el que pide a los Fiscales que lleven a cabo las siguientes actuaciones:

1. Intensificar la actuación proactiva en las guardias de violencia de género para proteger a las víctimas, solicitando medidas cautelares en lo posible y también las diligencias necesarias para determinar el riesgo con mayor exactitud, en concreto la valoración forense del riesgo.

2. En situaciones en que la valoración del riesgo policial sea “Extremo” “Alto” o “Medio de especial relevancia”, interesarán la instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad, salvo que proceda acordar prisión provisional. Se hará igualmente si se agrava el riesgo durante la tramitación. Y cuando proceda, cuidarán de que esta petición se lleve a cabo en el escrito de acusación provisional o al elevar las conclusiones a definitivas.

3. A efectos de valorar la posibilidad de extender la jurisdicción a los Juzgados de Violencia contra la Mujer (JVM), pide que se informen sobre las posibilidades, ventajas y desventajas de la comarcalización en las diferentes provincias y áreas.

El Ministerio de Justicia, a su vez, mediante reunión urgente del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recuerda las medidas que ya tomaron, como son la creación de siete JVM exclusivos, la creación de doce nuevas agrupaciones de partidos judiciales para que el conocimiento de asuntos recaiga en un juzgado exclusivo de JVM, también se está llevando a cabo un refuerzo de personal en la Administración de Justicia creando nuevas Unidades de Valoración Forense Integral, la próxima puesta en marcha de 26 unidades administrativas de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, o el sistema SIRAJ como herramienta de protección preventiva, que permite extraer los datos identificativos del condenado o sometido a la medida cautelar, así como los datos personales identificativos de la víctima o la relación de parentesco entre ellos.

En cuanto al propio Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en reunión de 23 de enero, ha elevado las siguientes propuestas:

- Especialización de los órganos judiciales: tanto la de los Juzgados de lo Penal como la ampliación de la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. También es importante modificar la ley para ampliar la competencia de los órganos especializados a delitos contra la libertad sexual.

- Unidades de valoración forense integral: impulsar la creación en todo el territorio nacional y la puesta en marcha de un protocolo de valoración forense urgente del riesgo en todos los partidos judiciales. Además, de esto, mejorar la atención a las mujeres víctimas a través del impulso para la creación de oficinas de atención y de la coordinación de actuaciones.

- Impulsar el uso de dispositivos electrónicos, mediante la propuesta tanto de Fiscalía como de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se implante en todas las situaciones de “especial relevancia”. También se valora la importancia de perfeccionar la valoración del riesgo de agresores “persistentes” y la propuesta del Ministerio del Interior para comunicar esta situación a la víctima sin vulnerar leyes de protección de datos. También se acuerda que la asistencia letrada a las víctimas sea obligatoria antes de interponer la denuncia y la presencia de procurador desde el inicio del procedimiento.

- Llamamiento a la sensibilización social, tanto en el entorno de las víctimas como las comunidades educativa y sanitaria, pues su colaboración es imprescindible para detectar la violencia de género cuanto antes.

- Necesidad de modificar la LOPJ a fin de devolver competencias al CGPJ para aprobar el reglamento y poder poner en marcha cursos y pruebas de especialización en violencia sobre la mujer. Cursos obligatorios no solo para los miembros de la carrera judicial sino para cualquier órgano judicial con competencias en esta materia.

- Completar el desarrollo del Pacto de Estado.

- Modificar el art. 468 CP a fin de poner como pena accesoria la de prohibición de acercamiento y comunicación.

- Adaptar la definición de violencia de género al Convenio de Estambul, para que sean consideradas todas las agresiones a mujeres por el hecho de ser mujeres.

También el Magistrado del Tribunal Supremo, ex Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, galardonado en 2019 con el XV Premio de Reconocimiento a la labor más destacada en la erradicación de la Violencia de Género, en entrevista concedida a Confilegal hace una evaluación muy clara e importante.

Entre las diferentes propuestas del magistrado resalto las legales, entre las que figura: la inclusión en la violencia de género de la violencia económica en el art. 1.3 de la LO 1/2004 y en la redacción del art. 227 CP y añadir como tal, también, la violencia vicaria; añadir a la alevosía la convivencial o doméstica, ya configurada por la jurisprudencia; que el delito de amenazas se entienda consumado aunque el mal amenazado no llegue a conocimiento de la víctima; permitir aumentar la pena en caso de delito continuado de quebrantamiento de medidas cautelares; reformar el art. 136.4 CP para adecuarlo a la protección a las víctimas, informando así mismo de datos de denuncias previas a la Fiscalía y solventar a este respecto los problemas con las Leyes Orgánicas de protección de datos; y perfilar los tipos de omisión del art. 450 CP.

Al respecto de la normativa, destaca el magistrado que la profusión, repetición y solapamiento de leyes es uno de nuestros males legislativos, y que hay que desterrar la práctica legal de incorporar multitud de normas al ordenamiento de forma descoordinada y confusa, lo que provoca dispersión e inaplicación.

Conclusiones

A pesar de que España cuenta una legislación muy avanzada para la lucha contra la violencia de género y que es uno de los países que empezaron antes a contar las muertes por esta causa (desde el año 2003), los avances legales y materiales no se terminan de ver en la práctica. El número de denuncias crece exponencialmente y, aunque eso puede deberse a que actualmente se denuncia mucho más, también dificulta la protección de todas las víctimas, incluso la valoración del riesgo, por la escasez de medios frente al problema al que nos enfrentamos.

No podemos alegrarnos de que todos los operadores relacionados con la violencia de género se hayan reunido para plantear propuestas y soluciones de cara a la protección de las víctimas, ya que se ha debido a un mes especialmente funesto. Hay una frase que escuché en un documental hace años y que siempre recuerdo frente a la lucha ante cualquier mal social: “Hay muchos éxitos invisibles. No sabemos cómo sería el mundo si esas personas no hubiesen luchado”; pues así es, no sabemos cuántas mujeres no han sido asesinadas gracias a la protección que otorga el sistema. Pero la lucha no es esa, sino, como apunta Julián Sánchez Melgar en la entrevista citada, “combatir la más lacerante de las desigualdades requiere sobre todo un abordaje cultural y educativo” y “la prevención es la asignatura pendiente y la que más recursos requiere”. Hace falta educar para que no sea necesario proteger ni sancionar.

Estudios sobre la responsabilidad civil ex delicto