El blog jurídico de Sepín

I. Introducción

El delito de insolvencia punible es uno de los delitos menos frecuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de un delito próximo a los negocios jurídicos fallidos, o a cuestiones civiles y mercantiles de difícil tratamiento. De hecho, la problemática habitual de la insolvencia punible, es la dificultad probatoria que hace necesario como diremos, acreditar extremos del seno interno de las empresas o personas físicas profesionales, en unión a un dolo específico.

Entre los requisitos para solicitar la nacionalidad española está el de acreditar buena conducta cívica a través de los informes de antecedentes penales y policiales, entre otros, a tenor del art. 8 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre -SP/LEG/18705- y del art 7 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre.- SP/LEG/20650-.

Aunque la pregunta puede parecer algo extravagante, está inspirada en la reciente sentencia del Tribunal Supremo 217/2023, de 13 de febrero (SP/SENT/1172594), que considera una vulneración de los derechos fundamentales las actuaciones de la Comunidad de propietarios que declaró como indispensable la práctica nudista para el acceso a los elementos comunes de la finca, sin justificación en los estatutos.

Se ha publicado en el BOE del día 1 de marzo de 2023, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

El objeto de este artículo no es entrar en las polémicas o debates que se han podido originar desde desde el comienzo de su tramitación hasta su publicación, sino en realizar un primer análisis de la finalidad de la Ley así como de las cuestiones más relevantes reguladas en su articulado, principalmente en lo relativo a las medidas de protección en el ámbito de la salud, a la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, así como un breve apunte de sus modificaciones en materia civil.

1.- STS, Pleno, 257/2023 de 15 de febrero

No es usurario un préstamo entre particulares con hipoteca de segundo rango y 15% TAE: el tipo medio comparativo no puede ser el de los préstamos de entidades de crédito

¿QUÉ SE HA MODIFICADO?

En virtud de la Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, (SP/LEG/39307) se modifica la anterior de 17 de febrero de 2020 y se dictan nuevas instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal con el fin de adaptarla e incluir las últimas modificaciones del Código Civil.

Con esta Resolución se han incluido, en materia de empadronamiento, dos modificaciones importantes:

¿Vas a estrenarte como abogado especialista en accidentes de tráfico? ¿Llevas un tiempo ejerciendo en la profesión pero todavía no sabes con certeza cuánto deberías cobrar a tus clientes? Tener claros los honorarios a cobrar a tus clientes se trata de algo fundamental para poder mantenerte activo dentro del sector. Es por ello que, en esta entrada, vamos a darte cifras aproximadas así como los diferentes factores a tener en cuenta a la hora de estipular el costo de tus servicios de asesoría legal.

La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“AUTOCONTROL”), es una organismo de autorregulación y supervisión de la industria publicitaria en España sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es velar por una publicidad responsable, lo que viene a decir, veraz, legal, honesta y leal.

Hoy nos hacemos eco de las recientes Conclusiones de la Abogada General del TJUE, Sra. Laila Medina, presentadas el pasado 9 de febrero de 2023, sobre si el fallecimiento repentino de un copiloto poco antes de la salida programada de un vuelo puede constituir una circunstancia extraordinaria, al amparo del Reglamento (CE) n.º 261/2004. 

La sentencia n.º 5/2023 de 9-1-2023 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 Granada -de marcas, patentes y protección jurídica del diseño industrial-, resuelve un incidente concursal de oposición de la AEAT a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) a un deudor. Para ello como veremos a continuación se fundamenta en el art 178 bis de la Ley Concursal 22/2003 (SP/LEG/7986).