El blog jurídico de Sepín

El Tribunal Supremo viene aplicando con sumo cuidado y delicadeza los principios de la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las últimas resoluciones dictadas en materia de incapacitación. En ellas expone de manera pedagógica aspectos esenciales que debemos tener en cuenta, al tiempo que corrige los excesos jurídicos que no pueden ser admitidos dentro del nuevo marco legal que establece la citada Convención.

Se trata de una de las “promesas incumplidas” por la reforma de la LAU 29/1994. Después de dos años seguimos sin Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.

El 4 de junio se cumplieron dos años de la aprobación de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos por Ley 4/2013, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que entró en vigor el 6 de junio de 2013. Una de las novedades que aportaba en su artículo tercero era la creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler cuya organización y funcionamiento se debía regular por Real Decreto, quedando toda la información sujeta a la Ley de Protección de Datos.

Este final de legislatura está siendo un desenfreno en lo que a la actividad legislativa se refiere. No hay que quitarle el ojo ni un solo día al Boletín Oficial del Estado para que a uno no se le escape cualquier reforma que pueda afectar en su quehacer cotidiano, y no hablo solo de profesionales del Derecho. Los Consejos de Ministros de los viernes igualmente se han convertido en una plataforma de sorpresas que tampoco conviene perder de vista para saber lo que en breve se nos va a venir encima.

Y parece que esa actividad legislativa no va a detenerse ni en verano. El Gobierno se ha dado cuenta de que a pesar de la incesante catarata de normas que se vienen aprobando y publicando en los últimos meses, no va a llegar a tiempo al final de su mandato para haber conseguido sacar adelante la totalidad de los anteproyectos y proyectos normativos

Gema Murciano Álvarez

Documentación Jurídica de Sepín. Mediadora familiar. Abogado

La obtención de una autorización de residencia de larga duración requiere dos requisitos principales:

• una residencia legal
• una residencia continuada durante cinco años

El art. 148 RD 577/2011 (REAL DECRETO 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. SP/LEG/7493) en su apartado segundo además señala que la continuidad de la residencia no quedará afectada por ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de diez meses dentro de los cinco años.

Este mismo artículo, contempla tres excepciones, según estemos en

La respuesta, en atención a la reciente resolución del TEAC de 28 de mayo del 2015 (SP/SENT/812948) es afirmativa, pero con los matices y en circunstancias que se expondrán a continuación.

El supuesto es el siguiente:

Un consumidor reclama contra una conocida distribuidora de televisión digital por facturación indebida, un segundo lo hace con una reclamación derivada de telefonía móvil o fija, un tercero por un billete de avión o por la anticipación de la hora de vuelo de un billete comprado por Internet, un cuarto por el contrato del gas, un quinto reclama el importe de una participación para el sorteo de lotería de Navidad con la que la compañía obsequiaba a los clientes en su página web, un sexto reclama por las deficiencias de una tablet comprada por Internet, un séptimo reclama por servicios de correo electrónico, el octavo lo hace por un electrodoméstico y así podría seguir con múltiples supuestos hasta infinito…

Después de casi una semana esperando a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, anunciada a bombo y platillo, que “fija los criterios para aceptar como pruebas los mensajes en redes sociales”, por fin, el pasado jueves, el CGPJ la hizo pública. Creo que el tema de la publicidad tardía por parte del Poder Judicial de las resoluciones a las que da noticia en su propia web y no adjunta da para un post entero. Desde aquí lanzo el guante a mis compañeros y a los lectores de este blog para que den su opinión al respecto.

Son la última moda, las máquinas que en un futuro no muy lejano sustituirán a los mensajeros, vigilarán los montes para la prevención de incendios y que podrán usarse para otras múltiples funciones, como, por ejemplo, se me ocurre,  la vigilancia de carreteras y de aparcamientos en las ciudades.¡¡Los drones!!.

Pero, ¿no existen ya aeronaves tripuladas por aerocontrol? ¿Puede considerarse su uso como aeromodelismo? ¿Deben regularse como tales? Pues sí, pero no; la diferencia va a venir por

odos los que nos dedicamos al mundo del derecho sabemos de sobra que sobre cualquier asunto siempre pueden existir distintas posturas e interpretaciones de la legislación a aplicar, dada la ambigüedad de muchas de las normas, así como el gran número de ellas, de ahí que surja la necesidad de acudir a un tribunal para que determine cual es la norma correcta que se debe aplicar y cual debe ser su interpretación.

Pero hay ocasiones, en las que nuestros tribunales dictan sentencias que no llegan a entenderse y contradicen toda la interpretación consolidada que se ha realizado, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, de una situación.

En este caso, la sentencia es de la Audiencia Provincial de Badajoz de 6-3-2015, y el tema a resolver versa sobre el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción para la reclamación por la existencia de defectos constructivos en una vivienda en base a un incumplimiento del contrato de obra.

El pasado 20 de mayo se publicaron en el Diari Oficial de Catalunya dos importantes Leyes. La Ley 6/2015, de Armonización del Código Civil, cuyos cambios analizamos a lo largo de este post, y la Ley 5/2015, que introduce modificaciones en el Capítulo III del Libro Quinto, referido al Régimen Jurídico de la Propiedad Horizontal.

Con la finalidad de armonizar el conjunto del Código Civil de Cataluña, la Ley 6/2015, de 13 de mayo de Armonización del Código Civil de Cataluña (SP/LEG/17694) pretende, según se indica en su propio Preámbulo, enmendar errores u omisiones, y evitar la producción de efectos indeseados por causa de la ambigüedad de la redacción de algunos preceptos.

La reforma, que entrará en vigor el 9 de junio, a los 20 días de su publicación, introduce cambios en los Libros Segundo (persona y familia) y Cuarto (sucesiones) que ya han sido objeto de análisis, ocupándonos en este espacio de los que afectan a la Primera ley del Código civil de Cataluña (SP/LEG/2483) como al Libro Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales (SP/LEG/3159). Además, en el Preámbulo se indica que han iniciado los trabajos del Libro Sexto, relativo a las obligaciones y los contratos, que debe incluir la regulación de los contratos especiales, así como la contratación que afecta a los consumidores.