-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
Esta cuestión se desarrolla y se trata en una interesante sentencia de la SAP Orense,14-03-2024 (SP/SENT/1225102), de la que se recogen en este post los aspectos más relevantes, pues explica de manera práctica y sencilla conceptos tales como, la póliza estimada y el interés asegurado, así como su relación con la suma asegurada para reconocer un infra o sobreseguro.
El día 12 de julio se celebra el día de la asistencia jurídica gratuita y sirvan estas líneas para repasar algunas cuestiones claves que pueden igualmente consultarse en la multiplicidad de portales oficiales sobre la materia.
El viernes, 12 de julio, se celebra el día de la asistencia jurídica gratuita.
Estamos sin duda ante una de las grandes conquistas del Estado de derecho que alcanza relevancia constitucional al estar contemplada en el artículo 119 de la Constitución Española de 1978 que dispone “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
Sin el mismo ese derecho sería imposible garantizar una mínima igualdad de los ciudadanos ante La Ley y muchos de ellos se quedarían absolutamente indefensos en la defensa de sus intereses derechos.
Dicho derecho ha sido desarrollado por la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, así como por los distintos reglamentos dictados en su desarrollo.
Quizás no seamos conscientes de la importancia que el reconocimiento de este derecho y la valiosa labor de nuestros compañeros del turno de oficio supone para todos pero debemos volver a recordar hoy las palabras de OSSORIO en «La defensa de los pobres»:
"Constituye la defensa de los pobres una función de asistencia pública como el cuidado de los enfermos menesterosos. El estado no puede abandonar a quien necesitado de pedir justicia carece de los elementos pecuniareos indispensables para sufragar los gastos del litigio.
El artículo 48 del Código Penal (SP/LEG/2486) recoge reglas claras y detalladas sobre las prohibiciones impuestas a los condenados por ciertos delitos, especialmente aquellos relacionados con la violencia de género. Estas prohibiciones son herramientas fundamentales para proteger a las víctimas y asegurar que los condenados no puedan continuar ejerciendo control o influyendo negativamente sobre ellas. En el contexto de la violencia de género, estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, y su correcta aplicación y cumplimiento son esenciales para el funcionamiento del sistema de justicia.
I.- Antecedentes
La razón última de que exista este procedimiento radica en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2015 (asunto C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner -SP/SENT/826052-) que se dictó como consecuencia de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Irlandés en el contexto que a continuación se expone.
El Gobierno de Canarias está tramitando el Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas. A fecha actual (junio 2024) ha finalizado el trámite de información pública del texto, previéndose en los próximos meses que el anteproyecto de ley se eleve al Consejo de Gobierno para su toma en consideración como proyecto de ley a fin de solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Posteriormente se remitirá al Parlamento de Canarias para la elaboración de la iniciativa legislativa, según lo previsto en el art. 71 Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias.
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala I) 705/2015, de 23 de diciembre, fue un hito en la regulación de los gastos por préstamo hipotecario. En esta resolución, el Tribunal Supremo declaró la abusividad de las cláusulas que imponían al consumidor la totalidad de los gastos derivados de la formalización de un préstamo hipotecario. Esta decisión se basó en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que protege a los consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas.
El nuevo seguro obligatorio de responsabilidad civil para “vehículos personales ligeros” ha sido introducido mediante una disposición adicional en la norma (pendiente de aprobación por el Congreso a la fecha de este post) que supone la modificación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (en adelante LRCSCVM, SP/LEG/2821) de la que ya hemos ido adelantando sus principales novedades durante su tramitación parlamentaria, entre las que, en principio, no se incluía este nuevo seguro, y que por ello se ha introducido mediante disposición adicional. Su entrada en vigor será el 2 de enero de 2026, salvo que la norma reglamentaria del Gobierno que la desarrolle entre en vigor antes.
El Pleno del Ayuntamiento de València, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2024, ha acordado suspender la tramitación y el otorgamiento de licencias de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7.5. de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación urbana, comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento temporal, se realizan en establecimientos, sujetos a la legislación específica, tales como: a) Hoteles, hostales, pensiones, y apartamentos en régimen de explotación hotelera (Tho.1).
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