El blog jurídico de Sepín

Introducción

El desarrollo del presente ensayo requiere comenzar tratando de dar respuesta a una pregunta que ha sido objeto de discusión por gran parte de la doctrina. Sin embargo, la indeterminación propia de la respuesta constituye uno de los condicionantes más evidentes de la diaria lucha policial y judicial contra la violencia de género. Precisamente, es la necesidad de definir ese concepto, violencia de género, la que guía en última instancia las reflexiones que trataré de plasmar en las páginas siguientes.

De la propia definición de esta, Comunidad; conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses, hace que resulte preceptivo el consenso de sus componentes para cualquier acuerdo tendente a su regulación, además, en la Ley de Propiedad Horizontal, se determinan los quorum para la correcta adopción de los acuerdos.

Así, a estos efectos, habrá de estarse a lo dispuesto en los artículos 17 y 10.3.b) de la LPH, dónde se establecen las reglas a las que se han de someter estas decisiones comunitarias; un tercio, tres quintas partes, unanimidad o mayorías, estos son los porcentajes fijados por la Ley para cada supuesto, teniendo en cuenta que, en todos ellos, es necesario computar la doble mayoría, esto es, tanto de cuotas como de propietarios y que en algunos de estos casos, se ha contar no solo el voto de los propietarios presentes en la Junta sino también de los ausentes (SP/DOCT/108116), como señala la regla 8 del artículo 17.

El enriquecimiento injusto, en relación con los seguros, se recoge en el art. 26 de la Ley 50/1980 (SP/LEG/2685) de contrato de seguro, en el que se dice que este no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado.

Pero la cuestión es que normativamente no se define que se entiende por tal, y esto es fundamental, porque no es solo de aplicación en los seguros, sino que cabe su uso general, fuera de los contratos de seguro. Eso sí, de manera subsidiaria, en el sentido de que cuando la ley conceda acciones específicas no será válida su utilización (SAP Madrid, 1-7-2022, SP/SENT/1158638).

El pasado 23 y 24 de noviembre se celebró en Barcelona el V Congreso de Derecho de Consumo, organizado conjuntamente por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDC) al que tuve el privilegio de poder asistir.

¿Cabe imputar algún defecto en la forma de liquidar por Hacienda de manera precipitada y prematura en el último día para presentar alegaciones?

Nuevamente traemos al blog una interesante sentencia del Tribunal Supremo sobre los efectos que produce una liquidación tributaria efectuada en el último día del plazo de alegaciones, cuando estas sí han sido presentadas en este último día a través de correo postal por la entidad contribuyente. Resolvemos, vulnera el principio de buena administración y el derecho a un proceso debido por lo que, en consecuencia, la liquidación es nula de pleno derecho, conforme criterio establecido en la sentencia del 12 de septiembre del 2023, en el recurso de casación 3720/2019.

En 2016 la mayoría de los electores británicos y nacionales de Irlanda del Norte optaron por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En consecuencia, el Reino Unido inició el trámite previsto para no figurar más como Estado Miembro de la Unión, notificando al Consejo Europeo su intención de retirarse de la UE, lo que culminó en 2020 con el Acuerdo sobre el BREXIT (Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica- SP/LEG/27600-) firmado por los representantes tanto de la Unión Europea, como del Reino Unido y su aprobación mediante la decisión de 30 de enero de 2020 (Decisión (UE) 2020/135, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ).

Los arts. 179 y 188 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/2012) regulan la suspensión del proceso y de las vistas, respectivamente. Recientemente fueron modificados por el Real decreto ley 5/2023 de 28 de junio (SP/LEG/40580), que entró en vigor el pasado 29 de junio, pero que no fue hasta el 29 de julio cuando entró en vigor la reforma procesal.

En Sepín cada día prestamos atención a las últimas noticias sobre violencia de género en España y Europa, analizamos las leyes dictadas, las estadísticas y memorias del Observatorio contra la Violencia de Género, Fiscalía contra la Violencia de Género y Consejo General del Poder Judicial. Leemos y analizamos las sentencias que se dictan en la materia, estamos pendientes de los últimos pronunciamientos del Pleno del Tribunal Supremo y de las ruedas de prensa de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de género.

Introducción

El F.C. Barcelona, una entidad de renombre mundial en el ámbito del deporte y la cultura, se encuentra en una encrucijada judicial a raíz de las serias acusaciones que pesan sobre él en relación con posibles delitos de cohecho y corrupción deportiva por sus contratos con don JM.E.N.  En este contexto, es imperativo analizar detenidamente las posibles sanciones que podrían recaer sobre la entidad, considerando la gravedad de los delitos imputados, pero respetando, a la hora de valorar las consecuencias del delito, su enorme importancia y trascendencia en los ámbitos social, cultural, económico y deportivo.

La Sala IV ha señalado que por regla general debe reconocerse a los finiquitos, como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponden en función del alcance de la declaración de voluntad que incorporan [STS 11-11-03, rec 3842/02 (SP/SENT/277666), 28-02-00, rec. 4977/98 (SP/SENT/270295); 24-06-98, rec. 3464/97 (SP/SENT/268837) y 30-09-92, rec. 516/92].