Nueva prórroga de la suspensión del lanzamiento de “okupas”, más allá de la finalización del estado de alarma

Roberto Guimerá Ferrer-Sama

Director de Sepín Penal. Abogado

 

Suspensión del lanzamiento de “okupas”

A principios de este año ya dimos cuenta en estas páginas de la suspensión de los lanzamientos de los “okupas” (SP/DOCT/109062), ordenada por la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (SP/LEG/32398).

Recordemos que la referida Disposición venía a reformar el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (SP/LEG/29028), que en sus arts. 1 y 1 bis concedían a los jueces, hasta que se decretara la finalización del estado de alarma, la facultad de acordar la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamiento arrendaticios en dos casos concretos referidos a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. Pero se establecían excepciones a esta facultad: no procedía acordar esa suspensión, en ningún caso, en varios supuestos, entre ellos, en aquellos en que la entrada o permanencia del sujeto y/o su familia en el inmueble “sea consecuencia de delito”. Por lo tanto, no podía suspenderse el lanzamiento, por ejemplo, en los supuestos de ocupación del inmueble, tanto si la misma se hubiera efectuado con violencia o intimidación (art. 245.1 CP), como sin ellas, de forma “pacífica” (art. 245.2 CP).

El Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre (SP/LEG/32036), también fijó límites respecto al inmueble okupado, al añadir un artículo 1 bis a aquel Real Decreto-Ley 11/2020, que en su apartado 2 dice que “Será necesario para poder suspender el lanzamiento conforme al apartado anterior, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas”.

El posterior Real Decreto-Ley 1/2021 vino a matizar aquellas excepciones y a incluir dentro de los supuestos en que el Juez no podía acordar el lanzamiento, aquel en el que la ocupación se hubiera producido de forma “pacífica”.

Por lo tanto, es esta última norma la que vino a iniciar la protección de los llamados “okupas” —cuando concurran los requisitos apuntados— que no podían ser lanzados por una orden judicial durante su periodo de vigencia, fijado expresamente por aquella “desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley —21 de enero de 2021— y hasta la finalización del estado de alarma”, norma que a su vez recalca que:

Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso en cuanto finalice el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre”.

Finalización del estado de alarma y prórrogas

Pues bien, el estado de alarma concluyó a las 00:00 horas del pasado 9 de mayo de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre (SP/LEG/31411). Conforme a los preceptos mencionados más arriba, esta fecha debería haber constituido la finalización de aquella facultad “extraordinaria y temporal” concedida a los jueces de suspender aquellos concretos lanzamientos de los “okupas” y devolver la respiración a los legítimos propietarios de los inmuebles “okupados”. No obstante, lejos de ello nuestro legislador ha seguido manteniendo ese llamado “escudo social” a través de sucesivas prórrogas de aquel Real Decreto-Ley 1/2021:

Extensión más allá de la finalización del estado de alarma

Todo esto supone que una medida coyuntural que se adoptó desde el 21 de enero de 2021 “con carácter extraordinario y temporal”, y que literalmente dejaría de surtir efecto, “en todo caso”, cuando finalizara el estado de alarma, a día de hoy ya ha incumplido abiertamente esa prescripción legal, extendiendo su vigencia en el tiempo hasta transcurridos casi diez meses desde que finalizó aquel estado de alarma (9 de mayo de 2021-28 de febrero de 2022), sin perjuicio de la ulterior prórroga o prórrogas que a partir de febrero de 2022 se pudieran decretar, pues los partidos políticos que conforman actualmente la coalición de Gobierno se han comprometido a seguirlas manteniendo “hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente”, lo que parece sugerir que tendrá lugar cuando entre en vigor la futura Ley de Vivienda, que actualmente está iniciando su tramitación parlamentaria, que se prevé larga.

Situación que también afecta a los contratos de alquiler (ver en nuestro blog el artículo de Begoña Costas de Vicente, Prórroga de las medidas de alquiler de vivienda COVID 19 hasta el 28 de febrero de 2022 .

La balanza de la lucha entre el derecho a la propiedad privada frente al derecho a la vivienda el legislador la inclina en favor de este último, cuando es el propio Estado el que tendría que ponerse a solucionar ese problema de vivienda, pero nunca a costa del propietario particular (aunque sea titular de más de diez inmuebles), como aquí está sucediendo. La futura Ley de Vivienda que se nos anuncia con fuegos artificiales, de salir adelante, no parece que vaya a poner fin a aquella confrontación entre ambos derechos. Veremos. En todo caso, y mientras tanto, el “okupa” seguirá siendo visto con buenos ojos por ciertos sectores.

Guía práctica de Arrendamientos de vivienda y de locales de negocio y COVID-19. 6.ª ED. Adaptada a los RDL 35/2020, 37/2020,1/2021, 2/2021, 8/2021, 16/2021 y 21/2021. Normativa, Doctrina, Consultas, Jurisprudencia y Formularios

 

7 comentarios en “Nueva prórroga de la suspensión del lanzamiento de “okupas”, más allá de la finalización del estado de alarma

  1. Francamente, me parece muy mal, y hasta inconstitucional. Porque se ha incumplido, por meras cuestiones políticas o ideológicas, no en defensa del interés común, lo establecido para «circunstancias excepcionales» dentro de un mal llamado Estado de Alarma, cuando según el TC debería haber sido un Estado de Excepción.
    Aparte de como bien se dice en el artículo, leído con anterioridad, ya no se dan las circunstancias excepcionales que justifiquen, para mí ahora, este evidente abuso, sin paliativos, del Gobierno respecto de quienes (con su esfuerzo) se han conseguido una vivienda habitual, así como las demás propiedades que puedan tener.
    Es el Estado, a través de las CC. AA., quien tiene que construir viviendas de tipo social o de Promoción Públicas, con dinero procedente de todos los contribuyentes, incluidos a quienes ahora se les arrebata, por el Estado, «pacíficamente», sus legítimas propiedades. Quienes se ven agravados dos veces, por la «sin razón» de este Gobierno Central que tenemos.
    Por un lado, respecto a que se les impide vivir o tener un libre acceso a su vivienda o viviendas, con el evidente perjuicio económico que les produce la llamada Okupación.
    Y, por otro lado, porque (con el pago de sus impuestos y cotizaciones sociales, con su correspondiente subida: IRPF, Sociedades, IVA, etc..) ya están aportando para que se destine, o se construya, un parque de viviendas, en las zonas más castigadas por la Okupación, en beneficio de los «realmente más necesitados». Y no de las mafias, que las hay, que intentan, y lo hacen, sacar beneficio del sufrimiento, de los verdaderamente necesitados.
    En definitiva, y para no extenderme demasiado más allá de lo anteriormente apuntado, el Estado Central lleva a cabo una evidente dejadez de funciones, de cara a garantizar el derecho constitucional de que todos, sin excepción, tengamos derecho a una vivienda digna. Sin, por ello, hacer sufrir a los legítimos propietarios de las viviendas okupadas, a nivel de su salud física y psíquica, como financiera.

  2. Con medidas así desde luego nuestro Gobierno no incita al desarrollo de nuestra economía ni defiende el derecho de los trabajadores que con mucho esfuerzo han podido adquirir una segunda vivienda para asegurar su jubilación, cuando que aquel tampoco la está asegurando. Deberían pararse a pensar que nuestra Sociedad necesita que se fomente la creación de puestos de trabajo, la iniciativa privada, la formación de los jóvenes y que la figura «okupa» no comparte ninguno de estos valores. Esperemos que estas normas que aprueban las citadas prórrogas lleguen a nuestro Tribunal Constitucional y sea éste quien decida sobre la legalidad constitucional de las mismas.

  3. Felicidades por este artículo. Visto así parece ser que están protegidos todos los okupas, sin embargo la Ley establece que no cabe suspender el lanzamiento de los okupas cuando el dueño de la vivienda dispone de menos de 10 viviendas, ¿Esto sigue vigente o tambien desaparece hasta el 28 de febrero de 2022 y quedan desprotegidos todos los propietarios de viviendas?
    No me queda claro y según este artículo nada se dice sobre esto
    Por cierto, existen pisos vacíos propiedad de políticos sin ocupación, ¿casualidad?
    Gracias

  4. Y en todo esto me pregunto ¿los colegios de administradores de Fincas han protestado? ¿se les ha dado voz en algún momento? Porque si mala es la situación respecto a los/as propietarios/as, de rebote la situación a la que abocan los «okupas» a las Comunidades de Propietarios es terrible. Entornos e inmuebles degradados, enganches de la luz, mala convivencia, trapicheos, impagos a la comunidad de propietarios…. porque precisamente no entran como «okupas» lo mejor de cada casa, sino todo lo contrario. En este tema no solo se menoscaba el derecho a la propiedad del propietario en cuestión, sino del resto de copropietarios del inmueble donde los okupas caen en suerte, comunidad que, encima, no puede hacer nada, mas que ver, oír y callar no vaya a ser que encima amenacen al trabajador de la finca o a otros vecinos. En fin, una situación deplorable, en la que las nefastas consecuencias las han repartido entre un sinfín de perjudicados, mientras que el Estado, sin gastar un duro, queda encima divinamente.

    • Hola Pilar, si yo le contara … me compré mi vivienda en 2013 después de muchos años de esfuerzo, sola y con toda la ilusión que es conseguirlo, …ese mismo año, de 16 viviendas de la finca,…7 se ocuparon…y así han transcurrido casi 8 años, entrando y saliendo ocupas, con todos efectos colaterales materiales negativos que supone … destrozos y deterioro de la finca porque cada vez que se arregla algo …dura ese día….y ya no le cuento los efectos psicológicos que nos ha supuesto al resto de copropietarios que vivimos, actualmente 3 (un sin vivir que no se lo deseo ni al peor de mis enemigos)….el resto , 5 han decidido alquilar y el resto fondos de inversión y banco (no les afecta para nada)

      Me siento tan frustrada, impotente y agotada …

      Tan difícil es respetar ….y convivir en armonía, da igual en que lado estés.

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