El blog jurídico de Sepín

Introducción

La Secretaría de estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha aprobado la Instrucción 5/2023 por la que se aprueba el “I Plan Estratégico de prevención de las violencias sexuales 2023-2027” (SP/LEG/40616). En dicha instrucción, además de aprobar este Plan, se crea la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (ONVIOSEX) y a la vez se imparten instrucciones para su coordinación y funcionamiento y se desarrolla e implementa el Sistema de Registro, Seguimiento y Prevención de los delitos sexuales (VioSex).

El auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 (Tribunal de Instancia mercantil) de Málaga, de 15 de febrero de 2023 (pieza separada, BEPI n.º 852/20. Concurso Consecutivo n.º 2/18) que desgraciadamente no se encuentra publicado por el cendoj, desarrolla claramente el caso de un concurso voluntario de persona física, declarado fortuito, en el que se terminaron las operaciones de liquidación y en que el deudor solicitó exoneración directa y definitiva de todo el pasivo insatisfecho, alegando cumplir los requisitos del TRLC. Vamos a verlo.

La AC informó favorablemente sobre su concesión manifestando que se cumplían los presupuestos para la exoneración directa al haberse intentado un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) y que no existían créditos contra la masa ni privilegiados pendientes de pago; solo ordinarios y subordinados.

CAJAMAR CAJA RURAL (Cajamar) se opuso al considerar que no se acredita el cumplimiento de los mencionados requisitos que permiten acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

Nos encontramos en época estival y, al igual que los residentes de los núcleos urbanos se plantean pasar sus vacaciones en la costa, los habitantes de la costa se plantean “huir” de la masificación alquilando la que es su vivienda en la costa durante la temporada de verano y trasladando su residencia a cualquier otro inmueble, de tal forma que se consiguen dos objetivos, descansar y obtener unos rendimientos de la vivienda en la playa. Si es tu caso, ten en consideración que pondrás en riesgo la aplicación de ciertos beneficios fiscales vinculados a la adquisición de vivienda.

Consentimiento

Desde el 29 de junio de 2023 con la entrada en vigor del artículo 66.1b) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, (SP/LEG/37794) solo se pueden realizar llamadas comerciales a los usuarios de los que se tenga el consentimiento previo para recibirlas o cuando se pueda justificar un interés legitimo del Call Center, de conformidad con el artículo 6.1, f) del RGPD (SP/LEG/19835).

El BOE n.º 154, de 29 de junio de 2023 publicaba el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio -SP/LEG/40580- y (cuya rúbrica omitiré aquí dada su extensión y mezcolanza de su temática). Real Decreto-Ley que al menos en parte (y esto es una opinión muy personal) es de dudosa legitimidad si tenemos en cuenta que la Constitución Española restringe esta potestad normativa del Gobierno a los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Desgraciadamente, ya estamos acostumbrados a un uso abusivo del Real Decreto-ley por todos los Gobiernos, con independencia de su signo político, algo que muchos venimos denunciando desde varios años; a modo de ejemplo, en el Blog de Sepín ya publiqué hace ahora 11 años el post “Decreto-ley: ¿necesidad o abuso?"

¿Qué sucede cuando uno de los progenitores decide trasladarse a vivir a otra localidad o mudarse de país, cambiando también el lugar de residencia habitual de los hijos menores? ¿Qué aspectos esenciales debemos de tener en cuenta? 

Entre las medidas que se recogen en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se encuentran las establecidas en el artículo 31, en cuanto a la información mínima que puede ser exigida por el interesado en adquirir o arrendar una vivienda y que quedan determinadas de la siguiente forma:

 « Artículo 31. Información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda

1. Sin perjuicio de los principios y requerimientos contenidos en la normativa autonómica de aplicación y con carácter mínimo, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad a cuenta, la siguiente información, en formato accesible y en soporte duradero, acerca de las condiciones de la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio en el que se encuentra:

(Trabajo realizado en el seno del proyecto de investigación “La condena de los excluidos. Fronteras institucionales de los Derechos Humanos. (PID2021-122498NB-I00). Ministerio de Ciencia e innovación. Gobierno de España.)

I.    INTRODUCCIÓN. 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio del 2023[1] tiene un alcance que va mucho más allá de lo allí resuelto. Al declarar nulo el artículo 162-2º-e) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en adelante RLOEX, impide que pueda extinguirse una autorización de residencia temporal por ausencias del territorio nacional superiores a 180 días al año.

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, con entrada en vigor el 26 de mayo de 2023, establece numerosas medidas respecto al arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los artículos 30 y 31, en varias Disposiciones Adicionales y Transitorias, y en sus Disposiciones Finales con una serie de limitaciones respecto a la duración y prórrogas del contrato, la fijación de la renta y su actualización, incentivos fiscales e importantes modificaciones de los juicios de desahucio, cuestiones que han sido objeto de comentario en el artículo “Los arrendamientos de vivienda tras la Ley por el Derecho a la Vivienda“ por Alberto Torres López, Director Jurídico de Sepín, y en otro estudio de la Editorial, “Resumen de las claves de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda en materia de Arrendamientos Urbanos.” 

Ahora bien, ¿Todos los contratos de arrendamientos de vivienda quedan sujetos a la nueva regulación?