En la nueva Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima (SP/LEG/17500), que entrará en vigor el 28 de octubre de 2015, los poderes públicos dan una respuesta integral y efectiva a las víctimas de delitos. Se amplía la esfera indemnizatoria y reparatoria y se tiene en cuenta ya el aspecto moral, reconociendo la dignidad de las víctimas.
Sin que sirva de precedente, hoy voy a hablar aquí en primera persona. Cada vez se afianza mas en mi cabeza la certeza de ser lo que vulgarmente se conoce como un “alma de cántaro” al volante y que la autoridad de tráfico ejerce sobre mí una conducta tan excesivamente coactiva y abusiva como injusta. Me explico, ya verá el lector cómo se solidariza con mi sensación.
Ya quedan muy atrás mis primeros años como conductor, en que el volante y la carretera a veces me envalentonaban
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 02/03/2015, recaída en el Recurso nº 903/2015, que aun cuando no aporta ninguna novedad en cuanto a la materia sobre la que se pronuncia, aporta luz sobre una compleja regulación legal, que ha sido objeto de sucesivas modificaciones legislativas, la última por el artículo 6.2 de Ley 1/2014, de 28 febrero, y con vigencia desde el 02/03/2014, que no alcanza al concreto supuesto sobre el que se pronuncia el Tribunal Supremo.
Este post sobre la STS del Pleno, de 25 de marzo de 2015 (SP/SENT/806916), parte del Voto Particular del Magistrado Francisco Javier Orduña Moreno al que se adhiere Xavier O’ Callaghan Muñoz, al ser lo único jurídicamente relevante.
El fallo confirma el anuncio de la sentencia del pasado mes de febrero, en mi post anterior, donde reflejé esta irregularidad y su causa: un aviso a navegantes: consumidores minoristas pendientes de instar nulidad o de apelar, Asociaciones de consumidores, Banca y sobre todo Jueces y Magistrados, que , ignoraron con valentía y no aplicaron la Doctrina de la STS 9-5-2013 (SP/SENT/714489) de limitación de los efectos restitutorios, ex lege del artículo 1303 CC.
Ante esta desobediencia jurídica intencionada por motivos de estricta legalidad, el CGPJ anuncia primero y publica en marzo este nuevo intento de imponer una Pseudo Doctrina al coste que sea y en beneficio exclusivo de quien todos sabemos. Sobre la Sentencia 2013, Sepín publicó un Comentarios de José María López Jiménez, letrado de entidad bancaria (SP/DOCT/17479).
Se ha publicado en el Diari Oficial de Catalunya con fecha 20 de mayo la Ley 6/2015, de 13 de Mayo de Armonización del Código Civil de Cataluña (SP/LEG/17694) , que modifica varios artículos de los Libros Primero, Segundo, Cuarto y Quinto.
He de comenzar reconociendo que, cuando se publicó el BOE de 1 de mayo, la única disposición a la que presté realmente atención fue al Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modificaba el Reglamento de regulación de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia(SP/LEG/13440). Sí, es cierto que en el Boletín de ese día también, había un RD-Ley Derechos Audiovisuales (Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril –SP/LEG/17537-), sobre el que se había hablado mucho en los medios de comunicación en los días previos pero, sinceramente, a mi ni fu ni fa; simplificando mucho, pensé que ni a mi, ni a los suscriptores de sepín nos iba a caer nada de esos derechos de explotación televisiva del fútbol así que, muy bien por ellos y, a otra cosa.
Pero ojo, ese desinterés que mostré por la dichosa norma ha tornado en desasosiego, pues al parecer su contenido ha encrespado a los futbolistas profesionales que, a través de su Asociación (AFE), han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, anunciando igualmente que solo se desconvocará la huelga «si se pactan cambios» en el Real Decreto-ley.
En el anterior post comentábamos Diez primeras cosas que debe tener en cuenta un mediador, pero diez, a pesar de ser un número redondo, se nos quedaba corto (ser mediador es algo complejo), y nos emplazaba a continuar apuntando otras actitudes básicas que tiene que tener quien ejerce como profesional de la mediación.
Como establece el art. 15.2 LPH, “Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto. El acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, cuya persona y cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley”.
La Dirección General de Tributos ha tenido oportunidad de resolver un supuesto bastante habitual en el ejercicio de la abogacía y que pone en evidencia las discrepancias entre la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, recientemente modificada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, y la que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido en la práctica.
Supuesto de hecho:
Un abogado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la mutualidad de previsión social, que forma parte en condición de socio de una sociedad mercantil, cuyo objeto social es la asesoría de empresas o servicios jurídicos, factura a la sociedad y es retribuido por esta.
El tratamiento tributario de la renta percibida (a priori) no es tan simple y tiende a la complicación cuando para su calificación fiscal se acude a la normativa del IVA o del IRPF y a la forma en la que se liga profesionalmente la sociedad con el socio/abogado; todo ello de conformidad con la redacción actual de la Ley del IVA y la modificación reciente de la normativa del IRPF en el tratamiento de este tipo de pagos.
Tratamiento de la renta:
Siempre confiamos que somos impunes a las sanciones de tráfico impuestas cuando viajamos por el extranjero. Así pensamos que las multas no llegarán a buen término...
