De la necesidad de proteger a las víctimas más vulnerables (también en situaciones de emergencia)

El Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre (SP/LEG/43723), por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 nace con la vocación de dar una respuesta urgente a las situaciones originadas por las inclemencias climatológicas sufridas a principios de este mes de noviembre, en especial, en la zona del levante valenciano.

Para Sepín, la lucha contra la violencia de género es una lucha de todos los días, por ello ponemos atención a las noticias diarias sobre la materia, analizamos cada ley que afecta o puede afectar a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, publicamos las estadísticas y memorias del Observatorio contra la Violencia de Género, la Fiscalía contra la Violencia de Género y el Consejo General del Poder Judicial. Buscamos, leemos y analizamos las sentencias más importantes que se dictan por nuestros Juzgados y Tribunales al respecto y analizamos los pronunciamientos del Pleno del Tribunal Supremo que puedan afectar.

1.- Introducción

La presentación de copias y el traslado de escritos y documentos acompañados, ya sea la demanda, ya la contestación, ya los escritos de trámite o los propios recursos ha suscitado muchos problemas de interpretación práctica desde que se aprobó la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/2012) hace 24 años.

De las infraestructuras hidráulicas a las infraestructuras jurídicas

En este contexto de devastación que actualmente lo preside todo, si realmente fuera posible y, en su caso, oportuno y pertinente, procurar una reflexión serena de lo sucedido en la Comunidad Valenciana, se podría alcanzar una primera conclusión que, sin duda, por su carácter objetivo sería compartida por la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Analizábamos en nuestro comentario anterior, como la DANA sufrida por la Comunidad Valenciana va a implicar la extinción del contrato de arrendamiento en algunos casos, en otros, su suspensión, unido ello al concepto de inhabitabilidad en el caso de las viviendas; quedando en un segundo término la posible aplicación de la cláusula rebus sic stantibus derivada de la situación extraordinaria e imprevisible que ha supuesto la DANA y que requerirá, en ocasiones, reestablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes en los contratos de arrendamiento de local de negocio. Sin embargo, el RD-ley 7/2024, de 11 de noviembre, dictado en el día de ayer que modifica el anterior RD-ley 6/2024, de 5 de noviembre, nos obliga a volver a escribir sobre este asunto al añadir una cuestión jurídica de consecuencias difíciles de prever, al fijar una serie de ayudas a propietarios y arrendatarios por la destrucción de la vivienda o daños en enseres, condicionada a que la persona propietaria acepte la prórroga forzosa del contrato de arrendamiento, se dice, en las mismas condiciones.

Centraremos nuestro post en el estudio en las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre, ambas sobre custodia compartida, abarcando la segunda resolución el establecimiento de la vivienda familiar como casa nido. Cada una de ellas adjudica a la relación entre los progenitores un papel fundamental a tener en cuenta a la hora de resolver. Examinando en ambos casos la relación entre las partes, y la necesidad de entendimiento entre los progenitores para dictaminar en un sentido o en otro.

En el BOE del día 14 de noviembre se ha hecho pública la LO 5/2024, de 11 de noviembre del derecho de defensa (SP/LEG/43750) que entrará en vigor el día 4 diciembre de 2024.

El hecho de que el empresario venga obligado al abono de los salarios de preaviso no significa, para un sector de la doctrina judicial y científica, que esta última expresión suponga que su naturaleza sea salarial, sino indemnizatoria

En este artículo vamos a analizar si la medida de expulsión del extranjero condenado por delito doloso castigado en el ordenamiento jurídico con pena de prisión superior a un año, regulada en el artículo 57.2 de la LO 4/2000[1], en adelante LOEX (SP/LEG/2576), tiene o no periodo de prescripción, dado que se le ha negado su naturaleza sancionadora.

Como nos ocurrió con la pandemia del Covid-19, no resulta sencillo escribir sobre estas cuestiones estando tan reciente la tragedia vivida, sin embargo, se hace necesario recordar la experiencia anterior para evitar muchos de los errores cometidos y ser conscientes de que la situación, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es notoriamente diferente a la vivida con la pandemia.