El blog jurídico de Sepín

1. Planteamiento de la cuestión

De nuevo, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la Sentencia n.º 1196/2023, de 20 de julio de 2023, SP/SENT/1191816, Recurso 5728/2022, de la que es ponente la Magistrada M.ª de los Ángeles Parra Lucán se pronuncia sobre la eficacia de la extinción de la pensión alimenticia del hijo mayor de edad que está trabajando. Y el núcleo de la cuestión es, ¿Desde cuándo despliega sus efectos?, ¿Desde la fecha de la sentencia que la extingue en el procedimiento de modificación de medidas? ¿O tiene eficacia retroactiva desde la fecha en la que comenzó a trabajar?

Analizamos hoy el interesante y bien fundado voto particular, de 4 de julio de 2023 del Magistrado Juan Carlos Fernández Llorente al auto n.º 80/2023 de 8 de junio de 2023 de AP Zaragoza, sección n.º 5, sobre exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) que, al igual que el voto, no publica el Cendoj. Aun así, su relevancia y sólida argumentación ameritan, dedicarle esta entrada.

En el presente estudio se expondrán tres cuestiones jurídicas, acompañadas de un caso práctico real para ilustrar la problemática que suscitan; y se concluirá exponiendo cómo la Audiencia Nacional ha resuelto estas tres cuestiones en el año 2023.

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 529/2023, de 19 de julio (Recurso nº 1769/2022)[1] (SP/SENT/1191762), en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por el trabajador frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) nº 349/2022, de 23 de febrero, recaída en el Recurso nº 2200/2021[2], sentencia que se casa y anula y con ello se revoca la sentencia nº 265/2021, de 1 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social nº 12 de los de Málaga, en los autos nº 1106/2017, seguidos a instancia del trabajador contra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, OAL CENTRO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL, y tras declarar que la acción de despido no se encuentra caducada, se devuelven las actuaciones al Juzgado de lo Social de procedencia para que dicte nueva sentencia en la que resuelva las pretensiones ejercitadas en la demanda rectora de las actuaciones.

El pasado 28 de marzo se publicó la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales (SP/LEG/39674), más conocida como la “Ley de bienestar animal” y entre su articulado, concretamente en el art. 30 regula que los titulares de perros deben:

Consideraciones generales sobre la nueva regulación de la adquisición de viviendas en España 

La Constitución recoge, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, encomendando a los poderes públicos la responsabilidad de fomentar las condiciones necesarias para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. Este mandato, en consonancia con el artículo 9.2 de la Constitución, cobra vida en el contexto de los principios rectores de la política social y económica, situados en el Capítulo III del Título I de la Constitución.

Introducción

Mucho se ha reflexionado acerca del lenguaje jurídico.

Se ha criticado una semántica de difícil comprensión y de enrevesada sintaxis. Se señala que estamos ante un lenguaje arcaico con frases interminables, a veces con abuso de latinismos, que parece más propio de épocas pasadas que de la actual y que no es comprensible para el ciudadano medio, defendiendo la necesidad de una simplificación que evite expresiones muchas veces incomprensibles para el justiciable.

Vaya por delante que comparto solo parcialmente esta crítica.

En esta entrada analizamos la resolución del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2023 en la que resuelve si es conforme o no a derecho considerar por la Administración Tributaria a un niño de 10 años deudor solidario por el simple hecho de estar incluido dentro de la declaración del IRPF como miembro de la unidad familiar, en la modalidad de tributación conjunta. Sí, han leído bien, al Alto Tribunal llega para su conocimiento la procedencia de exigir vía declaración de responsabilidad tributaria solidaria a un/a hijo/a de 10 años en las declaraciones de la Renta que se realizan en conjunta, sin obtención de ninguna renta (durante el período declarado) por éste.

Parece increíble que un contrato de arrendamiento, que forma parte de una ínfima parte del Derecho civil, (Título VI, del contrato de arrendamiento, artículos 1554 y sig. del Código Civil), y que en mi época no abarcaba más de un tema o dos de los estudios universitarios, haya llegado a suscitar tanto revuelo y de forma continua desde hace muchísimos años, dando lugar a la coexistencia de numerosos regímenes jurídicos, tema al que esta Editorial se dedica de forma especializada desde hace más de 40 años.