El impacto del COVID-19 en las obligaciones y contratos

Iciar Bertolá Navarro

Directora de Sepín Obligaciones y Contratos

Como consecuencia de la crisis sanitaria mundial que estamos sufriendo a causa de la pandemia del coronavirus son muchas las dudas que pueden surgir en relación con los contratos suscritos que no pueden cumplirse, sirva este post para mitigarlas e intentar resolverlas.

Tras la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo las restricciones impuestas pueden afectar a la relación contractual entre las partes, y pueden dar lugar a una modificación de la distribución de la responsabilidad contractual que pueden originar retrasos o en casos especiales la imposibilidad de cumplimiento de la prestación. Veamos que remedios establece nuestro Código Civil para hacer frente a estas situaciones.

Principio de conservación de los contratos o pacta sunt servanda

Esta locución latina que se puede traducir como «lo pactado obliga» es uno de los principios que preside la teoría general del contrato. Tiene su reflejo en el art. 1091 CC “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.

Con relación al citado aforismo de pacta sunt servanda debe precisarse que su proyección se sitúa en el plano de la transcendencia del contrato como fuente de la eficacia o de la vinculación obligacional que se produce, esto es, como una derivación de la regla preferente de la lealtad a la palabra dada y al efecto vinculante de la misma (STS, Sala Primera, de lo Civil, de 19-4-2016. SP/SENT/849415).

En virtud de lo anterior, todo ciudadano está obligado a cumplir las obligaciones contractuales, si bien cuando concurren circunstancias imprevisibles e insospechadas, como puede ser la situación actual de pandemia del COVID-19 ante circunstancias tan anómalas e insospechadas, es posible que las partes acuerden una modificación temporal en sus contratos.

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Fuerza mayor

El art. 1105 CC establece con relación a los contratos de tracto sucesivo, que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables.

La fuerza mayor actúa como causa justificativa del incumplimiento contractual, y ha de entenderse constituida por un acontecimiento surgido a posteriori de la convención, haciendo inútil todo esfuerzo diligente puesto en la consecución de lo contratado.

A los efectos del artículo 1105 del Código Civil, el hecho determinante de la fuerza mayor ha de ser del todo independiente de quien lo alegue, siendo doctrina conocida y reiterada de la Sala 1ª del TS la exigencia de que el evento decisivo proceda exclusivamente de un acaecimiento impuesto y no previsto ni previsible, insuperable e inevitable por su ajenidad y sin intervención de culpa alguna del agente demandado.

 

Es importante tener en consideración que dicha fuerza mayor podrá ser invocada en las obligaciones de hacer, pero no sin embargo en las de naturaleza pecuniaria, pues como ha señalado nuestro Tribunal Supremo en su sentencia 266/2015, de 19 de mayo (SP/SENT/814422) a las deudas pecuniarias no se les puede aplicar la imposibilidad sobrevenida de la prestación por tratarse de una obligación genérica, y, de ahí, que la imposibilidad sobrevenida no extinga aquella, desestimando la pretensión de la actora por invocar fuerza mayor y caso fortuito y no la cláusula rebus sic stantibus.

A efectos prácticos, será necesario analizar cada contrato y sus cláusulas caso por caso, para ver si los presupuestos jurisprudenciales que regulan la fuerza mayor pueden ser adaptados a una situación de crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia COVID-19, siempre teniendo en cuenta la Interpretación restrictiva que de ella hacen nuestros Tribunales.

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Cláusula rebus sic stantibus

Por otra parte, existe en nuestro derecho la posibilidad de modificar el contrato cuando se ha producido un cambio en las circunstancias que había en el momento de su firma. Esta modificación puede conseguirse acudiendo a un instrumento conocido con el nombre cláusula rebus sic stantibus, que no se encuentra regulada en nuestro Código Civil, es de elaboración puramente jurisprudencial e implica una alteración sustancial de las condiciones del contrato. Su finalidad es la de reestablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes sobre un principio de equidad.

La reciente jurisprudencia acuñada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, encarnada en las sentencias de 15-10-2014 (SP/SENT/790312) y de 30-06-2014 (SP/SENT/769510) han modernizado y cambiado el alcance de la cláusula rebus sic stantibus, cuya aplicación hasta esas sentencias era muy restrictiva, siendo considerada incluso peligrosa para el sistema, en cuanto suponía una ruptura del principio de pacta sunt servanda o de conservación del contrato.

Como indica la jurisprudencia esta cláusula será de aplicación a los contratos de tracto sucesivo en los que concurran los siguientes requisitos:

1º. Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplimiento del contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración.

2º. Desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las partes contratantes, que derrumban el contrato por aniquilamiento de las prestaciones.

3º. Que todo ello acontezca por la sobrevenida aparición de circunstancias radicalmente imprevisibles.

4º. Que carezca de otro medio para remediar y salvar el perjuicio.

A la vista de lo anterior, la cláusula rebus sic stantibus se perfila como el instrumento jurídico apropiado para resolver los múltiples conflictos económicos que puedan derivarse de incumplimientos contractuales como consecuencia del impacto del coronavirus.

Antes de acudir a los Tribunales es recomendable que las partes puedan adoptar un criterio de flexibilidad a favor de la estabilidad de los contratos que tuvieran suscritos, alterando o modificando su contenido para ajustarlos a las nuevas circunstancias mientras dure esta situación excepcional y transitoria.

7 comentarios en “El impacto del COVID-19 en las obligaciones y contratos

  1. Considero que, como acontece ante una situación tan extraordinaria, la clave vendrá determinada por el fundamental art.3 de nuestro CODIGO CIVIL de general aplicación a toda normativa existente y por ende a las obligaciones y contratos.
    Me explico , la interpretación social y analógica de las normas juridicas preconizada por nuestro Código Civil, se erige en el soporte de base para la aplicación de toda una normativa creada y elaborada para un ámbito de normalidad y por ello, bien distinto.

    En las circunstancias que concurren ,ante una pandemia tan generalizada por su ámbito social de extensión y afectante a prácticamente todos los sectores de producción, deberá realizarse una gran labor interpretativa de aplicación normativa, y esa labor corresponderá los Jueces que deberan hacer mérito de su leal saber y entender para aplicar en equidad la justicia del caso concreto, que sólo con el paso del tiempo, dará lugar a los criterios sustentados por las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo así como Constitucional, en lo que a nuestro País se refiere, es decir, años de gran incertidumbre jurídica, a la que el Derecho deberá saber dar la oportuna respuesta.
    Un gran reto para todos los que de una u otra mantera estamos involucrados en ello pues sin perjuicio del iura novit curia, todos sabemos que nuestra responsabilidad es saber hacer llegar con buen criterio las orientaciones jurídicas que den soporte a buenas Sentencias. Animo para todos

    • Con esta gran crisis los que tengan la cara dura se van a aprovechar de la gente honrada. Soy viuda con tres locales y un piso en alquiler. Todos mis ahorros los tengo invertidos en estos activos inmobiliarios, mi pensión de viudedad no llega a los 500€. Mis inquilinos ya me dijeron que si cerraban, por fuerza mayor,no imputables a ellos, no podrían pagarme, no ingresan, no pagan, es lo que hay. Toda la carga va a recaer sobre mí; tengo que pagar muchos impuestos de IBI, basuras, Cor, etc..Con un acontecimiento de esta magnitud, que no sabemos cuándo vamos a ver el horizonte, llevar todo esto a los tribunales, es una perdida de tiempo y de dinero. Si la justicia hasta ahora era lenta, a partir de ahora será muy pero que muy lenta. Sálvese quien pueda. Soy madre de una doctora en Derecho Internacional, trabajando ahora mismo en un bufete de Berlín.

  2. Un artículo excelente, no solo por el fondo, sino también por la forma, para entenderlo perfectamente los no juristas, y ya por su brevedad, sobresaliente, ¡enhorabuena!

  3. No creo que se pueda aplicar la doctrina del Supremo citada de forma literal sinceramente. No es lo mismo aplicarla a obligaciones económicas ya devengadas y de tracto contínuo que a otras de tracto único, por ejemplo.

    Imaginemos que una empresa tiene en marcha pedidos a fabricantes para sus clientes, pero estos de manera sobrevenida anulan sus pedidos por la pendamia. Parece posible que algunos de los compromisos asumidos con el fabricante no tengan por qué ejecutarse aunque el acuerdo para hacerlo estuviera perfeccionado. Al fin y al cabo, la pandemia, precisamente tiene relación con pacta sunt servanda y esta con la Fuerza Mayor también.

    El Supremo no ha emitido dicha doctrina con un contexto como el de la pandemia, por lo que es esperable que su doctrina sea totalmente revisable. Ahí tenemos las sentencias de las preferentes y toda la doctrina sobre el impacto social y económico.

    Así no tomemos la doctrina del Supremo anterior como si fuera un dogma, porque seguramente tendrá que cambiar y adaptarse a esta realidad nunca prevista.

    • Totalmente de acuerdo Jon como puedes ver en mi comentario sobre el tema. Creo que la era de los dogmas debe dar paso, por aplicación de la interpretación sociológica del postulada por el art.3 de nuestro Codigo Civil a una visión actualizada de muchas normas. Cierto que ello nos aboca a una nueva etapa de incertidumbre hasta que se fijen nuevos criterios por quien corresponda (Audiencias Provinciales, tribunales Superiores, Tribunal Supremo e incluso Constitucional) pero eso forma parte del sistema del Derecho. Gracias

  4. La perspectiva es distintas ante ambos remedios. La imposibilidad sobrevenida por caso fortuito o fuerza mayor es considerada para excluir la responsabilidad del deudor ante el incumplimiento, mientras que la clausula rebus atiende al desequilibrio económico que se produce ante una situación imprevisible donde la ejecución de las prestaciones siguen siendo materialmente posibles. Si se altera sustancialmente el valor que las cosas tienen, mantener la relación obligatoria intacta provoca graves perjuicios para una de las partes, por lo que parece equitativo tratar de recomponer la relación, y es lo que hace el TS tratando de aplicar una lógica que no está en nuestro Código decimonónico, pero que puede encontrar su fundamento en la propia voluntad de los contratantes que atendieron a unas bases del sistema económico con una estabilidad en rangos asumibles, pero no absolutamente imprevisibles.
    (Nuestro Código entiende el intercambio de las cosas a través de la valoración que los particulares contratantes hacen de las mismas en función de las concretas utilidades que les proporcionan, por lo tanto no consideraba que existiera un valor de mercado al que se tuviera que ajustarse el negocio, por ello salvo casos excepcionales (rescisión por lesión), no existe un valor objetivo y en consecuencia no tenía lugar una clausula como la rebus sic stantibus.)
    Saludos.

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