El blog jurídico de Sepín

I. Introducción

El pasado día 7 de octubre de 2022 entró en vigor gran parte de la Ley Orgánica 10/2022, 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (SP/LEG/38227), y en concreto, aquellas Disposiciones finales que introducían importantes cambios a nivel legislativo en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en la materia relacionada con la violencia sobre la mujer, y por ende, sobre el funcionamiento ordinario de los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

Es bien sabido que la prescripción y la caducidad son instituciones de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Recientemente el Tribunal Supremo, en su sentencia 419/2023, de 28 de marzo  se pronuncia sobre uno de los requisitos de la usucapión ordinaria, la buena fe, resolución que considero interesante ya que interpreta el art. 1950 CC y expone la vigente doctrina jurisprudencial imperante, lo que es de gran utilidad para la delimitación de este presupuesto.

Introducción

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (SP/LEG/38227) ha supuesto un verdadero cambio de paradigma en el Derecho penal sexual español; a la obvia y aparente ruptura con el modelo abuso-agresión y la unificación de la totalidad de los atentados contra la libertad sexual bajo la égida de la agresión sexual, el legislador se ha visto obligado a introducir unas horquillas penológicas sin parangón en nuestro texto punitivo v.gr. en el caso de la agresión sexual con acceso carnal o introducción de miembros u objetos (art. 179 CP —SP/LEG/2486—) la pena oscila desde los cuatro hasta los doce años.

El artículo 124.2 del RD 557/2011, de 20 de abril - SP/LEG/7493- preceptúa como uno de los requisitos para acceder a la concesión de autorización temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social: “Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años”, pues bien, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia - SP/SENT/1178565- ha tenido que valorar la incidencia de un informe policial negativo que incluía un antecedente policial en la solicitud de este tipo de autorización en una reciente sentencia.

El Ministerio de asuntos económicos y transformación digital dio de plazo hasta el 22 de marzo de 2023 para la audiencia pública y posible participación ciudadana en el anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

A raíz del reciente pacto entre el Gobierno de PSOE y Podemos con sus socios -ERC y Bildu- para sacar adelante la nueva Ley de la Vivienda, y a la espera de su próxima aprobación y publicación para poder de analizar su contenido en profundidad, resulta interesante adentrarnos en su estudio tratando un aspecto preliminar que se encuentra en el germen de esta futura norma. Nos referimos a la cuestión de si nos encontramos ante un derecho fundamental cuando hablamos del “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

La mediación es uno de los instrumentos que conforman los ADR (alternative dispute resolution) también conocidos como Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos. Por los efectos que produce participar junto con un profesional en estas sesiones, se considera una fórmula adecuada para resolver el conflicto, que pone el foco, no en la inquina que se genera alrededor de un conflicto, si no en una forma civilizada y saludable de resolución de conflictos, no obstante y pese a lo anterior, no es la herramienta idónea para el 100% de los conflictos ¿cuáles son los puntos débiles?

1. Acreditación de la condición de trabajadora víctima de violencia de género (art. 23 LOMPIVG)

Para que las trabajadoras víctimas de violencia de género, puedan ejercer los derechos de carácter laboral que la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tienen que acreditar tal situación ante el empresario mediante la orden de protección dictada por el juez a favor de la víctima, o excepcionalmente con el informe del Ministerio Fiscal

El concepto Nota de corte puede llegar a ser uno de los más importantes para todo aspirante que se encuentre inmerso en la preparación de una oposición.

Vamos a analizar el auto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba de 6 de marzo de 2023 sobre persona natural que solicita concurso voluntario y que se declara ex art 37 bis TRLC (SP/LEG/29544) sin masa. Hay concurso sin masa cuando concurren estos supuestos y por este orden:

a) Concursado sin bienes ni derechos legalmente embargables.
b) Coste de realización de sus bienes y derechos manifiestamente desproporcionado respecto al previsible valor venal.
c) Los bienes y derechos libres de cargas son de valor inferior al previsible coste del procedimiento.
d) Los gravámenes y cargas sobre bienes y derechos son de importe superior a su valor de mercado.

 

Transcurrido el plazo de 15 días del art 37 ter (SP/LEG/29544) sin que ningún acreedor solicite nombramiento de AC, el concursado solicita EPI (exoneración del pasivo insatisfecho) y nadie se opone.