Siguiendo con las reformas legislativas del pasado año, leyendo la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, me he encontrado en su Disposición Adicional Segunda con lo que el legislador ha denominado “establecimiento e información sobre seguros obligatorios”.
De manera, a nuestro criterio, curiosa e interesante, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha de 25 de noviembre de 2015, afirma que la decisión empresarial de reducir el descuento a los empleados en las compras que realizan en los centros comerciales de la empresa de las consolas de juego de las nuevas versiones, Play Station 4 y XBOX One, pasando a ser del 5%, no constituye una modificación sustancial, sino accesoria, de las condiciones de trabajo.
El art. 82 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (SP/LEG/6162) establecía, en su redacción original, lo siguiente:
Tras un proceso de separación y/o divorcio puede procederse a la disolución de la comunidad de bienes conformada entre los cónyuges siendo frecuente que se incluya la que fue vivienda habitual común, normalmente gravada con una hipoteca, y que se atribuye en reparto a uno de los excónyuges en exclusiva. Ahora bien, ¿qué tributos intervienen en esta disolución del condominio matrimonial?
Estos días atrás, en diversos medios de comunicación, ha sido noticia la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2015 (SP/SENT/837189) que establece la resolución del contrato de arrendamiento de una vivienda por adeudar su arrendataria la tasa de basura, en este caso con el agravante de ser persona muy mayor y deber poco más de 100€. La polémica no tardó en aparecer, ¿es posible el desahucio y posterior lanzamiento del piso por la falta de pago por este concepto y por esta cantidad? ¿Cabe acudir a este juicio por la deuda de una sola mensualidad? En este post, analizamos estas cuestiones.
La Sección 27.ª de la AP Madrid, en su Sentencia de 24 de noviembre de 2015 (SP/SENT/836203), en el seno de un proceso penal en el que se dilucida la comisión o no de un delito de amenazas, se ha pronunciado recientemente sobre la aportación de mensajes de WhatsApp en juicio y su valoración por parte del Juzgador. Se trata un tema controvertido que sigue buscando una respuesta clara por parte de los Tribunales.
Los traslados y cambios de residencia de los progenitores obligan a ajustar el desarrollo del régimen de visitas y estancias con los hijos, especialmente cuando hay muchos kilómetros de distancia entre las localidades donde vive cada uno de ellos.
Se acaba de iniciar en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el juicio del llamado “caso Noos”, en el que Doña Cristina de Borbón -entre otras personas, incluido su marido como uno de los principales acusados-, figura como encausada, y sobre la que su defensa, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado interesaron que se le aplicara la llamada “doctrina Botín” para que el juicio no continuara penalmente frente a ella. Petición que acaba de ser rechazada por las Magistradas componentes de la Sala.
En el BOE de 28 de enero de 2016 se publicó el Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban los modelos normalizados previstos en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y de Jurisdicción Voluntaria (SP/LEG/19281).
Aunque la nacionalidad es un elemento muy a tener en cuenta para determinar la aplicación de un régimen jurídico u otro, en el Derecho Tributario español esta distinción, nacional versus extranjero, se sustituye por el principio de residencia fiscal en España; lo que viene a significar que, adquirida la condición de residente fiscal, independientemente de la nacionalidad que se posea, se pasa a tributar como cualquier nacional.
