El blog jurídico de Sepín

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre (SP/LEG/4491) nació con vocación de paliar de alguna manera el menoscabo de derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Con el transcurso del tiempo se vio su ineficacia ya que se produjeron algunos casos de imposibilidad de acceso, porque en su disposición adicional séptima se impidió de hecho la posibilidad de obtener la nacionalidad española para algunos descendientes de españoles y, sobre todo, de españolas que abandonaron nuestro país en un momento de circunstancias delicadas a nivel político y económico.

Soluciones concretas respecto a todas las cuestiones que surgen sobre el derecho a continuar en el arrendamiento de un local de negocio en los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985, regulados en la Disposición Transitoria Tercera, apartado 3 de la LAU 29/94.

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 1084/2016, de fecha 21 de diciembre de 2016, recaída en el Recurso 1778/2015 [aunque el Tribunal Supremo con la misma fecha también dicta la Sentencia 1099/2016 (rec. 1868/2015), sobre la materia], en la que, entre otros, se suscita un problema de la existencia de relación laboral entre el titular del establecimiento y las personas que se dedican a la actividad de alterne en el local.

Los ruidos en las comunidades de propietarios es un tema especialmente interesante, no sólo porque suele ser una de las disputas más comunes entre vecinos, sino porque desde un punto de vista jurídico es una cuestión en la que hay varias parcelas del Derecho implicadas: la normativa administrativa que desemboca en actas y multas propuestas por la policía municipal, el derecho fundamental a la intimidad mediante la interpretación extensiva del artículo 7 de la LO 1/82 y la responsabilidad civil en forma de acciones de cesación y de daños y perjuicios.

El interés superior del menor aparece en toda la normativa internacional, estatal y autonómica como el criterio determinante para solicitar y adoptar cualquier medida que afecte a los menores de edad. ¿Sabemos valorarlo y aplicarlo? ¿Estamos familiarizados con el marco normativo que fundamenta este interés? La finalidad de este post no es otra que la de facilitar un acercamiento a estas normas:

Aunque esta ley autonómica; la Ley 4/2016, 23 diciembre-Medidas de Protección del Derecho a la Vivienda Personas en Riesgo de Exclusión Residencial. (SP/LEG/21067) nace para el ámbito de Cataluña, viene motivada por la realidad socioeconómica que se ha dado en nuestro país en los últimos años, y que se une a la quiebra del sector de la construcción y de los ajustes en el sector financiero, que son un factor clave para entender la gran cantidad de desahucios y de casos de familias en riesgo de exclusión residencial.

El año 2017 ha comenzado con mucha fuerza y con noticias jurídicas relevantes. En este post repasamos lo analizado en el blog durante enero, en el que destacamos las siguientes entradas:

Cuando hace unos días terminé de escribir el post sobre la aplicación para móviles, «Libres», y estaba a punto de publicarlo en nuestro blog, tengo conocimiento de que se ha lanzado otra aplicación sobre el mismo tema, «Ygualex», desarrollada por UST Global y con el respaldo de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y construida en colaboración con un equipo multidisciplinar de expertos. Así que he ampliado la información y analizado ambas aplicaciones, que previamente he descargado en mi teléfono móvil y llevo unos días utilizando, para hacer una valoración de ambas.

Tras la reforma de este régimen por la Ley 5/2015 se introdujo, como no podía ser de otra manera, el sistema de la doble mayoría de cuotas y propietarios para la adopción de los acuerdos, pero todavía nos queda por resolver este interrogante, ¿qué hacer si no concurren ambas mayorías?