Tras la reforma de este régimen por la Ley 5/2015 se introdujo, como no podía ser de otra manera, el sistema de la doble mayoría de cuotas y propietarios para la adopción de los acuerdos, pero todavía nos queda por resolver este interrogante, ¿qué hacer si no concurren ambas mayorías?
La Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo acaba de dictar la Sentencia 980/2016, de 11 de enero de 2017 (SP/NOT/922), en la que analiza las diligencias de investigación de la Fiscalía y la necesidad de que en las mismas no se relajen los derechos fundamentales del investigado, entre ellos su derecho de defensa, debiendo exigirse en aquellas la asistencia de letrado.
Sin duda el año 2017 será el año de las cláusulas suelo.
Tras la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, por la que se determina que no puede limitarse los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo a aquellas cantidades cobradas por su aplicación desde la fecha de publicación del Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, tal y como había determinado nuestro Alto Tribunal, sino que dicha nulidad, tiene como consecuencia el que se deba devolver la totalidad de las cantidades pagadas de más, nos surgen una serie de dudas en relación a aquellos consumidores que ya plantearon la demanda ante un órgano judicial y obtuvieron una sentencia firme o que decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial con la entidad financiera.
A prioi el día 21 de enero se conmemora el Día Europeo de la Mediación ya que es la fecha de aprobación de la Recomendación n.º R (98)1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998 en su 616.ª reunión.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 1 de diciembre de 2016, recaída en el rec. 1351/2015, en la que se suscita un problema de competencia funcional en orden a determinar la procedencia o no del Recurso de Suplicación interpuesto contra la sentencia de instancia, conforme a lo dispuesto en el art. 192.2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.
El Tribunal Supremo finalizó el año 2016 con tres sentencias de interés sobre la procedencia de la acción de retracto. Por un lado, resuelve sobre el ejercicio de tal derecho en caso de división de la cosa común por herencia. Por otro, si es exigible la condición de arrendatario para tal acción, analizando sobre tal requisito, aunque la posesión no sea material, como sucede en el subarriendo, y si el conocimiento por parte del arrendador del fallecimiento del arrendatario y la ocupación por otra persona equivale al consentimiento a la condición de arrendataria.
En primer lugar, sobre el caudal de noticias de editoriales jurídicas y prensa y todo tipo de comunicados sobre cuál es o no la primera sentencia que aplica la de la Sala Primera, de lo Civil, Pleno, de 23 de diciembre de 2015 (SP/SENT/837195), para estimar nulidad por abusividad de la cláusula que impone los costes derivados de la constitución de garantía hipotecaria y de tributación de actos jurídicos documentales, en préstamo hipotecario con consumidor, hemos de precisar que lo noticiable es que este asunto sea a día de hoy portada y novedad absoluta. Incluso antes de la tan meritada Sentencia del TS, la propia Audiencia Provincial de Pontevedra y hablo del año 2014, ya tumbó cláusulas de esta naturaleza aplicando simplemente la Ley -Directiva 93/2013, TRLGCU y LCGC–, la Jurisprudencia nacional y comunitaria, y, entre otras, la tan importante Sentencia del TJCE/TJUE, Sala Primera, de 14 de marzo de 2013 C 415/11, Aziz (SP/SENT/844652), además del principio que rige la materia: el consumidor no la hubiera suscrito de haber sido consensuada en el marco de una negociación individual. Como ejemplo de ello basta con leer la Sentencia de la AP Pontevedra, Sec. 1.ª, de 19 de enero de 2016 (SP/SENT/881638).
El Tribunal Económico Administrativo Central ha dictado dos fallos de fecha 15 de diciembre del 2016 en relación con la cuestión de incluir o no el IVA en los arrendamientos de viviendas por empresas para sus empleados y declara los supuestos en los que resultará procedente la exención el tributo, con los matices que se detallan.
¿Es posible? ¿Qué acuerdo sería necesario?
