La Sala Primera del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia 635/2026, de 27 de abril (SP/SENT/1289440), ofrece una doctrina de notable interés sobre la responsabilidad civil derivada de accidentes ocurridos en el marco de una reunión social. La resolución resulta especialmente relevante porque no vincula la eventual responsabilidad a la propiedad del inmueble ni a un criterio de riesgo objetivo, sino a la omisión de una conducta mínima de cuidado por parte de quien controlaba de hecho una situación de peligro conocida y previsible.
El supuesto de hecho presenta una especial gravedad. Dos estudiantes conocen a un joven durante una salida nocturna en Sevilla y aceptan continuar la velada en su domicilio. Una de ellas se encontraba en un estado de intoxicación etílica extrema, próximo al coma etílico, que le hacía perder el equilibrio, caer al suelo e incluso arrojarse desnuda a un jacuzzi vacío situado en una esquina de la terraza.
El demandado conocía directamente ese estado de grave embriaguez. Pese a ello, dejó sola a la joven en la terraza y se dirigió al interior de la vivienda con la otra acompañante. En ese contexto, la víctima se aproximó al pretil de la terraza, de entre 80 cm y 1 m de altura y sin medidas de seguridad adicionales, perdió el equilibrio por su estado de intoxicación y cayó al vacío, falleciendo. A partir de estos hechos, la cuestión jurídica consiste en determinar si esa inactividad puede fundamentar una responsabilidad civil por omisión conforme al art. 1902 CC (SP/LEG/2311).
La sentencia descarta que la responsabilidad pueda construirse automáticamente a partir de la mera producción del daño o de la existencia abstracta de un riesgo. La Sala rechaza expresamente una fundamentación basada en un criterio de riesgo objetivo o en una objetivación indebida de la culpa y desplaza el análisis al terreno propio del art. 1902 CC: la valoración concreta de la conducta omisiva, de la previsibilidad del daño y del estándar de diligencia exigible en las circunstancias del caso.
Desde esa premisa, el Alto Tribunal atribuye responsabilidad al joven, y muy resumidamente en base a cuatro ideas principales:
- La titularidad del inmueble no constituye, por sí sola, el fundamento de la responsabilidad. Se desplaza así el foco desde la mera titularidad hacia la gestión concreta del riesgo en el momento en que se produce el daño.
- La omisión actúa como título de imputación cuando existe control fáctico del riesgo y posibilidad razonable de evitación. El demandado no aparece como un tercero ajeno al suceso. Es quien facilita o permite el acceso a una terraza elevada con protección limitada y deja sola a la joven pese a que, dadas las circunstancias, era razonablemente exigible una conducta mínima de supervisión o acompañamiento.
- La mayoría de edad y la previsibilidad del daño se valora a partir de la intensidad del riesgo y del estado real de la víctima. Que la fallecida fuera mayor de edad no excluye por sí sola la responsabilidad cuando concurre una incapacidad fáctica para comprender o controlar el peligro derivada de un estado de intoxicación severa conocido por quien podía actuar. Tampoco resulta decisiva la brevedad del lapso temporal en que la víctima permaneció sola: lo relevante es que el riesgo era intenso, inmediato y razonablemente anticipable.
- La conducta de la víctima puede operar como concurrencia causal, pero no necesariamente como causa exclusiva del daño. Se descarta que el fallecimiento solo pueda explicarse por una actuación anómala, extravagante o completamente autónoma de la perjudicada, cuando el estado de la misma era una circunstancia conocida por el demandado.
La consecuencia practica de lo anterior es que no se establece una responsabilidad objetiva del anfitrión, del propietario o del organizador. Ello significa que no todo accidente ocurrido en una vivienda o durante un evento social resulta imputable, sin más, a quien lo promueve. El eje de la imputación sigue siendo el art. 1902 CC y la concurrencia de determinadas circunstancias que revelen una omisión jurídicamente relevante.
- Existencia de una situación de riesgo creada, intensificada o conscientemente tolerada. La responsabilidad puede plantearse cuando quien organiza o dirige de hecho el encuentro introduce a los asistentes en un entorno con peligros específicos —terrazas, azoteas, piscinas, desniveles o zonas sin protección suficiente— o permite el uso de espacios inadecuados para las concretas condiciones de alguno de ellos.
- Conocimiento de una situación de especial vulnerabilidad. Resulta decisivo que el organizador, sea una persona física o una entidad, conozca o pueda conocer razonablemente que alguno de los asistentes se encuentra en una situación que limita su capacidad de autoprotección, como puede ocurrir en casos de embriaguez grave, consumo de sustancias, alteración psicofísica o movilidad reducida.
- Omisión de medidas mínimas de diligencia. No se exige una vigilancia profesional ni un deber absoluto de impedir cualquier percance, pero sí la adopción de medidas básicas de prudencia proporcionadas al riesgo: supervisión razonable, control de acceso a zonas peligrosas, advertencias claras o acompañamiento mínimo cuando la situación lo demande.
Cuando concurren estos factores, la omisión puede adquirir relevancia jurídica incluso en contextos informales, como cenas, comidas o reuniones entre amigos, aunque los asistentes sean mayores de edad y aunque el riesgo se materialice en un intervalo temporal breve.
La principal aportación de la STS 635/2026 consiste en situar el centro del análisis en una pregunta eminentemente práctica:
¿Quién controlaba de hecho la situación de riesgo y qué hizo —o dejó de hacer— para evitar un daño razonablemente previsible?
La Sala Primera acude así en un enfoque centrado en la culpa, en la diligencia exigible y en la valoración concreta de las circunstancias del caso, alejándose de anteriores construcciones excesivamente apoyadas en categorías de imputación objetiva, que acabaron usándose como parámetros de liberación de responsabilidad, como ya comente en el post «La imputación objetiva o los criterios de exoneración de responsabilidad civil extracontractual«. El interés de esta resolución no radica solo en la solución del supuesto enjuiciado, sino también en la utilidad de los criterios que ofrece para delimitar, con mayor precisión, cuándo una omisión puede generar responsabilidad civil en contextos sociales o domésticos.
