La Jura de cuentas, cuestionada por la Unión Europea

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Miguel Guerra Pérez

Director de Sepín Proceso Civil. Abogado

Parece que nuestro sistema procesal no soporta el examen de la lupa del TJUE.

Cada vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examina un procedimiento civil español a la luz de la Directiva 93/13 llega a conclusiones similares. Las mismas se resumen en:

(…) La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que no permite que el juez que conoce de una demanda (…) aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio -ni in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento- el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición (…)“.

Así pasó con el monitorio STJCE/TJUE, Sala Primera, 49/2014, de 18 de febrero de 2016, que ya devenía de la previa STJCE/TJUE, Sala Primera, de 14 de junio de 2012. 

Igualmente aconteció con las causas de oposición en la ejecución general y con la ejecución hipotecaria donde el sistema procesal español contemplaba causas tasadas de oposición. Dicho sistema, según el Tribunal Europeo (SSTJCE/TJUE, Sala Sexta, de 11 de junio de 2015; Sala Primera, de 14 de marzo de 2013 y de 17 de julio de 2014) mal casaba con las normas de la Directiva 93/13.

Todo ello llevó a Reformar la norma procesal por medio de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, que añadió, entre otros, un párrafo 2.º al apdo. 1 del art. 552; una causa 7.ª al apdo. 1 del art. 557; un punto 3.ª al apdo. 1 del art. 561, así como modificó el art. 695 para contemplar la apreciación de oficio de las cláusulas abusivas en la ejecución general e hipotecaria y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que añadieron la posible apreciación de oficio de las cláusulas abusivas.

Pues bien, el tema no ha acabado ahí.

Ahora le ha tocado el turno al procedimiento conocido, en la práctica forense, como jura de cuentas o de minuta jurada, regulado en los arts. 34 (cuenta de procurador) y 35 LEC (honorarios de letrado). Y no deja de ser curioso como la Abogada General emplea esta terminología arcaica cuando ya no se jura nada y precisamente el legislador procesal cambió el nombre de los citados procedimientos.

En las conclusiones de la Abogada General del TJUE, Sra. Juliane Kokott, presentadas el 15 de septiembre de 2016, sobre la conformidad del expediente de jura de cuentas, con la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores rechazando las argumentaciones del Gobierno español propone al Tribunal de Justicia  que responda a las cuestiones prejudiciales señalando:

“… la Directiva 93/13, en relación con la Directiva 2005/29 y con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en la que, como sucede con la controvertida en el procedimiento principal, los órganos encargados de instruir los procedimientos mediante los que se resuelve sobre las reclamaciones de honorarios (expedientes de jura de cuentas) no pueden comprobar de oficio si en el contrato celebrado entre un abogado y un consumidor existen cláusulas abusivas o si se han dado prácticas comerciales desleales”.

Aunque las Conclusiones no sean vinculantes sabemos que muchas veces se acogen por el TJUE: ¿Asistiremos de nuevo a una necesaria Reforma del procedimiento de honorarios profesionales de los arts. 34 y 35 de la LEC? ¿Y mañana será el ordinario o el verbal el cuestionado a la luz de la Directiva 93/13?

Así, ¿hasta cuando?

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3 comentarios en “La Jura de cuentas, cuestionada por la Unión Europea

  1. El problema del procedimiento por o de “cuenta manifestada” es su propia existencia tal y como está configurado (como bien se comenta, actualmente no se “jura” nada, de modo que no tiene ningún sentido más que la rutina seguir denominándolo “jura de cuentas” o expresión similar). El tema es que no es un proceso (judicial), sino un procedimiento de naturaleza puramente administrativa desde 2009. A su dudosa constitucionalidad, se añade el tema de la falta de control judicial de oficio de las cláusulas abusivas en cuestiones de consumo. En el procedimiento monitorio -cuyos trámites son equivalentes- ya se ha solucionado esta cuestión en la última reforma procesal 42/2015, que introduce el art. 815.4 LEC. Solamente con eso se solucionaría este “pequeño” problema. Pero el tema más serio, si cabe, viene del 2009, cuando el Letrado de la Administración de Justicia empieza a gestionar un procedimiento que, en mi opinión, forma parte de lo que es función jurisdiccional en el art. 117.3 CE (reservada exclusivamente a jueces y magistrados). En el caso del procedimiento de los arts. 34 y 35 LEC el LAJ ni siquiera actúa en colaboración del titular de la potestad jurisdiccional.

    • Comparto todas tus argumentaciones y sobre la atribución a los LAJ ya publicamos en el año 2010 la opinión de Antonio Hernández Vergara. SP/DOCT/10375 que suscribimos plenamente y en esencia coincide con la tuya y en la que indicaba:

      “Por último, se atribuye al Secretario Judicial la facultad de resolver el incidente, mediante decreto (resolución que anteriormente correspondía al Juez mediante auto). El comentario a realizar a esta facultad resolutoria atribuida al Secretario ha de ser de contenido muy similar al realizado al art. 29. Pueden volver a plantearse aquí las cuestiones ya tratadas sobre si la facultad decisoria atribuida al Secretario Judicial invade o no el núcleo esencial de la actividad jurisdiccional. Ya se expuso que en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados no se presentaron enmiendas respecto de la actividad resolutoria del Secretario Judicial en la regulación de los arts. 17.1, párrafo segundo (sucesión consentida por transmisión del objeto litigioso), 19.4 (suspensión del proceso a petición de las partes), 20.3 (sobreseimiento por desistimiento consentido por el demandado) y 22.1 y 4 (terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto y enervación del desahucio, cuando el demandante no se oponga a la enervación), en el sentido de preservar estas materias al conocimiento exclusivo de los integrantes del poder judicial. Sin embargo, sí se presentaron enmiendas que pretendían esa reserva en el caso del art. 16 (sucesión procesal por muerte).
      En los correspondientes Comentarios a cada uno de estos preceptos ya me pronuncié a favor de entender que la actividad resolutoria de nuevo cuño encomendada al Secretario Judicial por la reforma no afectaba al núcleo esencial de los derechos fundamentales cuya tutela debe quedar encomendada en exclusiva a Jueces y Magistrados. Los argumentos expuestos se basaban, por una parte, en que se trataba de supuestos sin controversia, en los que la decisión del Secretario Judicial estaba vinculada a lo predeterminado en la ley y, por otra, en que se mantenía un razonable control judicial sobre las resoluciones del Secretario a través de los recursos. Es más, siguiendo la argumentación mantenida por el Ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales en el Informe elaborado ante el Proyecto de Ley 121/000017, entiendo que podría haberse atribuido al Secretario Judicial la integridad de la fase de alegaciones escritas del proceso, hasta que se alcanzase la fase de juicio, de forma que le correspondiese la resolución de todas las incidencias surgidas en dicha fase procesal, incluso con oposición, cuando su decisión dependiera de la apreciación de meros requisitos o presupuestos procesales, sin valoración de aspectos relacionados con la cuestión de fondo, quedando siempre a salvo el posterior control judicial, no sólo a través de los recursos, sino mediante la posible revisión por el Juez o Magistrados en la fase de juicio Nota .
      Ahora bien, en el incidente del art. 34 (como en los previstos en los arts. 29 y 35), la facultad resolutoria encomendada al Secretario Judicial no se limita a la apreciación de requisitos o presupuestos procesales. En este caso tampoco se trata de una actividad resolutoria de lo adjetivo, sino de lo sustantivo. En el incidente de cuenta del procurador subyace una controversia material entre las partes, el procurador y su poderdante, que tiene su origen en el incumplimiento por el mandante de la obligación sustantiva que le impone el art. 1.728 CC de reembolsar al mandatario las cantidades anticipadas por éste para la ejecución del mandato o la de satisfacer al procurador sus derechos por su actuación profesional conforme al arancel o con el incremento o disminución del diez por ciento si expresamente lo hubiesen pactado (art. 34 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002). Es decir, se trata de la falta de pago por el poderdante de determinadas cantidades a cuyo pago viene obligado. El procedimiento contemplado en el art. 34, aunque accesorio de otro principal y de carácter privilegiado, permite la decisión de una controversia material o sustantiva entre partes, que pueden no estar de acuerdo sobre el fondo de la cuestión planteada en el mismo, consistente en la entrega de una determinada cantidad de dinero. La resolución del incidente exige tener en cuenta las alegaciones de las partes y la posible prueba documental existente (la cuenta presentada con los justificantes, las actuaciones que obren en el proceso y la documentación que hubiera aportado el deudor requerido para acreditar hechos impeditivos, obstativos o excluyentes). Además, en caso de que se haya de estimar la solicitud, debe fijarse la cantidad que ha de entregarse al procurador. También debe realizarse pronunciamiento sobre las costas del incidente.
      Estos argumentos me llevan a considerar que, en este caso, la atribución de la capacidad resolutoria del incidente al Secretario Judicial invade aquel núcleo esencial de la actividad jurisdiccional que debe quedar en manos exclusivas de Jueces y Magistrados. Ese núcleo consiste en la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pues bien, la decisión del incidente de cuenta de procurador (como los de provisión de fondos o cuenta jurada de abogado) supone juzgar sobre la controversia mantenida entre las partes relativa a si se han reembolsado o no, en todo o en parte, las cantidades que el poderdante está obligado a entregar del procurador y si la cantidad pretendida por éste es proporcionada a las actuaciones practicadas en el proceso. Además, la fijación de la cantidad que debe satisfacerse se realiza bajo apercibimiento de apremio si el poderdante no la entrega en los cinco días siguientes a la notificación de la resolución que lo acuerda, lo que supone, también, hacer ejecutar lo juzgado.
      De nuevo he de manifestar que no alcanzo a entender cómo no se ha admitido que sea el Secretario Judicial quien se encargue de la resolución de incidentes de contenido netamente procesal (como los relativos a sucesión procesal por muerte, sucesión por transmisión del objeto litigioso, desistimiento o renuncia) en caso de que se haya suscitado oposición y, sin embargo, se le encomiende la resolución de incidentes en los que se plantean cuestiones sustantivas, con independencia de que en ellos se articule oposición. Probablemente, esta opción de política legislativa esté relacionada con la intención de aprovechar la experiencia de los Secretarios Judiciales en materias próximas o conectadas, al tener encomendada la facultad de tasar las costas del proceso. Sin embargo, entiendo que éste no es argumento para sustraer a las partes, procurador y poderdante, del derecho a que sean los titulares del poder judicial los que diluciden la controversia de derecho sustantivo planteada entre ellas”.

  2. El problema de fondo, es que las reformas se hicieron para que no desapareciera un cuerpo, los otrora Secretarios Judiciales, que sin duda debieron ser eliminados hace años, por falta sobrevenida de objeto real alguno en sus funciones (la fe pública, con la firma digital, las actas, por la introducción del video, y la gestión del personal, al haberse “funcionarizado” aquel y haber pasado a la Administración).

    Así que ahora tenemos en España un cuerpo de unos 4.000 señores que NO hacen nada, y se tienen que justificar de alguna forma.

    Para ello, se han inventado algo tan absurdo como la NOJ, consistente en la idea que seis oficinas dirigidas por otros tantos Secretarios, pueden sacar lo mismo que antes hacía una, comandada por un Juez.

    El derroche de medios para nada, ha sido antológico.

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