Un año de protestas contra las Tasas Judiciales, pero ¿dónde están hoy los Ciudadanos?

Miguel Guerra Pérez

Director de Sepín Proceso Civil. Abogado

Hoy día 20 de noviembre, Abogados de toda España y no sólo Letrados, Procuradores y muchos Jueces y Secretarios Judiciales se manifestarán en las diferentes Sedes de toda España contra las Tasas Judiciales.

Después de exponer en diferentes Colegios de Abogados de España los problemas que las Tasas Judiciales generan, su defectuosa redacción legal y los efectos negativos que en el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva generan tengo que decir que pocas veces he visto tanta unanimidad en los diferentes sectores jurídicos: Es una Ley mala, muy mala, que no pasará a la historia como un ejemplo de técnica legislativa, ni en su elaboración, ni en su ejecución y lamentablemente tampoco en la consecución de los objetivos que anuncia su Exposición de Motivos.

Porque seamos claros ni se ha recaudado lo suficiente para financiar la justicia gratuita sino que el efecto ha sido el inverso, miles de ciudadanos han acudido a los Colegios de Abogados para obtener el beneficio de justicia gratuita y eludir precisamente el pago de las mismas, supuesto previsto como exención subjetiva, con lo cual el objetivo ha devenido imposible. Con menos asuntos y más solicitudes de justicia gratuita ¿pretendían costear el servicio?. Obviamente la respuesta ha sido que NO.

Hay casi diez planteamientos de inconstitucionalidad, tanto por vía de recurso como por vía de cuestión admitidos a trámite, pero viendo los tiempos de respuesta de nuestro TC ¿habrá que esperar años hasta su resolución?¿Cuántas injusticias se quedarán por el camino?

Si quiero hacer una reflexión casi seguro hoy nos manifestaremos los profesionales del derecho y hay carteles colgados en todos los Colegios de Abogados de España, pero:

¿Dónde estará la ciudadanía?

Mucho me temo que una vez más no estará a nuestro lado, una vez más estaremos solos cuando ellos son afectados principales por tan injusta y desproporcionada exigencia.

Parece como si los afectados fuéramos sólo los Abogados y Procuradores y evidentemente lo somos porque claro que han disminuido los asuntos (en vía contenciosa el propio CGPJ señala que un 19%) y de forma directa nuestros ingresos, pero junto a ello la Administración -sobre todo en el ejercicio de la potestad sancionadora- está quedando fuera de control de legalidad y se produce la aceptación de Sentencias injustas -en las que podría triunfar la apelación- a la que se rechaza acudir por motivos económicos. Seamos claros, 800 euros de apelación más variable irrecuperables  ¡es una barbaridad!

El TC ha dicho que «la justicia puede ser gratuita pero que no es gratis» y justifica la existencia de la tasa como cuestión de legalidad ordinaria, cuestión esta sobre la que mucho se podría hablar pero aún aceptando esta tesis ¿puede un ciudadano medio afrontar estas sumas? Como ha señalado la AN en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad es desproporcionado, de modo que solamente se permite el acceso a la justicia de “aquellas personas físicas con suficientes recursos económicos”.

Hoy gritaremos unos pocos, bastante fuerte, pero muchos menos de los que deberían alzar la voz. Pero a todos los ciudadanos que hoy guardan silencio como si la cosa no fuera con ellos como si la justicia fuera algo que nunca les va a afectar les recordaría el cuento del lobo.

Aquí estamos los letrados, como Pedro, avisando «que viene el lobo (tasa)» «que viene el lobo…» «que viene el lobo» y muchos no nos hacen caso y aquí va mi advertencia:

Cuando a los ciudadanos silentes les toque ejercitar acciones, apelar o recurrir en casación, que no lamenten ese día en el que no alzaron la voz junto a nosotros y no atendieron a nuestro reclamo: Tasas Judiciales ¡¡NO!!

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4 comentarios en “Un año de protestas contra las Tasas Judiciales, pero ¿dónde están hoy los Ciudadanos?

  1. La ciudadanía protesta por causas que directamente le afectan al bolsillo, ya sea sanidad, educación, etc ignorando lo grave que resulta la imposición de pago por un servicio público esencial, cual es la administración de justicia por una finalidad puramente recaudatoria.

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