¿Basta con decir “no debo” como causa de oposición en el monitorio?

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Miguel Guerra Pérez

Director Técnico de sepín Proceso Civil. Abogado

En primer lugar, quiero aprovechar estas líneas inaugurales del Blog de sepín Proceso Civil para dar la bienvenida a este nuevo espacio de comunicación jurídica a todos nuestros suscriptores, abogados y juristas en general.

Y empleo la palabra jurista porque teniendo una palabra tan precisa no entiendo el empeño por emplear la expresión operador jurídico que no es de mi agrado, ni etimológicamente ni semánticamente, y que, como expone la Real Academia Española, es más certera para los que manejan centralitas de teléfono, proyectores de cine y otros artilugios similares, algo bastante ajeno a lo que es nuestra profesión diaria.

Eran muchos los suscriptores que desde hace años nos sugerían esta posibilidad y tanto la Editorial como yo personalmente esperamos cubrir la confianza y expectativas depositadas en nosotros.

Eligiendo un tema que pudiera suscitar el interés de este foro de debate y fomentar las opiniones, me vinieron a la cabeza las jornadas sobre “La reciente reforma de los procesos: ¿hacia una justicia más eficaz? Novedades en los procesos monitorio y cambiario” celebradas en Barbastro los días 14 a 16 de mayo, en las que participé como ponente. En ellas, una Magistrada cuestionó que, con frecuencia, durante el proceso monitorio, el deudor, en su escrito de oposición, se limitaba a decir que “no debía las cantidades reclamadas” o en afirmar “la inexistencia de la deuda” y poco más y que, luego, en la vista –en aquellos casos en los cuales se transformaba en verbal– de forma profusa articulaba toda una serie de argumentos de oposición nunca anunciados antes.

Yo, sinceramente, pensaba que la cuestión estaba suficientemente clara y resuelta.

Desde luego, en Sepín lo habíamos tratado desde que entró en vigor la LEC 1/2000 mediante una Encuesta Jurídica, Jurisprudencia al Detalle sobre el monitorio y múltiples comentarios, pero la constatación de la jurisprudencia más reciente revela que, transcurridos 12 años desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, la polémica sigue abierta.

Sin ánimo de aburrir, me limitaré a citar las dos posturas a través de algunas de las resoluciones más recientes: la Sentencia de la AP Cáceres, Sección 1.ª, de 27 de marzo de 2012 o el Auto de la AP Madrid, Sección 11.ª, de 10 de febrero de 2012, que mantienen un criterio amplio de cómo debe entenderse el art. 815 LEC, que, referido al contenido del escrito de oposición en el proceso monitorio, exige que en él el deudor “alegue sucintamente las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada“.

Estas resoluciones señalan que en ninguno de los artículos reguladores del monitorio se contiene previsión expresa de las consecuencias que habrán de derivarse del hecho de que en el escrito de oposición la parte se limite a oponerse a la pretensión negando simplemente la deuda y manifestando no reconocer los documentos en que se sustenta la reclamación.

Los partidarios de esta doctrina alegan que la mayor o menor extensión de las razones dadas para oponerse el deudor, su precisión o imprecisión, no es cuestión que permita inadmitir la oposición deducida y abrir la vía de la ejecución contra un deudor que ha comparecido para oponerse a esa posibilidad, de manera que, en casos como el que nos ocupa, la respuesta ha de ser la de tener al deudor por opuesto y proceder en consecuencia según la cuantía que se reclame.

Esta tesis permitiría que alegaciones como “no debo“, “la deuda es inexsitente” o similares serían suficientes y ello posibilitaría que en el verbal posterior se procediera a la concreción de las causas de oposición.

Por contra, otras resoluciones de Audiencias, como son el Auto de la AP Badajoz,  Sección 3.ª, de 6 de julio de 2009 y otras que cita dicha resolución (SAP Pontevedra de 14 de mayo de 2009, SAP La Rioja de 20 de abril de 2009, AAP Castellón de 12 de abril de 2009, SAP Valencia de 16 de abril de 2009 o AAP Madrid de 11 de marzo de 2009) señalan que no sería suficiente con un “no debo“, ya que la exigencia de que se expongan “sucintamente” esas razones no es gratuita, responde al principio de la buena fe procesal (art. 11 LOPJ y art. 247.1 LEC ), que impone a las partes el deber de no ocultar a la contraria los fundamentos de su pretensión, de modo que, no le es dado reservarse u “ocultar” sus razones, sino que debe exponerlas, eso sí, de manera sucinta.

La consecuencia de esta inobservancia es que, aunque se tenga por comparecido al demandado, no se le pueda tener por opuesto.

Ahora bien, ¿qué sucede si llegada la vista del verbal, ante la vaguedad del escrito de oposición del deudor que se limita a negar la deuda sin especificar claramente el porqué, pretende el letrado del deudor exponer toda una serie de motivos que ni tan siquiera se esbozaron en el “sucinto” escrito de oposición?

En la vista del juicio verbal, al acreedor tan solo le es dado en principio ratificar la demanda inicial y expresar sus fundamentos, sin incurrir en mutación de la causa de pedir que pudiere sorprender y dejar indefenso al demandado; correlativamente, cabría entender que, con adiciones o alteraciones sustanciales de las razones de oposición sucintamente anticipadas por el deudor, podrían producirse aquellas mismas sorpresa e indefensión, ahora en perjuicio del acreedor.

Ambos intereses y sus recíprocas defensas, como señala Ortiz Navacerrada, pueden y deben conjugarse.

Es cierto que el problema arranca tanto de la petición inicial, que no olvidemos no es una demanda, a la que la Ley fija un contenido mínimo, como de ese carácter breve que se otorga al escrito de oposición cuya finalidad es eludir la ejecución, aunque no abusiva ni asépticamente, sino con razones sucintas.

Ni el deudor conoce otros fundamentos de la reclamación distintos de los escuetos que devienen del documento aportado con la petición ni tampoco el acreedor -si el deudor está debidamente asesorado-, ya que el día de la vista puede encontrarse con que el deudor insiste en las mismas causas de oposición que sucintamente ha adelantado, pero nada impediría que las mismas pudieran ser objeto de un mayor desarrollo y fundamentación, aunque igualmente podría intentar añadir otras distintas o sobrevenidas, y puede, incluso, formular reconvención.

El Tribunal Supremo, incidentalmente, con ocasión de una demanda por error judicial, parece inclinarse por la preclusividad alegatoria señalando que “la doctrina que aquella aplica considerando precluida la posibilidad de formular excepciones en la vista del juicio verbal que no hayan sido hechas valer en el escrito de oposición a la petición de proceso monitorio ha sido mantenida por diversas Audiencias Provinciales, por lo que no puede considerarse manifiestamente errónea“, pero lo cierto es que a fecha de hoy sigue existiendo dualidad de soluciones en nuestras distintas Audiencias Provinciales.

Pero los que no me convencen son los argumentos que señalan que el acreedor en el verbal, ante los nuevos motivos de oposición, está indefenso o que no hay paridad de armas de ataque y defensa, porque yo me pregunto ¿es que en el resto de verbales no se produce igualmente este problema y la citada indefensión? ¿Si exigimos un escrito de oposición completo con efectos preclusivos no estamos desvirtuando el monitorio?

Desde luego, los argumentos negativos deben basarse más en una posible mala fe procesal que en argumentos de indefensión, porque si no habría que extrapolar estos argumentos a todos los verbales en general. Salvo mejor parecer.

* ¿Quieres saber más sobre el proceso monitorio general y el especial de propiedad horizontal?

monitorio seleccion jurisprudencia

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11 comentarios en “¿Basta con decir “no debo” como causa de oposición en el monitorio?

  1. Excelente iniciativa e interesante artículo que solo puedo compartir.

    Como abogado he podido comprobar las indicadas peculiaridades del monitorio y en general del verbal, ventajas o inconvenientes según el papel que nos toque en suerte. En todo caso opino que en bastantes casos basta para evitar los inconvenientes citados optar por otras vías procesales, naturalmente cuanto por la materia o cuantía resulte factible. En ocasiones por acortar caminos o costes acabamos en jardines no tan floridos.

    Cesar García de Quevedo
    Abogado mmmm

  2. Enhorabuena por el blog.
    Sobre esta cuestión que ya hemos comentado en otra ocasión, mi opinión:
    1.- El Tribunal Supremo en la sentencia que citas no es nada categórico sobre la cuestión sobre la que pasa de puntillas (tampoco era el objeto del recurso), por lo que no vale de momento como argumento (prefiero saber que la Audiencia Provincial de Madrid es muy laxa al respecto.
    2.- No suelo acudir al monitorio cuando sé de antemano (y se suele saber) que el deudor va a oponerse. Es una pérdida de tiempo. La única ventaja es que cuando por la cuantía se trata de juicio verbal, muchas veces permite saber por donde van a ir los tiros de la defensa. Pero efectivamente, mientras no se reforma la Ley o se resuelva claramente por el TS, siempre habrá deudores que oculten o disimulen sus motivos.
    3.- Como dices, está claro que el juicio verbal en general es el procedimiento en que el actor está más vendido, ya que no sabes si el demandado va a comparecer y tampoco qué argumentos y pruebas va a utilizar en su defensa. Si a eso se une que la mayoría de los Jueces hacen como que no existe el artículo 185.4 de la LEC y no permiten conclusiones, se crean situaciones de auténtica indefensión para el actor.

    Miguel Martinez
    Abogado

  3. Felicidades por el blog, me parece una idea fantástica.
    Coincido en lo manifestado por mis compañeros.
    Hasta que no se reforme la ley o se dicte sentencia por el TS en términos más precisos habrá que estar a lo que cada juzgado o tribunal resuelva en relación a este asunto. Lo que resulta obvio es que el monitorio pierde toda la finalidad con la que fue creado, desde el momento en que debido a la redacción de la ley, se admite una oposición “tipo e imprecisa” que permite dilatar en el tiempo, al reconducir a un verbal o a un ordinario, la terminación de la via judicial.

  4. En primer lugar, enhorabuena por la iniciativa del blog y por la excelente calidad de los artículos publicados hasta la fecha.

    Este artículo en concreto, como consecuencia del panorama actual, está a la orden del día, por lo que resulta de gran utilidad para los profesionales del Derecho.

    Habrá que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncia al respecto de una forma más concisa y acabar de este modo con la estratagema utilizada por el deudor con el fin de dilatar en el tiempo, el pago de la cantidad adeudada, consiguiendo en muchos casos, una financiación muy ventajosa de la deuda, a pesar del interés de morosidad en operaciones comerciales (8%) introducido por la Ley 3/2004.

    Seguiré leyendo cada una de las entradas del blog.

    Eugenia Gibanel Sanz. Abogada

  5. Todo lo expuesto aqui implica que el denunciado debe una cantidad y tendrá que abonarla. Perdon por mi lenguaje llano. Pero me siento ofendido en ciertos terminos. Santander Hispano reclama deuda de 6000 euros. Y presenta documentación de contrato prestamo. Yo, particular denunciado, tengo en mi poder el documento de deuda cancelada. La ley me obliga a oponerme con procurador y abogado. ¿Como?, Pero si una empresa (abogado incluido) puede enjuiciarme con un papel que no demuestra la deuda, yo no tengo derecho a oponerme sencillamente presentand el justificante del pago ¿?. ¿En que lado está la indefensión?. Aqui cada uno barre para su casa, y si ustedes se sienten de algun modo indefensos, no se quejen, los denunciados tambien.

  6. Sr. Roig, no se ofenda, y tampoco se confunda. El abogado a veces está en un lado de la mesa, y a veces en el otro. Si la ley impone la obligación de defensa técnica no es para hacer un favor al abogado y procurador, sino para impedir que el banco (en este caso), que sí disfrutará de dicha defensa, tenga superioridad jurídica. No me alegue que debe usted ser quien decida, lo que en un principio pueda parecerle una simple y llana contestación, se le puede complicar donde menos se lo espera, por una precisión técnica o formal…. y perder un caso que hubiera tenido ganado.

    Si Vd ha pagado y tiene razón, opóngase con letrado y procurador, ganará y dichos profesionales cobrarán en costas del banco.

    Por lo demás, felicidades por la web y el post en particular.

  7. Un dilema al que todos nos hemos enfrentado, recibiendo a veces oposiciones vagas para dilatar el proceso y allanarse posteriormente, por ello este proceder debiera quedar regulado en su alcance y consecuencias.

  8. Después de muchos escritos oponiéndome a monitorios con expresiones tales como se reconoce relaciones comerciales entre las partes pero las cantidades reclamadas no son debidas, un Juez de Sanlúcar la Mayor dicta un Decreto en el que en “Antecedentes de hecho” dice que “dentro de plazo … se ha presentado escrito oponiéndose a la reclamación planteada”. En el fundamento de derecho segundo dice “En el presente caso, vista la solicitud del acreedor, el requerimiento que se ha hecho al deudor y su posterior falta de comparecencia ante este Tribunal es procedente acordar el archivo del procedimiento monitorio y dar traslado a la parte actora a fin de que formule demanda de ejecución. En la “parte dispositiva” nos dice el Juez “Se tiene por presentado el anterior escrito de fecha … en tiempo y forma, y no ha lugar a tener por opuesto a dicha parte por no concurrir las circunstancias contenidas en el art. 816 …”.
    Ante este disparate recurrí en revisión y el Juez desestima el Recurso. El problema ahora, aparte del “Dios-Juez” es que la reclamación supera los 20.000 € y que gracias a Gallardón hay que entregar 800 € para poder recurrir. ¿Para cuándo la imposición de “costas” a este tipo de jueces?
    Así pues compañeros, con independencia de este Decreto desastre, afinad y motivad algo más que sucintamente las contestaciones a demandas monitorias.

  9. Quisiera hacer una consulta a los profesionales del derecho si no les molesta:
    He recibido una notificación de requerimiento por una reclamación mediante proceso monitorio en el que reclaman a mi padre una cantidad de 1.385 € por una financiación de hace muchos años. Pues bien, a la fecha mi padre se encuentra padeciendo la enfermedad de Alzheimer en estado muy avanzado, con lo cual no puedo hablar con él sobre el tema y desconozco si esta reclamación corresponde a la realidad o no y si fuera real, si la cantidad que reclaman es correcta.
    Tampoco tengo ningún documento en relación con el asunto, ni pagos realizados, ni reclamaciones anteriores, nada de nada.
    Tengo lógicamente intención de contestar al requerimiento como apoderada de mi padre (tengo un poder general desde hace años -incluyendo incapacidad sobrevenida-) pero no sé si es recomendable simplemente oponerme al mismo o aludir a la indefensión por incapacidad indicando a su vez la verdad, que desconozco totalmente este tema y que no tengo documentos que justifiquen el pago.
    La supuesta parte acreedora no aporta ningún documento fehaciente de impago, devoluciones, recibos, etc., únicamente una certificación expedida por el propio acreedor certificando que se adeuda ese cantidad.
    Por otra parte, no he solicitado la incapacidad legal, por lo que únicamente dispongo del poder, no de su tutela (no sé si esto es importante para el proceso).
    Agradecería mucho que me dieran sus consejos y opiniones.

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