El blog jurídico de Sepín

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 760/2019, de fecha 12/11/2019, recaída en el RCUD nº 2524/2017, en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto frente a la Sentencia nº 528/2017, de fecha 23/02/2017, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Granada), en el Recurso de Suplicación nº 2234/2016, interpuesto frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Jaén con fecha 01/06/2016, en los Autos nº 626/2015, seguidos a instancia del actor contra el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, en reclamación de prestación por desempleo, de modo que se casa y anula la Sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, se estima la demanda formulada, y se anula y deja sin efecto la Resolución impugnada de fecha 22/06/2015, y se declara el derecho del actor a percibir la prestación por desempleo por el tiempo legalmente previsto y se condena al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL a estar y pasar por esta declaración y al abono de la prestación correspondiente.

Estos propietarios, en el régimen de propiedad horizontal, se encuentran sometidos a las mismas normas, derechos y obligaciones que el resto de los comuneros, no obstante, por las características especiales, son los que más problemática generan, pues ellos, normalmente, por tener salida independiente, se consideran propietarios con menos obligaciones y más derechos, mientras que, el resto, generalmente, por el destino dado a las propiedades, los consideran como una amenaza.

Han sido varias las preguntas que se nos han planteado desde nuestro Servicio de Consultas en relación con la extinción (o en su caso, la atenuación) de la responsabilidad penal en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a través de la figura de la “regularización”. Trataremos de condensar sistemáticamente en estas breves líneas las principales cuestiones que pueden surgir.

En esta ocasión, como ya hicimos en su momento con el retracto de comuneros, vamos a dar unas breves pinceladas sobre el retracto de colindantes, diferenciando entre el regulado en el artículo 1523 Código Civil y el establecido en el artículo 27 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

La patria potestad viene configurada como una responsabilidad de los progenitores que se ejercerá siempre en el interés de los hijos y como tal, deben velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. También deberán oírlos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten, y siempre que tuvieran la suficiente madurez en virtud del art. 154 del CC (SP/LEG/2311), extendiéndose hasta la mayoría de edad, y pudiéndose prorrogar en caso de incapacidad (art. 171 CC).

Queridos Reyes Magos, Papa Noel o quien quiera que lea esta carta:

Mi nombre es Alberto F. Bonet, no os escribo para deciros que haya sido especialmente bueno o que no haya sido significativamente malo, simplemente quiero compartir mi preocupación por la seguridad en internet y transmitiros una serie de deseos que me gustaría trajeseis a todos -no sólo a mi- o que al menos en la medida de vuestras mágicas posibilidades ayudarais a implantar durante esta nueva década que entra.

La llegada hoy día de las nuevas tecnologías a todos los ámbitos está teniendo también un alcance significativo en el mundo laboral, hasta el punto de estar convirtiéndose en un auténtico desafío por la repercusión que está suponiendo con la pérdida y destrucción de empleo por parte de las empresas.

El Tribunal Supremo nos lo acaba de recordar en la Sentencia 1424/2019, de 6 de noviembre de 2019, SP/SENT/1024375, al disponer que no procede fijar un límite temporal a la pensión alimenticia de las dos hijas mayores de edad. Una de ellas, es opositora y la otra, estudiante universitaria. Al no advertirse desidia, pasividad o despreocupación por sus estudios, la Sala considera que no se justifica la limitación de los alimentos, ni tampoco su extinción.

La sentencia de la AP Girona, Sec. 1.ª, 517/2019, de 19 de julio (SP/SENT/1023040) resuelve el caso de una sociedad limitada que insta la nulidad de una cláusula suelo de cuya existencia no tenía constancia.

A esta pregunta responde la interesante sentencia del Tribunal Supremo 582/2019, de 5 de noviembre, que plantea, como cuestión de fondo, si la donación de un bien inmueble que no ha sido elevada a escritura pública puede ser tenida en cuenta para poder apreciar la prescripción adquisitiva ordinaria regulada en el art. 1957 CC.