El blog jurídico de Sepín

Introducción

El Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, en Sentencia 684/2021, de 15 de septiembre, de la que ha sido ponente el Ilustrísimo Magistrado D. Vicente Magro Servet, ha fijado las características que configuran del delito de maltrato habitual y que vamos a analizar y complementar con la jurisprudencia dictada sobre este tema, por su alto interés en la evolución del marco jurídico respecto a la violencia doméstica y de género.

Por mucho que digan, en cualquier conflicto hay un componente emocional, de mayor o menor magnitud que no podemos obviar. En el ámbito familiar es dónde se dan los más altos grados de intensidad, por eso vamos a pasar a describir dos técnicas y una herramienta para manejar situaciones en la que una de las partes no tiene muy claro cual es la razón que le lleva a mediación porque no ve el problema.

Entre el Tribunal Supremo y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (anteriormente Dirección General de los Registros y del Notariado) ha existido históricamente un pulso, con criterios totalmente opuestos, en cuanto a los efectos que producía la emisión de la certificación de cargas durante un procedimiento de ejecución y la posibilidad de cancelar las cargas posteriores a la anotación preventiva de embargo de la que traía causa, cuando en el momento de presentar el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación en el Registro de la Propiedad, aquella anotación había caducado, aunque se diera la circunstancia de que, el decreto y el mandamiento cancelatorio, se hubieran dictado con anterioridad a la fecha en que se producía la caducidad.

En este post daremos respuesta a dicha cuestión, que ocurre cuando la remuneración del administrador social sea un sueldo que deba ser fijado por la junta general anual, ¿debe ser al comienzo del ejercicio o puede adoptarse posteriormente antes del cierre?

Llevamos ya muchos meses desde la crisis sanitaria originada por COVID-19 asistiendo a la aprobación de numerosas ayudas al alquiler para personas en situación de vulnerabilidad social y económica en los arrendamientos de vivienda, concretamente medidas aún vigentes respecto a la suspensión del desahucio y lanzamiento, la prórroga extraordinaria del contrato y la solicitud de reducción o moratoria en el pago de la renta en caso de arrendador gran tenedor. Sin embargo, debemos tener presente que el arrendatario, además, puede beneficiarse de otras ayudas de adjudicación directa contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que incluye numerosos programas específicos en función del colectivo, algunos sustituidos o modificados recientemente por la situación del COVID-19. Estas ayudas al alquiler, tal como señala el Preámbulo, se han diseñado con el propósito de mantener la equidad y con el objetivo de que lleguen a todos los grupos que la necesiten, en función del nivel de ingresos económicos y considerando la unidad de convivencia, no los de quien suscribe el contrato de arrendamiento para acceder a la ayuda.

La Dirección General de Tributos en Consulta V1052-21, de 21 de abril, establece que una ayuda a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por un ERTE a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es renta objeto de tributación calificada como un rendimiento íntegro del trabajo, al no enmarcarse en ninguno de los supuestos de exención contemplados por la norma.

Parece que los fenómenos extraordinarios en este año 2021 son una constante, pues continuamos con la pandemia, llegó Filomena, y ahora junto con diferentes Danas, se produce la explosiva erupción del volcán Cumbre Vieja en la Isla de La Palma, en Canarias, con emisiones de lava, humo y cenizas que ha llevado al desalojo de poblaciones, al cambio del paisaje, la destrucción de múltiples edificaciones, el cierre del aeropuerto, y de los colegios, etc