El blog jurídico de Sepín

Es de sobra conocida, en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, la importante modificación introducida por la Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, al incluir la posibilidad de constituir marcas por medio, no ya de signos, palabras, dibujos, cifras etc, sino de colores.

Después de muchas sentencias analizadas (no sabría decir el número exacto de ellas, pero puedo asegurar que son cientos) para nuestra base de datos sobre el tema de los gastos hipotecarios y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en las que los criterios mantenidos por las distintas Audiencias Provinciales era de todo menos unánime, lo que parece que ya ha llegado a su fin tras doctrina dictada por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 23 de enero de 2019, hemos tenido conocimiento de una sentencia de la AP de Girona, de 4 de febrero de 2019, que da una vuelta de tuerca más en relación al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La legislación en materia de alojamientos turísticos en Madrid ha cambiado mucho en las últimas semanas, el pasado miércoles 27 de marzo, el Ayuntamiento de Madrid votó de manera definitiva el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje (PEH), que impondrá importantes restricciones para la actividad. Por otro lado la Comunidad de Madrid, aprobó el martes 9 de abril la modificación del Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, que incorpora una nueva definición de vivienda de uso turístico y nuevos requisitos para el inicio de la actividad como el certificado de idoneidad.

La controversia jurídica de determinar los límites de la Administración Tributaria para dictar providencias de apremio contra un deudor tributario, con el fin de hacer efectivos los créditos contra la masa tras reforma por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de marzo del 2019 al declarar que “abierta la liquidación en un procedimiento concursal, la Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la declaración del concurso, debiendo instar el pago de los créditos contra la masa ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal”.

Los hechos: el suicidio asistido

El pasado 3 de abril, Ángel Hernández asistió al suicidio a su esposa, María José Carrasco, aquejada de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa terminal y con una muy escasa o nula calidad de vida, pues la morfina había dejado de hacerle efecto y los médicos estaban buscando otra medicación para paliar sus dolores.

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 119/2019, de fecha 14/02/2019, recaída en Recurso nº 1802/2017, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 534/2017, de fecha 01/03/2017, recaída en el Recurso de Suplicación nº 233/2017 (1), en la que igualmente se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por el trabajador frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de los de Bilbao con fecha 01/09/2016, en los Autos nº 851/2015 seguidos en materia de despido y en los que fue demandada la mercantil ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Tal y como se analizó en el blog de Términos y Condiciones, se utilizaba la paradoja de “La fuerza imparable contra el objeto inamovible” para explicar la relación, cuanto menos complicada, entre el Reglamento General de Protección de Datos (en lo sucesivo, RGPD) y Blockchain.

Ese choque frontal se está sucediendo desde el 25 de mayo de 2018 en materias que, a priori, son irreconciliables:

1. La identificación clara y centralizada de responsables, encargados e interesados frente a un sistema inmensamente descentralizado.
2. Minimizar los riesgos para los interesados al subir datos a la cadena, de modo que deba recurrirse a la anonimización de los datos personales subidos.
3. El ejercicio de derechos, y en especial el derecho al olvido, teniendo en cuenta la inmutabilidad de la blockchain; y
4. La prohibición (con límites) de decisiones individuales automatizadas en el caso de “contratos inteligentes” autoejecutables e irrevocables, ejecutados en la cadena.
   

Mucho se ha escrito sobre las dificultades de la puesta en funcionamiento de la mediación en el ámbito laboral. En este post analizaré tres preguntas clave para su reflexión:

Sí, así parece, con la convalidación ayer 3 de abril de 2019 del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo,  finaliza el show o baile de los Reales Decretos iniciado en el mes de diciembre por el Gobierno, al menos por ahora, porque por desgracia, este tema social, y a la vez polémico, de los arrendamientos urbanos siempre estará presente y serán otros partidos los que plantearán otras medidas.

En un post anterior, trate el tema de las votaciones en el régimen de propiedad horizontal en Cataluña en esta ocasión me centraré en “los ausentes” ¿se han de tener en cuenta para todo tipo de acuerdos?