1. Planteamiento
Llevo años, oyendo las quejas de Abogados de entidades bancarias que denuncian constantemente que muchos despachos presentan, constantemente, multiplicidad de demandas que incorporan pretensiones distintas para denunciar la nulidad, abusividad o irregularidad de las cláusulas de un mismo contrato de hipoteca, de préstamo, de tarjeta revolving…: una por la comisión de apertura, otra por los gastos, otra por los intereses de demora, otra por la restitución… Estas quejas son compartidas por muchísimos Letrados de la Administración de la Administración de Justicia que cuando están destinados en Tribunales especializados en la materia me atrevo a decir son un clamor.
Cuando, por el contrario, escucho a los Abogados de los consumidores las quejas son las contrarias: que las entidades bancarias y grandes empresas no actúan, no contestan, ponen pegas o excusas, les da igual los litigios, recurren para dilatar, ya sea en fondo ya por las costas, que los Tribunales no aplican suficientemente la temeridad en la condena en costas pese a que muchos productos o cláusulas son “tóxicos” o “abusivos”, según jurisprudencia firme y ni aún así proceden las entidades a su eliminación o a la correcta restitución de las cantidades.
Igualmente muchos Letrados de la Administración de Justicia aplican una especie de tarifa plana a esta tipología de pleitos corrigiendo la minuta sin esperar a la impugnación (tema éste sobre el que he escrito en este mismo blog (“Control de oficio de la minuta del Abogado en el trámite inicial de la tasación de costas”. Julio de 2022). Ya indiqué entonces que era contrario a estas resoluciones que, tratando de dar salida a los miles de incidentes de impugnaciones de tasación de costas, limitaban ab initio la misma. Ya escribí, dentro del respeto a otras opiniones, que no respetan la doctrina de la Sala Primera del TS que indica que no se puede limitar la tasación a priori sin esperar a la impugnación por la parte contraria salvo que supere el límite del 1/3. ATS, Sala Primera de lo Civil del 20 de julio de 2016 (SP/AUTRJ/864877) o más reciente ATS, Civil del 14 de febrero de 2023 (ROJ: ATS 3075/2023 – ECLI:ES:TS:2023:3075A)
Todo ello me lleva a la conocida pregunta ¿Qué fue antes la gallina o el huevo?. Cada Sector imputa al otro malas práxis.
Generalizar sin duda sería un error pero hay una realidad y es que la proliferación de demandas en este ámbito financiero y/o de consumo han colapsado el sistema judicial español. Se habla de la insostenibilidad del sistema.
El legislador siempre que afronta este problema opta por la misma solución: el intento de bajar la litigiosidad a toda costa. Las sucesivas Reformas desde el año 2009 hasta la última de la LO 1/2025 dan fe de ello: eliminación de recursos, exigencias previas como son la implantación y fomento de Medios Adecuados de Solución de Controversias obligatorios o popularmente conocidos como MASC (-siempre he reflexionado sobre el escaso acierto del término ¿Es que la Justicia no es ADECUADA?-) que tratan de sustituir o evitar el acceso a los Tribunales. Si acudimos a las estadísticas del año 2026 sin duda se ha conseguido cuando se ha disminuido la litigiosidad en un 30% pero no consta, o al menos a mi, el número de acuerdos alcanzados. Si éxito es sinónimo de acuerdo enhorabuena al legislador, si la disminución es fruto de un efecto disuasorio de los MASC habrá de concluirse que sí hay menos pleitos pero ha fracasado el Servicio Público de Justicia.
Igualmente, para evitar esta litigiosidad masiva, la Reforma de la LO 1/2025 regula el denominado “abuso del servicio de la Administración de Justicia” descrito como comportamiento reprochable ante los Tribunales que genera importantes efectos en las costas o incluso la posibilidad de multas (ex art. 247 LEC). Señala en la Exposición de Motivos de la LO 1/2025 “En este contexto, también es responsabilidad de la ciudadanía contribuir a la sostenibilidad del servicio público de Justicia”.
Si quiero hacerme toda una serie de preguntas:
Primera, poner trabas a la litigación ¿vulnera el ejercicio legítimo de los derechos del justiciable? ¿es la solución legítima o adecuada a la proliferación? La pluralidad de pleitos ¿está justificada por la incertidumbre y vaivenes jurisprudenciales o por la peculiaridad de las cláusulas?¿Obedece exclusivamente a conseguir una condena e incluso una multiplicidad de costas?¿Constituye ello un abuso del servicio de la Administración de Justicia?¿Es un negocio a cargo de las costas o una justificada estrategia jurídico procesal impuesta por los propios Tribunales y que sólo persigue asegurar el resultado?.
Esta litigación ¿No es más bien la reacción a un práctica bancaria y/o empresarial abusiva? ¿ha tenido y/o tiene en cuenta la Banca las exigencias que toda la normativa Comunitaria de consumo les impone?¿han fallado los organismos supervisores? ¿Como es posible que llevemos décadas asistiendo a la anulación sistemática de tantos producto financiero y clausulado múltiple incorporado a préstamos?: los Swaps (comercializados 2005-2008), las Participaciones preferentes y deuda subordinada (comercialización masiva 2008-2011), las Acciones de determinadas entidades, las hipotecas multidivisas, tarjetas revolving, microcréditos, las múltiples cláusulas en los prestamos (intereses, vencimientos anticipados, comisiones…) ¿Qué está pasando?Parece una constante, que, cada cierto tiempo, asistimos a prácticas comerciales o financieras que acaban en los Tribunales y colapsan el sistema con un efecto demoledor en otro tipo de pleitos.
Doctores tiene la iglesia y opiniones encontradas también.
Segunda. La tipología de procedimientos judiciales del país es amplísima en función de la materia e imponer universalmente soluciones judiciales homogéneas o generales (MASC, costas, abuso del servicio de la administración de justicia restricciones de recursos…) sin tener en cuenta esta disparidad es un tremendo error. Eliminar la litigiosidad masiva de los pleitos de consumo puede ser un objetivo legítimo pero debería centrarse en eso no en la implantación o extrapolación de soluciones generales que producen efectos no deseables en otra tipología de pleitos (familia, arrendamientos, propiedad horizontal, sucesorios o pleitos civiles en general). LOS MASC es un claro ejemplo.
2. El marco normativo tras la LO 1/2025
El nuevo concepto de Abuso del servicio público de justicia se introduce por la LO 1/2025 aunque en cierto manera ya existía en la jurisprudencia de nuestros Tribunales.
La pieza que conecta todo es el art. 7.4 LO 1/2025: si se inicia un proceso con el mismo objeto que la negociación previa intentada sin acuerdo, los tribunales deben tener en consideración la colaboración de las partes y el eventual abuso del servicio público de Justicia al pronunciarse sobre las costas o su tasación, y también para imponer multas o sanciones. El comportamiento extraprocesal, por tanto, entra de lleno en el pleito.
Dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil son muchos los preceptos reformados por la LO 1/2025:
El art. 247.3 y 4 LEC permite imponer, en pieza separada, una multa de 180 a 6.000 euros, sin exceder de la tercera parte de la cuantía del litigio, a la parte que actúe conculcando las reglas de la buena fe procesal o con abuso del servicio público de Justicia, con la posibilidad de dar traslado a los Colegios profesionales. Es una sanción autónoma, distinta de las costas.
En materia de costas, el art. 394.1, párrafo tercero, LEC dispone que, cuando la participación en un MASC sea legalmente preceptiva o se hubiere acordado, no habrá pronunciamiento de costas a favor de la parte que la hubiese rehusado expresamente o por actos concluyentes sin justa causa; ganar, por tanto, ya no garantiza las costas. El art. 394.2, párrafo segundo, permite, en caso de estimación parcial, condenar en costas en decisión debidamente motivada a la parte que no acudió sin causa justificada a un MASC. El art. 394.4 exime de costas a la parte requirente cuando la requerida rehusó la negociación previa, salvo que se aprecie abuso del servicio público de Justicia. Y el art. 395.1 impone las costas en el allanamiento anterior a la contestación si hay mala fe o abuso, presumiendo la mala fe cuando hubo requerimiento fehaciente previo o rechazo del acuerdo o del MASC ofrecido.
Por último, los arts. 71.2, 73 y 400 LEC (acumulación objetiva potestativa, requisitos de la acumulación y preclusión de hechos y fundamentos).
Sobre la falta de delimitación legal del concepto de abuso y sus problemas de aplicación, es muy recomendable el trabajo de M.ª José Achón Bruñén, «Modificación de las costas procesales en los procesos civiles por la LO 1/2025: deficiencias de la nueva regulación y problemas que va a suscitar».
3. ¿Acumular o no acumular? Criterios para decidir
El punto de partida del procedimiento es claro y la decisión que tiene que tomar el Abogado es clara ¿acumulo o no las acciones?. La acumulación es potestativa (art. 71.2 LEC) y el art. 400 LEC no obliga a acumular pretensiones distintas.
En 2014 escribí en este Blog sobre la preclusión de alegaciones y peticiones o el problema del art. 400 LEC, y mi conclusión, todavía con dudas, era que «lo aconsejable parece ser alegarlos todos en la demanda». Doce años después, el Tribunal Supremo ha despejado esas dudas por dos frentes. Hoy mi consejo es más rotundo: si las pretensiones nacen del mismo contrato o relación jurídica y pueden acumularse, acumúlelas, salvo que exista una razón objetiva —y documentable— para no hacerlo.
Como razones que pueden justificar demandas separadas podemos señalar las siguientes:
• Incertidumbre jurisprudencial razonable sobre una de las pretensiones (por ejemplo, cuestión prejudicial pendiente o doctrina contradictoria de Audiencias), que la propia STS 1599/2026 (SP/SENT/1306013) admite.
• Hechos o daños sobrevenidos o no cuantificables en el momento de la primera demanda, con la cautela de la TS de Pleno 191/2025, de 6 de febrero, rec. 2020/2024: no basta alegarlo si después se reclama sin cuantificar.
• Incompatibilidad procedimental o de competencia que impida la acumulación conforme al art. 73 LEC.
• Distinta legitimación pasiva o contratos diferentes, aunque sean de la misma entidad: la reiteración de contratos justifica la reiteración de demandas.
4. El caso concreto de la STS 1599/2026, de 9 de octubre, (SP/SENT/1306013)
4.1. Los hechos
Una prestataria presentó el mismo día dos demandas contra BBVA derivadas de un único préstamo hipotecario:
• En la primera, impugnaba la comisión de apertura y la cláusula de cesión del crédito.
• En la segunda, pedía la nulidad de la cláusula de intereses de demora, que nunca se había aplicado, y fijaba una cuantía de 48.688 euros, coincidente con la responsabilidad hipotecaria máxima por ese concepto.
El Juzgado declaró la nulidad, pero no impuso las costas a la entidad. La Audiencia Provincial de Bizkaia confirmó ese pronunciamiento y el Tribunal Supremo también lo ha confirmado.
4.2. La solución del TS en cinco ideas
1.Una cláusula abusiva no legitima cualquier forma de litigar. El proceso no puede convertirse en un «mero instrumento de lucro personal o empresarial».
2. La división artificial de reclamaciones para multiplicar la condena en costas es abuso del servicio público de Justicia, y opera como criterio para modular la imposición de costas al margen del resultado de cada procedimiento.
3. No acumular no es, por sí solo, abusivo: «el solo hecho de no acumular determinadas acciones no constituye per se una actuación abusiva o de mala fe». Hace falta acreditar la falta de justificación objetiva y una finalidad predominante de ventaja procesal impropia.
4.Una incertidumbre jurisprudencial razonable puede justificar demandas sucesivas. Tampoco el ejercicio reiterado de acciones similares es abuso si responde a contratos o prácticas también reiterados.
5.No se crea una causa general de inadmisión. La consecuencia se proyecta sobre las costas (y, en su caso, sobre las demás herramientas frente al abuso), no sobre el acceso a la jurisdicción.
5. Otros antecedentes
Ya existían en otros ámbitos, como el derecho al honor, antecedentes de lo que era el abuso en el servicio de la administración de Justicia.
El primer antecedente a la sentencia que se expone es la STS 1715/2024, de 20 de diciembre (SP/SENT/1241333), que en un caso de micro préstamo y de nulidad por usura y abusividad de las cláusulas de intereses remuneratorios y moratorios calificó como abusivo el litigio provocado para obtener un beneficio espurio y anticipó el concepto de abuso antes incluso de la entrada en vigor de la LO 1/2025.
El segundo, y el más importante, es la STS de Pleno 191/2025, de 6 de febrero, rec. 2020/2024 (SP/SENT/1259699) según la cual, sobre una misma relación jurídica, solo se admiten litigios sucesivos (declarativo y luego de condena dineraria) cuando una incertidumbre justifica el pronunciamiento declarativo previo; si no es así, la segunda demanda está precluida (art. 400 LEC), y el fraccionamiento injustificado es «constitutivo de un abuso del proceso».
Y conviene no perder de vista la STS 35/2021, de 27 de enero (SP/SENT/1081490), que impone las costas al predisponente cuando se estima la pretensión del consumidor, por el principio de efectividad del Derecho de la UE. La STS 1599/2026 no la contradice: la protección del consumidor no ampara el uso abusivo del proceso.
La lectura conjunta es clara: la STS 191/2025 (SP/SENT/1259699) ataca la fragmentación por la vía de la preclusión (la segunda demanda puede no prosperar) y la STS 1599/2026 (SP/SENT/1306013) lo hace por la vía de las costas (la segunda demanda puede prosperar, pero sin premio en costas). Son dos riesgos distintos y acumulables para quien trocea.
6. Conclusión
Así pues como señala la STS 1599/2026, de 9 de octubre (SP/SENT/1306013) aunque acumular las acciones que derivan del mismo contrato no es obligatorio, porque la acumulación inicialmente es potestativa (art. 71.2 LEC), debe valorarse el hacerlo porque el fraccionamiento injustificado puede tener consecuencias perjudiciales que se resumen en dos:
La primera es la posible preclusión de la segunda demanda cuando la pretensión pudo deducirse en la primera y no había incertidumbre que justificara la división (art. 400 LEC y STS de Pleno 191/2025, de 6 de febrero, (SP/SENT/1259699).
La segunda es la pérdida de las costas aun ganando el pleito, porque el abuso del servicio público de Justicia modula el criterio del vencimiento objetivo (arts. 394 LEC y 7.4 LO 1/2025 y STS 1599/2026, . No toda pluralidad de demandas es abusiva: hay que acreditar la falta de justificación objetiva y la finalidad de ventaja procesal impropia, y una incertidumbre jurisprudencial razonable justifica las demandas sucesivas. Además de no imponer las costas, cabe la multa de 180 a 6.000 euros del art. 247.3 y 4 LEC, con el límite de un tercio de la cuantía.
La STS 1599/2026 (SP/SENT/1306013) no es una sentencia contra el consumidor ni contra los despachos que litigan en masa. Es una sentencia contra una forma concreta de litigar: la que convierte el proceso en un medio para multiplicar honorarios a cargo de la otra parte y del sistema. Con la LO 1/2025, el legislador ha dado a los tribunales una herramienta —el abuso del servicio público de Justicia— que ya están utilizando, y el Supremo ha marcado el camino.
Lo que antes era una estrategia «agresiva» hoy es, sencillamente, un riesgo profesional que debe advertirse al cliente.
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