Notas previas

La compra de un vehículo es una de las operaciones que pueden presentarse con más frecuencia en el ámbito del derecho de consumo, operación que genera conflictos cuando, después de la venta, surgen problemas que impiden o dificultan su uso normal, siendo múltiples las dudas que pueden surgir en cuanto a los derechos que corresponden al comprador y que vamos a exponer a continuación.

La primera pregunta que debemos formular para intentar asesorar al comprador no es qué ha fallado, sino si el vehículo fue adquirido a un particular o a un profesional, pues de la respuesta dependerá que el comprador quede sujeto al régimen de saneamiento por vicios ocultos regulado en el Código Civil (en adelante, CC), o pueda acogerse a la garantía del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, TRLGDCU), que fue objeto de reforma por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que transpuso la Directiva (UE) 2019/771.

Contrato de compraventa

En primer lugar, es importante la formalización entre las partes de un contrato de compraventa, este aspecto facilitaría las cosas de cara a una posible reclamación.

Son muchas las consultas que recibimos preguntándonos qué ocurre si las partes llegaron a un acuerdo verbalmente. El hecho de que el contrato no conste por escrito no es problema, puesto que el mismo goza de validez jurídica siempre que cumpla los requisitos del art. 1.261 CC, ya que en nuestro Derecho rige el principio espiritualista que no exige forma alguna para la validez de los contratos, que serán obligatorios cualquiera que sea la forma en la que se hayan celebrado, según el art. 1.278 CC.

El principal inconveniente que nos encontramos en el caso de los contratos verbales es el de la prueba, siendo necesario demostrar lo que se pactó entre las partes, lo cual podrá hacerse aportando algún justificante de pago o documento que evidencie la entrega del vehículo y el pago de su precio, elementos esenciales del contrato de compraventa.

Reclamación

Una vez acreditada la existencia de un vínculo contractual entre el comprador y el vendedor podrá ejercitarse la correspondiente acción para reclamar las averías o defectos que presente el vehículo.

Como adelantábamos en la introducción, el régimen jurídico aplicable varía en función de la condición del vendedor. En efecto, no recibe la misma protección quien adquiere un vehículo a un particular que quien lo compra a un profesional o concesionario. Comenzaremos analizando el supuesto de la compraventa entre particulares.

Compraventa entre particulares

El Código Civil ofrece dos sistemas de protección al comprador cuando el bien adquirido presenta averías que impiden su normal funcionamiento:

1.- Entrega de cosa diversa, o aliud pro alio: Cuando se trata de defectos que hacen que el vehículo adquirido resulte completamente inhábil para el uso al que iba destinado: estaríamos en presencia de entrega de cosa diversa, figura denominada también como aliud pro alio que tiene lugar cuando existe pleno incumplimiento por inhabilidad del objeto y consiguiente insatisfacción del comprador, que puede solicitar la resolución de la compraventa y acudir a la protección dispensada por los artículos 1124 y 1101 del Código Civil.

Es interesante saber que esta acción está sujeta al plazo general de cinco años del art. 1964.2 CC.

Cuando estamos ante una alteración de la identidad del bien (por ejemplo, cuando el número de bastidor no coincide con la ficha técnica o en casos de manipulación del kilometraje), podría plantearse la anulación del contrato por error o dolo. En este caso, el plazo de ejercicio sería de cuatro años, conforme el art. 1301 CC.

2.- Vicios ocultos: La segunda opción tiene lugar si el vehículo presenta vicios ocultos en el momento de la venta. Un vicio oculto es un defecto grave que afecta al vehículo vendido, preexistente a la compra (es decir, que ya existía en el momento en el que se produjo la adquisición, aunque sus consecuencias se manifestaran con posterioridad) y que no está a la vista, no es perceptible por un comprador medio. Este defecto hace al vehículo impropio para su uso o lo disminuye de tal modo que, de haberlo conocido el comprador, no lo habría adquirido o habría pagado menos precio por él.

Ahora bien, para exigir el saneamiento por los vicios o defectos ocultos el comprador dispone de un plazo de 6 meses a contar desde la entrega del vehículo (art. 1490 CC), plazo de caducidad, que no admite interrupción.

¿Qué puede reclamar el comprador?

En los supuestos de aliud pro alio, el comprador puede solicitar la resolución de la compraventa y acudir a la protección dispensada por los arts. 1.124 y 1.101 CC. En estos casos el comprador estaría obligado a devolver el vehículo y el vendedor debería devolver el precio obtenido, además de indemnizar los daños y perjuicios que se acrediten.

Si se opta por la anulación por error o dolo, las partes deberán restituirse recíprocamente el vehículo y el precio (art. 1.303 CC) y, si ha mediado dolo, podrá reclamarse además la indemnización de los daños y perjuicios causados.

En los casos de vicios ocultos, el Código Civil concede al comprador una protección conocida con el nombre de acciones edilicias, reguladas en los arts. 1.484 y ss. CC, que le permiten optar entre:

• Acción redhibitoria: desistir del contrato, con devolución del precio y de los gastos que se hubieran pagado.
• Acción estimatoria o «quanti minoris»: mantener el contrato y obtener una rebaja proporcional del precio, a juicio de peritos (art. 1.486 CC).

Jurisprudencia de interés

Constituyen vicios ocultos los desperfectos que afectan a la seguridad o a la utilidad del vehículo, pero no los derivados del desgaste propio de su antigüedad o uso normal, siempre que tales elementos no resulten inservibles. AP A Coruña, Sec. 5.ª, 303/2026, de 6 de mayo (SP/SENT/1295905).

La grave avería en los frenos del vehículo, preexistente a la compraventa y que lo hace inhábil para su uso, constituye un supuesto de aliud pro alio que da lugar a la acción resolutoria ejercitada. AP Burgos, Sec. 3.ª, 67/2026, de 26 de febrero (SP/SENT/1287528).

Vendedor profesional

Si la compra del automóvil se realiza a través de un profesional (es decir, un concesionario o servicio de compraventa), la cobertura de la garantía viene recogida en el TRLGDCU, arts. 114 a 126 bis, vigentes desde el 1-1-2022 (fecha en la que entró en vigor la reforma operada por el RD-Ley 7/2021, de 27 de abril).

La garantía legal protege al comprador consumidor que adquiere de un vendedor profesional, ya se trate de un vehículo nuevo o de segunda mano. Esta garantía legal es imperativa, y cualquier cláusula que la limite es abusiva conforme al art. 86.1 TRLGDCU.

Para poder acudir a este texto normativo es imprescindible que el comprador tenga la condición de consumidor. Si quien firma el contrato como comprador es una sociedad, aunque el vehículo se destine al uso privado de su gerente, no se aplica la normativa de consumo, sino el Código Civil.

La garantía legal cubre aquellas situaciones en las que el vehículo presente una falta de conformidad. Este concepto, más amplio que el de vicio oculto, exige analizar si el vehículo entregado se corresponde con lo pactado, con lo ofrecido por el vendedor y con las expectativas legítimas que pueda tener un consumidor respecto de un vehículo de las mismas características.

¿Qué responsabilidad tiene el vendedor por las faltas de conformidad?

Esta responsabilidad se articula en torno a tres aspectos importantes:

1. Plazo durante el cual responde frente al consumidor: el empresario responde de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del vehículo y que se manifiesten dentro de los tres años siguientes a dicha entrega (art. 120.1 TRLGDCU). En el caso de vehículos de segunda mano, empresario y consumidor pueden pactar un plazo menor, que en ningún caso podrá ser inferior a un año desde la entrega.
2. Presunción de la existencia de la falta de conformidad: las faltas de conformidad que se manifiesten durante los dos años siguientes a la entrega se presumen existentes en ese momento, salvo que el empresario demuestre lo contrario (art. 121.1 TRLGDCU).
3. Plazo de prescripción: las acciones para exigir responsabilidad por una falta de conformidad prescriben a los cinco años desde que esta se manifestó (art. 124 TRLGDCU). Es importante saber que este plazo de cinco años es el tiempo del que dispone el consumidor para hacer valer judicialmente sus derechos una vez detectado el incumplimiento, distinto del plazo de garantía.

Importante destacar en este punto que esta responsabilidad no puede limitarse por vía contractual. Así, la cláusula que condiciona la garantía legal a un número máximo de kilómetros sería abusiva y se tendría por no puesta, por lo que el vendedor respondería durante todo el plazo legal.

¿Qué puede reclamar el consumidor?

Ante una falta de conformidad, el consumidor puede optar inicialmente entre la reparación o la sustitución del vehículo (art. 118 TRLGDCU). No obstante, el empresario podrá rechazar la opción elegida cuando resulte imposible de llevar a cabo o suponga un coste desproporcionado en comparación con el remedio alternativo, teniendo en cuenta el valor del vehículo, la entidad de la falta de conformidad y la posibilidad de aplicar la otra medida sin inconvenientes significativos para el consumidor.

Ambas opciones (reparación/sustitución) deben realizarse de forma gratuita para el consumidor.

El art. 119 TRLGDCU habla de los casos en los que el consumidor podrá pedir la rebaja del precio y la resolución del contrato, pero hay que tener en cuenta que estos remedios tienen carácter subsidiario respecto de la reparación y la sustitución.

La resolución del contrato únicamente queda excluida cuando la falta de conformidad sea de escasa entidad, circunstancia cuya acreditación corresponde al empresario (art. 119 ter TRLGDCU).

Finalmente, mientras el vendedor no cumpla con las obligaciones derivadas de la garantía legal, el consumidor puede suspender el pago de cualquier cantidad pendiente, facultad que constituye una manifestación expresa de la excepción de contrato no cumplido recogida en el art. 117.1 TRLGDCU.

Jurisprudencia de interés

Manifestada la falta de conformidad del vehículo usado dentro del año siguiente a la entrega, se presume preexistente, por lo que procede la rebaja del precio limitada al coste de un motor de segunda mano, pues uno nuevo enriquecería al consumidor. AP Valencia, Sec. 8.ª, 502/2026, de 29 de abril (SP/SENT/1298904).

La falta de conformidad es un concepto más amplio que el vicio oculto del CC. Los remedios del consumidor siguen un orden: primero reparación o sustitución y, de forma subsidiaria, rebaja del precio o resolución. AP Barcelona, Sec. 4.ª, 542/2025, de 4 de julio (SP/SENT/1263458).

Cuadro resumen: plazos y remedios

Por tanto, y a la luz de lo expuesto, en nuestra opinión la clave de toda reclamación está en identificar el régimen, ya que de esa elección dependerán los plazos, la carga de la prueba y los remedios de los que dispondrá el comprador.

Para finalizar, y a modo de resumen, incluimos un cuadro comparativo con los plazos y remedios que ofrecen el Código Civil y el TRLGDCU.