El pasado jueves, 28 de mayo, conocíamos la noticia de que la Comisión Europea había impuesto una multa histórica de 200 millones de euros a Temu, popular plataforma china de comercio electrónico y compras en línea. Se trata de la mayor sanción impuesta hasta la fecha por la Comisión Europea a una empresa tecnológica.
Como señala la propia Comisión Europea en esta nota de prensa la sanción responde a la falta de diligencia debida de la compañía en la identificación, análisis y evaluación de los riesgos sistémicos derivados de la venta de productos ilegales en su catálogo, así como al perjuicio efectivo ocasionado a los consumidores europeos.
Preceptos infringidos
La sanción tiene su origen en el incumplimiento de los requisitos del artículo 34 y 35 del Reglamento (UE) 2022/2065 de Servicios Digitales (en adelante, DSA). En virtud de estos preceptos las plataformas en línea de muy gran tamaño designadas deben evaluar diligentemente los riesgos sistémicos vinculados a sus servicios y adoptar las medidas de mitigación adecuadas, proporcionadas y eficaces para reducir dichos riesgos.
Detalles de la infracción
Estos son los motivos que han llevado a la Comisión Europea a imponer la sanción a Temu:
- Evaluación de riesgos sistémicos: La infracción más grave radica en que Temu no identificó, analizó ni evaluó diligentemente los riesgos sistémicos derivados de la comercialización de los productos ilegales en su plataforma, así como el daño resultante para los consumidores.
- Incumplimiento de los estándares de evaluación (Ejercicio 2024): El informe presentado por la compañía no cumplió con las normas establecidas por los siguientes motivos:
- Falta de pruebas específicas: La evaluación se basó en información general del sector del comercio electrónico en lugar de aportar pruebas concretas sobre su propio servicio.
- Subestimación de la frecuencia de riesgo: La plataforma minimizó seriamente la probabilidad de que los usuarios encontraran artículos ilegales. Sin embargo, ejercicios de «compras misteriosas» demostraron altas tasas de productos peligrosos, como cargadores eléctricos que fallaron pruebas básicas y juguetes con sustancias químicas prohibidas o riesgo de asfixia.
- Omisión del impacto del diseño: No se analizaron adecuadamente los riesgos amplificados por el diseño del servicio. Esto incluye cómo sus sistemas de recomendación y los programas de promoción mediante influencers afiliados podrían facilitar la difusión de estos productos no conformes
- Falta de medidas de mitigación: Bajo la DSA, las plataformas de muy gran tamaño están obligadas no solo a evaluar riesgos, sino a implementar medidas de mitigación adecuadas para neutralizarlos. La Comisión considera probado que Temu falló en sus mecanismos de control para filtrar y frenar la distribución de artículos falsificados e inseguros en el mercado común.
Consecuencias legales y próximos pasos
De acuerdo con lo establecido en el art. 75 de la DSA, Temu deberá presentar un plan de acción antes del 28 de agosto de 2026.
Este documento deberá establecer medidas concretas para remediar el incumplimiento de sus obligaciones en materia de evaluación de riesgos.
Una vez recibido, el Comité Europeo de Servicios Digitales tendrá un mes para emitir un dictamen. Posteriormente, la Comisión dispondrá de otro mes para adoptar una decisión final y fijar un «plazo razonable» para la aplicación de dichas medidas.
Hay que tener en cuenta que el incumplimiento del plan podrá conllevar la imposición de multas coercitivas adicionales.
Esta histórica sanción marca un punto de inflexión en la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales. Como se subraya en la nota de prensa las evaluaciones de riesgo han dejado de ser «meros trámites burocráticos» para convertirse en la «columna vertebral» de la seguridad en internet.
En Sepín somos plenamente conscientes de la relevancia y complejidad de esta problemática en un entorno en el que la contratación electrónica se ha consolidado como la forma predominante de contratación, en particular ante el creciente protagonismo de las plataformas intermediarias en la articulación de las relaciones jurídicas en el mercado digital.
Por ello, hemos publicado recientemente la monografía titulada “Protección de los consumidores en la contratación a través de plataformas intermediarias”, en la que se aborda de forma rigurosa y sistemática el régimen de protección de los consumidores, incorporando además un estudio detallado del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y sus implicaciones prácticas.
