La solicitud por el Fiscal del desalojo de viviendas “okupadas”. La nueva Instrucción de la Fiscalía

El problema de las “okupaciones” de inmuebles ha sufrido un incremento cuantitativo en los últimos meses y la opinión pública se ha alzado frente a la falta de eficacia policial y judicial, en que no solo no se expulsa al “okupa”, sino que este se vuelve a veces con violencia contra el legítimo propietario o poseedor, incluso a extorsionarle. La nueva Instrucción de la Fiscalía General del Estado viene a recordar a los Fiscales los mecanismos legales con los que actualmente cuentan y, sobre la base de ellos, a marcarles las directrices para que, ante determinados supuestos, insten la medida cautelar de desalojo del inmueble.

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Absentismo escolar en tiempos de COVID-19: parámetros penales y civiles de responsabilidad

Tras la vuelta de las vacaciones la situación sanitaria actual derivada del repunte de los casos de contagios y fallecimientos por COVID-19 está provocando un intenso debate acerca de la vuelta al colegio de nuestros hijos. En el presente trabajo se analiza la problemática y la hipotética responsabilidad penal y civil de los padres que se niegan a que sus hijos acudan a clase en este escenario tan preocupante

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Versión 2.0 del sistema de plazos del proceso penal: nueva redacción del art. 324 LECrim

En el Boletín Oficial del Estado de hoy se publica la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a los plazos máximos de instrucción de los procedimientos penales, que entra en vigor el 29 de julio de 2020. En este interesantísimo post, los Fiscales Jaime Moreno Verdejo y Pedro Díaz Torrejón se adentran en el nuevo texto del precepto y apuntan sus principales características, así como posibles problemas interpretativos que pueden surgir con motivo de la aplicación del nuevo texto.

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La inminente reforma de los plazos máximos de instrucción del proceso penal

En estos momentos nuestro Parlamento está tramitando la reforma del polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativo a los plazos máximos de instrucción del proceso penal ¿En qué consiste esa reforma? ¿Qué aspectos concretos se modifican respecto a la regulación vigente? ¿Realmente supone una mejora? En el presente post se dan respuesta a estas cuestiones desde la opinión personal del autor

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El régimen punitivo derivado del estado de alarma. Más sombras que luces

La declaración del estado de alarma incluyó una limitación a la libertad de movimientos de los ciudadanos, cuyo incumplimiento se tradujo en miles de denuncias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la vez que detenciones, que a su vez dieron lugar al inicio de procedimientos administrativos sancionadores y de diligencias previas en Juzgados de instrucción. Los autores analizan la fundamentación jurídica de ambas clases de procedimientos y alcanzan la conclusión de la debilidad jurídica del régimen punitivo aplicable

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El plazo máximo de duración de la instrucción penal tras el fin del estado de alarma: ¿es razonable la posición de la fiscalía?

El pasado 30 de abril de 2020 la Fiscalía General del Estado emitió un informe en el que, entre otras cuestiones, concluía que en la actual situación de estado de alarma por Covid-19, el cómputo del plazo de seis meses para la instrucción de las causas penales (art. 324 LECrim) se reiniciará desde cero desde el día siguiente hábil a aquel en que cese dicho estado de alarma. En el presente post se efectúa un análisis crítico del informe y especialmente de la citada conclusión

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Plazos de prescripción de los delitos durante el estado de alarma declarado por el COVID-19

La declaración del estado de alarma por el COVID-19 llevó consigo, entre otras medidas, la suspensión de determinados plazos durante su vigencia ¿Se extiende esa suspensión de plazos a la prescripción de los delitos? Los Fiscales Jaime Moreno Verdejo y Pedro Díaz Torrejón se adentran en esta interesante cuestión

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