El pasado 30 de abril de 2020 la Fiscalía General del Estado emitió un informe en el que, entre otras cuestiones, concluía que en la actual situación de estado de alarma por Covid-19, el cómputo del plazo de seis meses para la instrucción de las causas penales (art. 324 LECrim) se reiniciará desde cero desde el día siguiente hábil a aquel en que cese dicho estado de alarma. En el presente post se efectúa un análisis crítico del informe y especialmente de la citada conclusión

La declaración del estado de alarma por el COVID-19 llevó consigo, entre otras medidas, la suspensión de determinados plazos durante su vigencia ¿Se extiende esa suspensión de plazos a la prescripción de los delitos? Los Fiscales Jaime Moreno Verdejo y Pedro Díaz Torrejón se adentran en esta interesante cuestión

Son varios los interrogantes que se suscitan por el incumplimiento de la obligación de confinamiento, entre ellos, los límites entre la infracción administrativa y la penal. El incumplimiento de la norma de alcance general dirigida a toda la población ¿ya es suficiente para considerarlo delito de desobediencia o es necesario el requerimiento personal al ciudadano por parte del agente de la autoridad? En el presente post los Fiscales Jaime Moreno Verdejo y Pedro Díaz Torrejón responden a estas cuestiones y analizan la casuística que se está produciendo en la práctica, con una visión muy útil especialmente para los abogados de oficio que atiendan a detenidos por estas conductas