I. Introducción
Aceptar una herencia a beneficio de inventario limita la responsabilidad por las deudas del causante, pero no protege frente a todas las obligaciones que puedan surgir después. Según el criterio del Tribunal Supremo que se analiza en este artículo, los intereses de demora derivados de una suspensión o un aplazamiento solicitados por el propio sucesor pueden constituir una deuda personal, fuera de la protección prevista en los artículos 1.023 y 1.033 del Código Civil.
La distinción tiene una consecuencia práctica importante: si el heredero o legatario solicita suspender el cobro de una deuda tributaria del causante, los intereses generados por esa decisión pueden exigirse sobre su patrimonio personal, sin quedar limitados al valor de los bienes heredados. Por ello, el asesoramiento sobre la aceptación a beneficio de inventario debe incluir también los efectos de solicitar la suspensión o el aplazamiento del pago.
II. Deudas tributarias y beneficio de inventario: ¿dónde está el límite?
La concurrencia de normas sucesorias y tributarias plantea dudas frecuentes en la tramitación de una herencia. Una de ellas es hasta dónde llega la protección del beneficio de inventario cuando el causante deja deudas tributarias pendientes.
La cuestión cobra especial relevancia si esas deudas se encuentran en vía ejecutiva o están siendo impugnadas: ¿abarca el beneficio de inventario los intereses que se generan cuando el sucesor solicita suspender su cobro?
El artículo 1.023 del Código Civil permite al heredero mantener separados su patrimonio y el de la herencia: responde de las deudas y cargas del causante solo hasta donde alcancen los bienes heredados. Por su parte, el artículo 39 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), prevé la transmisión de las obligaciones tributarias pendientes tras el fallecimiento, sin perjuicio de las normas civiles sobre el beneficio de inventario.
El problema surge cuando el propio sucesor solicita suspender el pago durante la tramitación de un recurso y este se desestima. ¿Los intereses generados durante la suspensión son una carga de la herencia o una obligación personal del solicitante? Esa es la distinción que aborda la sentencia analizada.
III. El caso: de la deuda del causante a los intereses girados a la legataria
Para comprender el alcance de la resolución, conviene repasar la secuencia de los hechos.
En 2001 falleció el causante. En su testamento había atribuido a su nieta el tercio de mejora, como legataria de parte alícuota. Esta aceptó la atribución a beneficio de inventario.
Al fallecer, el causante mantenía un litigio sobre el IRPF del ejercicio 1992.
En 2011, tras la estimación parcial de un recurso por el Tribunal Supremo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) dictó un acuerdo de ejecución y exigió a los sucesores el pago de la deuda en proporción al valor de los bienes adjudicados. La legataria solicitó aplazamientos con dispensa de garantías en 2011 y 2012. En 2013 se denegó la prórroga y, en 2014, la AEAT emitió las providencias de apremio.
La legataria recurrió y obtuvo la suspensión del cobro de la deuda en vía de apremio durante la reclamación económico-administrativa y el posterior procedimiento contencioso-administrativo. La impugnación concluyó con una sentencia desestimatoria en 2020.
Una vez levantada la suspensión, la AEAT liquidó a la legataria los intereses de demora devengados durante ese período. Ella impugnó la liquidación porque entendía que esos intereses debían pagarse con cargo a la herencia, no con su patrimonio personal.
IV. Las dos posiciones: deuda hereditaria u obligación personal
La cuestión de interés casacional consiste en determinar quién responde de los intereses derivados del aplazamiento o la suspensión solicitados por el propio sucesor: ¿son una deuda personal o una carga de la herencia sujeta al beneficio de inventario? Para resolverla, se examinan los artículos 25, 26 y 39 de la LGT en relación con los artículos 1.023 y 1.033 del Código Civil.
La legataria invocó el artículo 25 de la LGT para defender el carácter accesorio de los intereses respecto de la deuda principal. A su juicio, si la responsabilidad por la deuda del causante está limitada por el beneficio de inventario, esa misma limitación debe alcanzar a los intereses y recargos vinculados a ella. Separarlos supondría convertir en ilimitada una responsabilidad legalmente limitada.
Como argumento adicional, sostuvo que los intereses debían considerarse gastos de administración de la herencia conforme al artículo 1.033 del Código Civil. Desde esa perspectiva, serían gastos de conservación, defensa o administración del caudal hereditario y deberían abonarse con cargo a la herencia, al no haber dolo ni mala fe.
La Administración defendió, en cambio, que los intereses constituían una obligación nueva, nacida de los actos de la propia sucesora. No existían al fallecer el causante: se generaron años después, cuando la legataria decidió solicitar la suspensión del pago de una deuda firme e individualizada.
También rechazó la aplicación del artículo 1.033 del Código Civil. Según su tesis, la administración hereditaria termina con la adjudicación de los bienes, y diferir el pago mediante recursos responde a una decisión particular del interesado, no a una necesidad de conservación de la herencia.
V. La clave del Supremo: distinguir los intereses heredados de los generados después
El Tribunal Supremo distingue entre las deudas que proceden del causante y las obligaciones que nacen de actuaciones posteriores del sucesor. El beneficio de inventario del artículo 1.023 del Código Civil limita la responsabilidad por las primeras, pero no ofrece una protección general frente a las segundas.
Los intereses devengados antes del fallecimiento e integrados en las deudas del causante forman parte del pasivo hereditario. Por ello, su pago queda sujeto a la limitación de responsabilidad propia del beneficio de inventario.
Distinto es el caso de los intereses generados por la suspensión que la legataria solicitó voluntariamente respecto de una deuda tributaria firme en vía de apremio, que podía haberse pagado realizando bienes de la herencia. Esos intereses no se heredan: nacen de la decisión posterior de diferir el pago. Se consideran, por tanto, obligaciones nuevas del sucesor, ajenas al pasivo hereditario preexistente y no cubiertas por el beneficio de inventario.
Intereses heredados: Son los devengados antes del fallecimiento del causante. Están protegidos por el beneficio de inventario (art. 1.023 del Código Civil), por lo que la responsabilidad por su pago se limita al caudal relicto.
Intereses generados:Son los devengados tras la solicitud de suspensión o aplazamiento por el heredero. Constituyen una deuda personal ilimitada y pueden exigirse directamente sobre su patrimonio propio.
VI. Por qué no son gastos de administración de la herencia
El Supremo recuerda que los intereses derivados de la suspensión compensan a la Administración por el retraso en el cobro. No son, en este caso, gastos necesarios para conservar la herencia en el sentido del artículo 1.033 del Código Civil, sino el coste financiero de la decisión personal del sucesor de posponer el pago de una deuda firme.
En consecuencia, la legataria de parte alícuota debe pagar con su patrimonio los intereses de demora derivados de la suspensión que ella solicitó, aunque haya aceptado a beneficio de inventario. Su responsabilidad por esos intereses no queda limitada al valor de lo recibido en la herencia.
Lo determinante es el origen de la obligación, no que el sucesor sea heredero o legatario de parte alícuota. Tampoco cabe repartir proporcionalmente esos intereses entre los demás integrantes de la comunidad hereditaria como gastos necesarios de conservación, porque no tienen esa naturaleza.
VII. A valorar antes de solicitar una suspensión
Aceptar a beneficio de inventario no permite asegurar que una deuda tributaria del causante nunca afectará al patrimonio personal del sucesor. Si este solicita la suspensión o el aplazamiento del pago, los intereses derivados de esa decisión pueden quedar a su cargo y acumularse durante años.
Por ello, antes de solicitar la suspensión conviene explicar al cliente, por escrito, que los intereses derivados de ella no estarán cubiertos por el beneficio de inventario. El asesoramiento debe valorar las posibilidades de éxito de la impugnación y la alternativa de abonar la deuda con cargo a la herencia, sin renunciar a continuar el recurso, para evitar el devengo de esos intereses.
