Nulidad de multa «incomprensible» que no respeta los principios de proporcionalidad e individualización de la sanción

Miguel Guerra Pérez

Codirector de Sepín Tráfico. Abogado

Lamentablemente son muchas las quejas al efecto que nos llegan a nuestra web y hemos denunciado las irregularidades, desgraciadamente demasiado frecuentes, que se producen en el ámbito circulatorio sancionador: desde defectos en las notificaciones -que denunció el propio Informe del Defensor del Pueblo ya en el año 2011- a vulneraciones de los principios de Legalidad y Proporcionalidad e incluso defectos de técnica legislativa que llevaron a la anulación de algunas normas de Ayuntamientos y CCAA por nuestros Tribunales.

De nuevo el Tribunal Constitucional nos deja constancia de una irregularidad más y la STC, Sala Segunda, 199/2014, de 15 de diciembre estima el amparo frente a un conductor que fue sancionado por «rebasar un semáforo en fase roja», con multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos.

Y la pregunta que hay que hacerse es ¿entiende un ciudadano medio los boletines de denuncia que nos entregan los agentes de la autoridad y movilidad y lo que reflejan? Esa cita referenciada a artículos, abreviaturas y claves ¿es suficiente para dar cumplimentadas las exigencias de información de la sanción y precepto vulnerado?

Mucho nos tememos que estamos asistiendo a una generación de multas en masa, sin duda fruto de los procedimientos informáticos que no respetan las exigencias legales.

En el caso de la Sentencia se limitó a señalar como precepto infringido «6 ORD. MOV.» y clave y calificación de la infracción «6/056 GRAVE».

Señala el TC que la aplicación de esta clave que determinaba una cuantía fija de la multa no respetaba el principio de proporcionalidad y no existía ninguna referencia a la individualización de la sanción.

Pensemos que a este ciudadano, como podría pasarnos a cualquiera de nosotros, se le sanciona por remisión a unas claves lo que conlleva que al final se le imponga una multa en una cuantía fija.

Como señala el TC no parece clara la referencia al ordenamiento aplicable. «6. ORD. MOV» y eso ¿qué es?. Si para los expertos en Derecho nos cuesta localizar una norma ¿cómo localizar una citada de forma incompleta sin todos los datos y sin publicación?

El propio TC en su Sentencia tiene que concretar cuál es y eso se agrava si tenemos en cuenta los frecuentes cambios legislativos del ordenamiento sancionador en el ámbito circulatorio.

Por otro lado, señala la Sala que «la referencia a la clave no resulta en principio comprensible para un ciudadano normal, lo cual se denunció por el recurrente tanto en vía administrativa como en el proceso a quo. Sin embargo, ninguna mención explicativa se realiza en relación a la citada clave en el proceso a quo, ni tan siquiera en este proceso de amparo«.

Ello obliga a la Sala a averiguar donde está el cuadro de claves que no aparece referenciado en ningún momento, puede constatarse que lo que se aplica es el decreto de fecha 3 de noviembre de 2005, dictado por el concejal del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid, por el que se aprueba el nuevo cuadro de claves de infracciones a la normativa de circulación vial («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», núm. 278, de 22 de noviembre de 2005) en que se fijaba una cuantía fija de multa a las infracciones.

Y aquí es donde queremos incidir. La aplicación de sistemas informáticos que permiten la generalización de las sanciones no pueden conllevar su imposición automática incomprensible para un ciudadano de a pie y que no respete las circunstancias concretas concurrentes. No todas las infracciones son iguales ni todas merecen la misma sanción.

Por eso la Sala señala que la aplicación de esta clave que determinó una cuantía fija de la multa, no respetaba el principio de proporcionalidad y no existiendo ninguna referencia a la individualización de la sanción se vulneraban:

– El derecho fundamental a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE).

– El principio de seguridad jurídica también garantizado constitucionalmente (art. 9.3 CE), que exige que cuando la Administración ejerce la potestad sancionadora sea la propia resolución administrativa que pone fin al procedimiento la que, como parte de su motivación identifique expresamente o, al menos, de forma implícita el fundamento legal de la sanción, sin que el órgano judicial pueda fundar la sanción en un precepto diferente.

No se puede «fabricar multas como chorizos» y desde luego no se puede hacer de forma ilegible e incomprensible como pone de manifiesto esta sentencia. Las claves dejémoslas para las novelas de misterio.

Una última reflexión ¿cuanto le ha costado a este ciudadano que los Tribunales le dieran la razón? Y más grave ¿cuánto nos ha costado a todos? sin duda es encomiable que por 200 euros y cuatro puntos haya agotado toda la vía administrativa, la judicial y haya llegado hasta el TC, pero ¿cuantos lo hacen?

Sin duda estamos ante un verdadero Hércules, porque el coste y el esfuerzo lo habrían desaconsejado a cualquiera.

Hemos denunciado, y lo seguiremos haciendo, que los costes, la exigencia de la tasa y costas han acabado de facto con el control judicial de legalidad de la actividad administrativa sancionadora de escasa cuantía y esto lo diremos una vez más no lo podemos compartir. Es la garantía del estado de derecho lo que está en juego. Y no existe distinción entre ESTADO DE DERECHO y estado de derecho por razón de la importancia, el concepto es único.

4 comentarios en “Nulidad de multa «incomprensible» que no respeta los principios de proporcionalidad e individualización de la sanción

  1. Hace tiempo cuando regresaba a Madrid desde Teruel por la vieja carretera antes de que hicieran la autovía mudejar me ponían siempre una multa por infracción del art. 7.a de la Ley se Seguridad Vial. Siempre he respetado los límites de velocidad por lo que no podía ser una multa por exceso de velocidad. Le eché un vistazo al Código y el artïculo en cuestión decía: «Se atribuyen a los Municipios, en ámbito de esta Ley, las siguientes competencias: a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración»; ¿cómo se puede infringir ese precepto?
    Presenté mis alegaciones y nunca más se supo de esa multa; pero se repitió en mi siguiente viaje a Teruel – la recurrí con igual resultado favorable – y en el siguiente. A la tercera vez llegué a la conclusión de que como el punto kilométrico donde lo ponían era una recta por la que la gente me adelantaba de modo «despendolado» le ponían una multa a todos los coches que pasabasn por allí y como todos tenían complejo de culpabilidad pagaban la multa y callaban.
    En mi tercer recurso pedí que además se instruyera un expediente ante la sospecha de reiterada comisión de un delito de prevaricación por imponerme una sanción que el art 7a no permite imponer y averiguación de qué pasaba con ese dinero y como, «presuntamente», se lo repartían los que se lo repartieran.
    Nunca más volvieron a ponerme una multa.
    Por supuesto, tampoco instruyeron el expediente por presunta prevaricación.
    ¿En manos de quien estamos si tenemos que defendernos de nuestros empleados que deberían dedicarse a proteger nuestros derechos? En aquellas fechas estábamos en manos de Franco
    La próxima ley que pretende el actual Ministro de la Gobernación será una fuente de atropellos infinita que aumentará notablemente la carga de trabajo de los abogados defendiendo a los ciudadanos del presunto atropello de sus empleados.
    ¿En manos de quien estamos? No en las del pueblo donde «reside la soberanía de la que emanan todos los poderes del Estado» (art.1.2,CE78) Está claro las mentiras aparecen en la CE78 desde el primer artículo.

  2. El supuesto base es totalmente real y también los comentarios;no se da sólo en tráfico sini en tada la administración: inspección de Sanidad y multa por no disponer de un sistema de trazabilidad a un pequeño distribuidor de alimentos en su mayoría no perecederos, quedando acreditado que las grandes superficies en que se surte NO INDICAN EL CÓDIGO en las facturas de sus suministros; total 500 € confirmados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Claro que hay que, siempre, hay que controlar al controlador y a mi personal criterio, sobra toda referencia política.Saludos

  3. El esfuerzo hecho por el recurrente que a conseguido el amparo del TC es claramente admirable y digno de agradecimiento general, porque si todos hiciéramos lo mismo en casos similares, sería otro el cuidado de las Administraciones Municipales.
    Lo que debería poder incluir una sentencia como la que comentamos, es obligar al Ayuntamiento que multó a devolver todo lo recaudado a otros ciudadanos de la misma forma, durante los 4 años anteriores y además, por supuesto, condenarle a pagar todos los gastos ocasionados por los sucesivos recursos instados por quien obtuvo el amparo.

  4. Planteamiento a debate -MULTAS DE CIRCULACIÓN- (cinturón de seguridad)
    Las sanciones económicas por cometer infracciones de trafico están perfectamente detalladas, todas ellas intentan no causar ni daños , ni molestias al resto de conductores, se supone que de esta forma se regula el trafico evitando riesgo a los demás.
    Es un echo demostrado la eficacia del cinturón de seguridad y existen muchas campañas para hacer un buen uso del mismo. Entonces: si yo no me lo pongo, el que corre peligro soy yo mismo, pero no creo peligro a los demás. Por que, no usarlo lleva una sanción económica y de puntos si con ésta practica no pongo en peligro a los demás ?.

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