El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley “Antidesahucios“ de Andalucía

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Félix López-Dávila Agüeros

Director de Sepín Derecho Inmobiliario. Abogado

El Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificaba la Ley 1/2010,  de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda, estableciendo como medida más llamativa la posibilidad la expropiación forzosa del derecho de uso de las viviendas a las entidades bancarias.

Este Decreto-Ley, no fue de aplicación en su totalidad, al ser interpuesto por el Gobierno un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de Ley 1/2010, y contra la D.A.1 del propio Decreto-Ley , que hizo que fuese suspendida su aplicación, si bien fue convalidado por el pleno del Parlamento de Andalucía, que acordó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Como resultado de dicha convalidación, la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobóla Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, en la que se recogen los contenidos establecidos en el decreto-ley, con algunas modificaciones introducidas en el proceso legislativo.

Como era de esperar, y como había hecho anteriormente ante el Decreto-Ley, el Gobierno ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad frente a dicha Ley que ha sido admitido a trámite,  lo que implica que nuevamente la posibilidad de expropiación regulada en la norma aprobada por el legislador andaluz, quede en suspenso y no sea de aplicación desde la fecha de interposición para las partes en el proceso y desde el día que aparezca publicada la suspensión en el BOE, según establece el propio Tribunal Constitucional, si bien la Junta de Andalucía y su Parlamento disponen de un plazo de quince días para alegar lo que estimen conveniente.

En base a esa normativa, se ha culminado hasta el momento, la expropiación temporal del uso en dos ocasiones, una referente a una vivienda en Torremolinos y la segunda a una situada en Huelva, y existen más de 30 expedientes pendientes de aprobación, que no serán resueltos hasta que no se levante o se ratifica la suspensión de la norma por el Tribunal Constitucional.

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