La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación la Edificación, establece en su Capítulo III (arts. 8-16), quienes son las personas físicas o jurídicas que deben ser considerados como agentes de la edificación, a efectos de poder exigirles posteriormente una posible responsabilidad ante la existencia de defectos derivados del proceso constructivo.
I. Introducción
El presente estudio tiene como objeto el análisis de un aspecto del dolo en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, es decir, si es necesario que concurra un determinado ánimo lúbrico, lascivo o libidinoso, como elemento subjetivo del injusto, en esta clase de delitos.
Para la plena comprensión de esto debemos adentrarnos en aspectos relativos a la psique del sujeto, es decir, el arcano del individuo que comete un delito contra la libertad e indemnidad sexual, con todas las dificultades y problemas que esto plantea.
Aunque las relaciones enredadas se pueden dar en distintos tipos de conflicto, no cabe duda de que en el ámbito familiar tienen su caldo de cultivo.
Aunque puedan parecer comportamientos de otra época (no cualquier tiempo pasado fue mejor), en pleno año 2021 se han sucedido trágicas noticias sobre comportamientos discriminatorios (en ocasiones delictivos y con resultados fatales) por razón de la orientación sexual de las víctimas de aquellos. Y lo más llamativo y, si se me permite la expresión, repugnante del asunto es que en la mayoría de las ocasiones los infractores (cuando no, delincuentes) han resultado ser personas jóvenes, incluso adolescentes.
Con independencia de la calificación de la Junta o el medio por el que estas se lleven a cabo, lo que está claro es que, en todas ellas, se han de documentar en el acta correspondiente, como señala el artículo 19 de la LPH.
1.- Exclusión de la casación
Si partimos de la premisa de que el recurso de casación solo puede plantearse para denunciar infracciones civiles sustantivas tal y como dispone el art. 477.1 LEC y punto I, apdo 1 del Acuerdo de la Sala Primera del TS de 27 de enero de 2017 (SP/LEG/21346), las infracciones de normas sobre costas, como regla general, no tienen acceso al recurso de casación.
Una primera corriente dentro de la doctrina judicial [STCT 19-1-1988] interpreta que no cabe diferir la ejecución material de la sanción más allá de los plazos de prescripción de las faltas que señala el art. 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, se aplicarían a la ejecución material de la sanción los mismos plazos de prescripción previstos para la prescripción de las faltas laborales: diez días para las faltas leves, veinte para las faltas graves y sesenta para las muy graves, y en todo caso a los seis meses desde que se hayan cometido.
Quedan planteadas diferentes visiones sobre el posible supuesto de adoptar modificaciones estructurales dentro del concurso de acreedores máss alláá del convenio o de la liquidación. En primer lugar, en la reforma provocada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre en el artículo 100 apartado tercero y, posteriormente hasta su fallecimiento, en el trabajo realizado por el profesor Beltrán, (“Las modificaciones estructurales y el concurso de acreedores”, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Tomo 50, 2010, págs. 157-183). La postura adoptada por dicho autor era plantear dichos cambios solo en fase de convenio o mediante plan de liquidación, aunque fueran preparadas antes en la fase común, pero sin poder autorizarse mediante el artículo 43 LC sustituido hoy por los artículos 205 a 208 del TRLCon 1/2020.(SP/LEG/29544). Dichas operaciones se habían autorizado, pero en escasas ocasiones, en los juzgados de lo mercantil cuando resultaba beneficioso para la solvencia de la empresa. Esta gestión se fundamentaba en derecho preconcursal inexistente por la falta de coordinación de la normativa afectada. Pese a su autorización, los juzgados no tenían una respuesta uniforme respecto a lo que ocurriría con la empresa concursada.
La condonación de la deuda consiste, básicamente, en un acto de liberalidad, en virtud del cual el acreedor renuncia, sin recibir nada a cambio, a hacer efectivo su crédito frente al deudor, quedando extinguida la obligación de que se trate, total o parcialmente, exigiendo la cumplida prueba de su existencia por quien la invoque. Así lo ha manifestado la AP Barcelona, en su sentencia de 14 de febrero de 2020 (SP/SENT/1041840), pues debemos tener en cuenta que la alegación de la condonación de la deuda, como causa extintiva, exige la prueba de ello por parte de quien la alega, conforme a las normas de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal y como ha declarado la sentencia de la AP Badajoz, de 18 de noviembre de 2019. (SP/SENT/1035284), de forma que siempre que el documento privado de donde resulte la deuda se hallare en poder del deudor, se presumirá que el acreedor lo entregó voluntariamente, a no ser que se pruebe lo contrario.
Cuando nos encontramos con un control preventivo de alcoholemia y/o drogas, o en los supuestos en los que somos requeridos por un agente a realizar una prueba de intoxicación de estas sustancias, el rechazo a realizarlas no solo puede conllevar infracción y multa administrativa, sino que es una de las conductas que puede llegar a ser delito.
