Algo de justicia, algo de mediación y también, algo de sentido común.

A raíz del apoyo a la tramitación de la proposición de ley del PNV que busca suprimir la exigencia de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), se ha reabierto el debate sobre la obligatoriedad de los MASC en el ámbito del Derecho de Familia.

Como suele ocurrir con las cuestiones relevantes, las posiciones se han polarizado con rapidez: quienes consideran que constituyen un obstáculo para el acceso a la Justicia y quienes los defendemos como una herramienta necesaria para reducir la conflictividad familiar.

Sin embargo, quizás no estemos formulando la pregunta correcta.

Cuando una reforma afecta a las relaciones entre progenitores, a las dinámicas familiares y, sobre todo, a los derechos e intereses de los menores, conviene preguntarse si estamos escuchando todas las voces que deberían formar parte del debate.

– Se está escuchando a abogados. Y es lógico que así sea. Su experiencia práctica es valiosa y merece ser tenida en cuenta.

– Se está escuchando a asociaciones profesionales. También es razonable.

Pero ¿estamos escuchando con la misma atención a mediadores familiares, psicólogos especializados, coordinadores de parentalidad, puntos de encuentro familiar o investigadores que estudian la conflictividad familiar a largo plazo?

Y, sobre todo, ¿estamos escuchando a las personas que han acudido a mediación y consideran que les ayudó a alcanzar acuerdos que nunca habrían conseguido en un procedimiento contencioso?

Quienes trabajan con familias saben que no todos los conflictos son iguales y que no todas las soluciones sirven para todos los casos. Precisamente por eso resulta esencial escuchar a todos los profesionales implicados y también a las personas que han vivido estos procesos en primera persona

El debate tampoco debería confundirse con una confrontación entre opiniones, sino en la evidencia en la que se apoya.

Por ello es importante distinguir entre diferentes tipos de información:

– Las percepciones de los profesionales

– Los datos estadísticos

Las primeras son valiosas porque reflejan la experiencia diaria de quienes trabajan con los conflictos familiares. Pero las percepciones no son lo mismo que los datos estadísticos. Del mismo modo que los datos estadísticos tampoco explican por sí solos todas las realidades que hay detrás de cada expediente.

Porque la cuestión de fondo no es si los MASC son buenos o malos. Tampoco si deben mantenerse o eliminarse sin más.

La cuestión relevante es otra:

– ¿En qué casos contribuyen realmente a proteger mejor a las familias?

– ¿En qué situaciones ayudan a reducir la escalada del conflicto?

– ¿Cuándo favorecen el interés superior del menor?

– ¿En qué supuestos concretos pueden generar retrasos o resultar inadecuados?

Responder a estas preguntas exige algo más que titulares, encuestas o posicionamientos corporativos. Exige una evaluación rigurosa, abierta y honesta de los resultados.

Y es que como hemos dicho siempre, defender los MASC no supone ignorar que existen situaciones en las que la tutela judicial debe ser rápida y directa. Del mismo modo, cuestionar su obligatoriedad no debería equivaler a negar el valor que estos mecanismos han demostrado en numerosas familias. Precisamente por ello, el debate merece algo más que posiciones categóricas.

Me resulta paradójico que, en un debate sobre mecanismos diseñados para fomentar el diálogo, a veces falte precisamente diálogo entre quienes sostienen posiciones distintas.

Como suele decirse, ha llegado el momento de rebajar el ruido y aumentar la escucha.

Porque cuando hablamos de Derecho de Familia no estamos discutiendo únicamente sobre procedimientos. Estamos hablando de personas. De padres, de madres, de hijos e hijas. De relaciones que continuarán existiendo una vez termine el procedimiento judicial.

Y cuando hay menores implicados, el objetivo no debería ser ganar un debate profesional o ideológico.

De todo esto se pueden extraer varias conclusiones:

– Hay que distinguir datos oficiales de percepciones.

– Hay que analizar la metodología de los estudios.

– Hay que escuchar también a mediadores y usuarios de los MASC.

– No se puede construir una medida política oyendo solo a una parte.

– El interés superior del menor exige evaluar resultados reales, no solo opiniones.

El objetivo debería ser algo mucho más sencillo y mucho más importante: encontrar las soluciones que mejor funcionen para las familias.

Y para lograrlo, antes de decidir, conviene hacerse una pregunta tan simple como incómoda:

¿Estamos seguros de que hemos escuchado a todos los que deberían ser escuchados?

Un año de exigencia de los MASC

PD: En un post anterior analizamos los datos oficiales ofrecidos por el CGPJ para ver si se podía extraer la conclusión de que la mediación, o acudir a otro MASC, estaba contribuyendo a lastrar aun más el sistema judicial, y puede consultarlo aquí:  ¿Y si quienes defendemos la utilidad de los MASC en familia estuviéramos leyendo mal los datos?