Legislar es complicado, no sólo por el hecho de “ordenar” situaciones delicadas, sino porque también es muy difícil satisfacer a todo el mundo.
Si además se hace deprisa y corriendo, es posible que aparezcan fallos que, obviamente, habrán de subsanar cuanto antes, y con las prisas, lo que ha venido siendo habitual ha sido añadir lo que falta en otra norma, y así tenemos la legislación española, las materias dispersas e incorporando un plus de complejidad a los esforzados abogados a los que se les exige estar al día en todo momento sobre cualquier asunto. Pasa en todos los ámbitos y por poner un ejemplo, en materia de nacionalidad.
Si todos los asuntos que toca el Derecho son sensibles, imagínense las cuestiones de ciudadanía que tiene tantísimas consecuencias tanto en la esfera de la vida pública como en la esfera de la vida privada.
Es el propio Ministerio de Justicia el que tiene que elaborar año tras año unas tablas sobre nacionalidad y el estado civil, con el riesgo de no incluir alguna de las modificaciones existes. Y no debe ser tarea sencilla, sólo de nacionalidad tienen tres hojas de normativa que tienen que vigilar si siguen vigentes, o si han sufrido modificaciones.
Por eso de entre todas las tareas que les encomendaría, una de ellas sería una propuesta de Ley Integral sobre Nacionalidad, a modo de Texto Refundido, que dé unidad a toda la normativa dispersa, pudiendo inspirarse en el Tratado Europeo de Nacionalidad, o incluso firmándolo y ratificándolo y sobre todo que de respuestas a situaciones que se han ido creando, por citar algún ejemplo, para saber si existen facilidades para su adquisición en casos que a día de hoy no contempla la Ley como son las siguientes situaciones:
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