La mediación en el futuro sistema procesal penal

Roberto Guimerá Ferrer-Sama

Director de Sepín Penal. Abogado

Al igual que recientemente ha tenido lugar en el ámbito civil y mercantil con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, el borrador del Anteproyecto de Código Procesal Penal (llamado a sustituir a nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882), prevé la introducción de la figura de la mediación en el ámbito penal, como fórmula de solución voluntaria del conflicto entre el infractor y la víctima, sin necesidad de acudir a la vía del procedimiento penal y someterse a la decisión de un tercero, el Juez.

La institución de la mediación no ha tenido reflejo en el campo penal español, salvo en el derecho sancionador de menores. Ya la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001 (2001/220/JAI), relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal, animaba a los Estados miembros a impulsar en sus ordenamientos la mediación en las causas penales. La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, que sustituye a aquella Decisión Marco, fija una serie de pautas para la implantación de la justicia reparadora.

En España se han venido llevando a cabo experiencias piloto, y de hecho hoy día existen diversos órganos judiciales distribuidos por nuestra geografía que ofrecen mediación penal , que hablan de resultados positivos.

¿En qué consiste la mediación penal?

Básicamente en que la víctima y el infractor se reconocen mutua capacidad para participar en la resolución del conflicto derivado del delito cometido por el segundo y se someten de forma libre y voluntaria a un proceso de diálogo y comunicación confidencial, dirigido por un mediador imparcial, que permita a la víctima ser escuchada y resarcida y propicie la asunción por el imputado de su responsabilidad personal.

Aquí ese resarcimiento adquiere una dimensión mucho mas extensa y profunda que en el ámbito civil o mercantil, pues no se limita a buscar una pronta reparación económica, total o parcial, sino también a satisfacer las expectativas de la víctima de obtener una explicación del hecho y la petición de perdón por parte del infractor.

Según el Consejo General del Poder Judicial, los fines que persigue la mediación en el proceso penal son:

– Asegurar una efectiva protección a la víctima mediante la reparación o disminución del daño causado por el delito. Si no existe víctima, la reparación podrá tener carácter simbólico ante la comunidad social.

– Responsabilizar al infractor sobre las consecuencias de su infracción.

– Posibilidad de atenuar la pena.

– Procurar medios para la normalización de su vida.

– Restablecer la convivencia y el diálogo comunitario.

– Devolver protagonismo a la sociedad civil.

– Conocer las causas reales y las consecuencias del conflicto, buscando la fórmula más idónea para satisfacer las necesidades personales de víctima e infractor.

Regulación de la mediación penal en el borrador del futuro Código Procesal Penal

Se recoge dentro del Libro II “Disposiciones Generales sobre las Actuaciones Procesales y la Mediación Penal”, en su Título VI “La Mediación Penal”, en los artículos 143 a 146.

Tras su definición en el art. 143, los artículos siguientes comienzan determinando la aplicación a la mediación penal de concretos preceptos de la de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (los arts. 6.1, 6.3, 7, 8, 10.1, 10.3, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26), para acto seguido abordar sus específicas reglas para el ámbito penal:

– Será el Ministerio Fiscal quien, directamente o a través de la Oficina de Atención a las Víctimas, y siempre que no lo considere inadecuado en razón a la naturaleza del hecho, comunique a la víctima el deseo del infractor de someter el conflicto a mediación.

– El mediador o la institución de mediación comunicarán al Fiscal el inicio y la finalización del procedimiento de mediación, con su resultado.

– Cuando el Fiscal tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento de mediación penal, si lo considera oportuno, podrá suspender las Diligencias de Investigación mediante decreto.

– Ni el Ministerio Fiscal ni los Tribunales ofrecerán ventajas al encausado por el hecho de someterse a un procedimiento de mediación, sin perjuicio de los efectos procesales o materiales que puedan derivarse conforme a la Ley del acuerdo con la víctima si se alcanza.

– El mediador se encuentra sometido a secreto profesional y no podrá declarar sobre los hechos de los que tenga conocimiento con ocasión de su intervención en el procedimiento.

– La mediación penal será siempre gratuita.

La Exposición de Motivos del borrador del Anteproyecto de Código Procesal Penal subraya que “la instauración de la mediación penal era una necesidad no solo impuesta por obligaciones internacionales, sino también sentida y reclamada por la práctica, en la que se habían llevado a cabo ya experiencias alentadoras y fructíferas”.

Personalmente no acabo de ver con claridad la aplicación de la mediación en el ámbito penal -en especial ante concretos delitos-, al entrar en juego elementos mucho mas difíciles de conjugar que en los campos civil y mercantil, muy significativamente desde el punto de vista de las víctimas. Su introducción en nuestro sistema penal va a ser revolucionaria y no siempre bien vista por todos. Esperaré a que se apruebe y entre en vigor para corregir mi actual prejuicio o ceguera, o, en su caso -confío que no-, corroborarlo.

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11 comentarios en “La mediación en el futuro sistema procesal penal

  1. Muchas gracias por el artículo!! Es muy interesante y novedoso.

    Estoy de acuerdo en que la Mediación será mucho más útil y práctica en los campos civil y mercantil, ya que en mi opinión, tanto víctima como delincuente merecen un proceso con todas las garantías y creo que la mediación no es el procedimiento adecuado para las infracciones más graves y contra los bienes jurídicos más protegidos del ordenamiento jurídico. Además, no veo la ventaja de someterse a una mediación en lugar de un procedimiento judicial.

    Por cierto, ¿quién sería el mediador? ¿abogados? ¿funcionarios? ¿árbitros?

    Pienso que la mejor manera para reducir el volumen de trabajo de juzgados y tribunales no es otra que dotar de un mayor número de medios materiales y personales a dichos órganos.

    Asimismo, a pesar de que la jurisdicción penal está exenta de la Ley de Tasas judiciales (cosa de la que me alegro), hay algunos delitos y faltas (por ejemplo, injurias y calumnias) que no veo inconveniente en introducir la tasa correspondiente, seguro que a muchos periodistas, especialmente de prensa rosa, se les quitaban las ganas de estar todo el día poniendo denuncias.

  2. Muy buenas, en primer lugar para los que llevamos años trabajando porque se regule la justicia restaurativa, se abre una esperanza, los resultados no son muy son muy buenos pero siempre que nos olvidemos de asociar mediación con justicia restaurativa porque la mediación es tan solo una herramienta más de la justicia restaurativa o reparadora. Además no sé por qué nos empeñamos en pensar que está para agilizar la justicia y este no es y ni debe ser su objetivo principal, logicamente el principal es atender a las víctimas, de ahi que la directiva de 25 de octubre que es sobre derechos de las víctimas se hable por fin de justicia restaurativa o reparadora como un servicio de ayuda a las víctimas siempre que ellas consientan. Aunque nuestra sociedad todavia no está preparada donde más eficacia tiene esta justicia es en los delitos más graves , por lo menos no se va a dejar a las faltas exclusivamente porque parece que desaparecen del codigo penal nuevo. Y por ultimo, estamos hablando de víctimas las personas deben ser personas con experiencia, preparadas y con dedicación exclusiva a ello, no abogados, ni psicologos ni etc etc….personas que con independencia de su profesión de origen tengan dedicación exclusiva y seria a las víctimas y atender sus necesidades asi como favorecer la responsabilización del infractor. Creo que es hora de que se empiezen a tener los conceptos claros. Y para ilustrar por favor acudid al menos a Howard Zehr, él habla con claridad de la diferencia entre mediación y justicia restaurativa y entre mediación víctima-infractor y otra clase de mediaciones. Gracias

  3. Creo que la mediación debía ser incluida en la Ley Procesal Penal, pero no me parece acertado decir que las personas van a poder solucionar su problema sin necesidad de acudir al juez, porque esto no es cierto. El poder punitivo en un estado democrático sigue teniéndolo el estado y lo ejerce a través de los jueces de lo penal, siempre e inexorablemente, en todos los casos en que se comete una infracción en este ámbito. Lo que sí es cierto es que en mucho casos la mediación penal (justicia restaurativa) va a conseguir acuerdos, más rápidos, para la reparación del daño, que favorezcan la reinserción del infractor y por el otro lado, den mayor protagonismo a la víctima, la gran olvidada del proceso penal.

  4. Buenas, interesante artículo. Estoy de acuerdo con los comentarios anteriores, sobretodo en relacion al protagonismo de las victimas y asi como agilizar la carga procesal.
    Pero, de aprobarse, que pasaria con el principio de oportunidad??

  5. La mediación está resultando altamente satisfactoria en el ámbito del derecho penal de menores, igual que lo han sido las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana en domicilio. El problema, puede venir, como ya pasó con el arresto de fin de semana o los trabajos en beneficio de la comunidad (y pasará con la libertad vigilada) en la falta de previsión normativa para su desarrollo y en la falta de medios. El derecho penal en España no ha sido capaz de compaginar nuevas alternativas con recursos y eso acaba frustando las alternativas.

  6. La clave de la mediación en materia penal, pasa por la aplicación efectiva de la doctrina de la JUSTICIA RESTAURATIVA.
    La premisa para alcanzar el acuerdo pasa por el arrepentimiento efectivo y real del «agresor» en el momento de solicitar el perdón de su víctima y por parte de ésta reconocerle su actitud y arrojo, no verse como objetivo para darle la oportunidad de enmienda y reinserción.

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