La residencia tenía un precio

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Gema Murciano Álvarez

Documentación Jurídica de Sepín. Mediadora familiar. Abogado

El pasado día 24 esperábamos expectantes las noticias del Consejo de Ministros, y esta vez con un interés especial puesto en el Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

 Dado que será una norma que alcance a bastantes aspectos, nos vamos a centrar en los que atañen al ámbito del Derecho de Extranjería. Como ya nos avanzaban en noviembre, finalmente parece que será muy fácil obtener una autorización de residencia en España.

 De la documentación facilitada por el Gobierno se extrae que  en el proyecto se va a fomentar la entrada de inversión y talento en España, facilitando y agilizando la concesión de permisos de residencia para:

 —Inversores de cuantía económica significativa o de interés general.

—Emprendedores en una actividad de carácter innovador con especial interés económico, valorando prioritariamente la creación de empleo.

—Profesionales altamente cualificados.

—Extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional o por motivos de formación profesional, por una duración igual a la del traslado.

 La justificación la facilitaba la propia Vicepresidenta al ser preguntada en la rueda posterior al Consejo de Ministros indicando que este es un sistema que se ha generalizado en otros países de nuestro entorno, como instrumento atractivo de la inversión que facilita que vengan profesionales y gente que quiera crear una empresa de manera ordenada y disciplinada y con ello contribuir a la riqueza del país.

 Resulta paradójico que se favorezca la entrada de profesionales altamente cualificados, cuando la semana pasada se ha sabido que se han retirado becas a nuestros investigadores más prometedores que no les ha quedado más remedido que ejercer su profesión o continuar sus investigaciones en el extranjero, en una fuga de talentos sin parangón, y que a su vez, se esté intentando echar de España a inmigrantes que no logran un empleo, quitándoles el derecho a la Sanidad pública, mientras se dedica a vender permisos de residencia a los extranjeros ricos.

 No obstante, lo que nos sigue pareciendo más llamativo y que nos hace reiterarnos las dudas que ya nos planteábamos en su momento en otro post del blog, son las inversiones de cuantía económica significativa o de interés general.

 Consideramos pertinentes que la compra de vivienda por importe superior a quinientos mil euros, o la compra de deuda pública por encima de los dos millones de euros, no deben significar per se la concesión de una autorización de residencia, por lo que sería loable incorporar al menos los requisitos comunes a las 17 autorizaciones de residencia que figuran en el actual texto del Reglamento de Extranjería RD 557/2011, de 20 de abril, tales como carecer de antecedentes penales, no encontrarse ilegalmente en territorio español, no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido, contar con un seguro público o privado de enfermedad concertado con una aseguradora autorizada para operar en España, no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno, y además, aunque implícitamente, la compra de vivienda o de deuda presuponga disponer de medios económicos, que se acredite que se dispone de aquellos para atender los gastos de manutención y estancia, incluidos los gastos derivados del mantenimiento de la vivienda, y los de su familia, mientras dure la vigencia de la autorización.

 La concesión de autorizaciones mediante precio esconde a su vez ciertos peligros que no podemos obviar y que ya esbozábamos en el post mencionado más arriba, como ser la vía de entrada a todo el espacio Shengen sin ningún trámite ulterior, como la obtención de sucesivos visados, e incluso que se favoreciese la entrada a extranjeros por organizaciones que posteriormente tendrían la excusa perfecta para explotarles de por vida.

 Aún siendo deseable revitalizar el sector inmobiliario, parece ser una medida tomada al azar, o que intenta disimular intereses particulares, además hay que tener en cuenta que no podemos olvidarnos del resto de sectores que llevan ahogados cinco años, y que esperan medidas que les hagan, por fin, ver la luz.

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