¿Qué va a pasar con las costas?

Alberto Torres López

Director Jurídico de Sepín. Abogado

Se avecinan cambios, y probablemente no del gusto de todos o, al menos, de una gran mayoría de los abogados. El ruido de tambores lleva oyéndose ya desde hace unos meses. El origen principal de todo ello lo encontramos en la Proposición de Ley del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, presentada el 14 de septiembre de 2017 y respecto de la que concluyó el plazo de enmiendas el 3 de abril de 2018.

Dicha Propuesta acaba con el Criterio del vencimiento objetivo en materia de costas, imponiéndolas, solamente, en los casos en los que se haya litigado con temeridad. Concretamente, la nueva redacción del Art. 394.1 establecería: “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones siempre que el tribunal aprecie y así lo razone que se ha litigado con temeridad  …”. Es decir, no habrá imposición de costas, salvo que el Tribunal declare la temeridad del perdedor. Basta realizar un mínimo ejercicio de memoria de nuestros propios asuntos profesionales, y comprobar el carácter absolutamente extraordinario de dicha declaración, para concluir, que dicha Reforma de llevarse a efecto, supone la práctica desaparición de la imposición de costas en los procedimientos judiciales.

¿Es real este temor cuando estamos hablando de una simple Proposición de Ley del año 2017?. Sinceramente creo que sí, por dos motivos: En primer lugar, porque el partido político del que parte la propuesta es el que actualmente gobierna, y, en segundo término, porque nuestro Consejo General de la Abogacía, ha mostrado, en diversas ocasiones, su apoyo a la misma.

Conviene dejar claro que no nos hallamos ante una novedad legislativa pues basta recordar que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, solamente imponía las costas en los casos de temeridad o mala fe, hasta que se reformó el Art. 523, por Ley 34/1984, 6 agosto, estableciendo el principio del vencimiento objetivo que ha mantenido la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo cuando concurren dudas de hecho o de derecho. Esta misma solución es la que hasta fechas más recientes se arbitraba en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La pregunta que nos surge es inmediata; ¿el fin del vencimiento objetivo facilitaría el acceso universal a la Justicia?. Mi criterio es claramente contrario, sin que estas breves líneas permitan defender mi postura con la necesaria profundidad que la cuestión requiere. Me limito a plantear otras cuestiones que quizá permitan contextualizar mejor la problemática: ¿Qué disuade más, el temor a la condena en costas o el tener que pagar unos honorarios o derechos que nunca se van a recuperar? ¿Se va aplicar realmente el criterio de la temeridad para la imposición de costas? ¿No implica un criterio subjetivo que conlleva una mayor inseguridad jurídica?

Opino sinceramente que es necesario estudiar soluciones alternativas que permitan afrontar la cuestión con una mayor amplitud de miras. De este modo, no conviene descartar un sistema de cuantías fijas, seguido por el propio Tribunal Supremo en la admisión de recursos, aunque debemos ser conscientes de que su generalización puede resultar excesivamente compleja.

Personalmente, como ya manifesté en una ponencia al respecto en el XII Congreso Nacional de la Abogacía española, celebrado del 9 al 11 de mayo en Valladolid, abogo por una Reforma que tenga por objeto mejorar manifiestamente el sistema actual sin que ello implique un cambio tan radical.

Avanzo algunos puntos mi propuesta: – Unificación de la regulación de las costas procesales en un nuevo Título del Libro I de la LEC; – Modificación de preceptos deficientemente redactados en relación a las costas (ej.: El desistimiento regulado en el Art. 396; las medidas cautelares de los Arts. 730 y ss, etc.); Delimitación de los conceptos de temeridad y mala fe; Necesaria fijación de la cuantía en la audiencia previa, independientemente de que no afecte al tipo de procedimiento y determinación de una cuantía mínima a los efectos de costas en todos los juicios declarativos ordinarios; Distinción entre los conceptos de cuantía indeterminada y cuantía inestimable; Introducción de supuestos de elaboración jurisprudencial (ej.: La estimación sustancial o la exención o imposición parcial); Aclaración definitiva de casos especialmente conflictivos (ej.: En procedimientos familia, ejecuciones hipotecarias; acumulación de pretensiones alternativas o subsidiarias o mancomunadas o solidarias etc.).

Concluyo estas líneas con un ruego dirigido tanto al Legislador como a nuestro Consejo General; por favor, máximo sosiego y reflexión en una reforma de tanto calado.

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14 comentarios en “¿Qué va a pasar con las costas?

  1. Buenos días,
    En la jurisdicción Contencioso-administrativa en la que no es obligada la intervención letrada ni de procurador, en la que se ha vulnerado la prohibición de indefensión entre otros derechos fundamentales como la tutela judicial y efectiva por puro corporativismo judicial (todo admitido por sentencia del órgano superior), el enorme esfuerzo intelectual e incluso económico realizado por el lego en derecho, ¿no cree, que debería tener derecho a las costas judiciales!
    Un cordial saludo

    • Está usted confundido en la intervención preceptiva de profesionales, porque el Letrado es obligatorio, en todo caso, y el Procurador lo es en órganos colegiados. Su caso de autorepresentación sólo tiene reflejo en el 23.3 de la LJCA, esto es para funcionarios públicos, en similitud con el orden social, limitado únicamente a cuestiones de personal, de carácter menor, pues para aquello que implique separación de servicio para empleados públicos inamovibles, esto ya no sirve.

      Después, continuando con lo del enorme esfuerzo intelectual e incluso económico, me congratulo en atisbar que, por la experiencia propia vivida, un lego en derecho pone en adecuado valor, el trabajo técnico de estos profesionales (casi nunca sucede) y, por tanto, ve justificado el resarcimiento por costas basado en el vencimiento objetivo, como ha sido y es lógico, hasta la llegada de los brillantes legisladores que nos hemos dotado. Un saludo.

      • Buenos días, juan carbonell,

        Gracias por atenderme. En cuanto al segundo párrafo de su respuesta, estamos absolutamente de acuerdo, siempre y cuando estemos hablando de un buen profesional, de un aténtico técnico en derecho, que como en todas partes y profesiones, hay de todo. Ser un excelente técnico en derecho requiere un esfuerzo y dedicación (permítame expresarme tal cual), brutal.

        Pues mire…, gracias a su respuesta, he podido comprobar, que en el TSJC Sala de lo Contencioso Administrativo (sin entrar a dar más datos interesadamente) se me vulneró la prohibición a la indefensión, que junto a la tutela judicial efectiva (yo siempre le añado la categoría gramatical «real» a la efectiva), solicité por 31 veces ¡ni más ni menos! Soy un luchador nato, lo digo para que no le parezca raro. En ningún momento me he quedado aquietado ante ninguna vulneración de mis derechos fundamentales.

        Entiendo, pero, que sólo es obligatoria la comparecencia con letrado y procurador en un proceso contencioso administrativo por ambas partes cuando el recurso sea tramitado ante las salas correspondientes de los tribunales superiores de justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo o frente a un órgano colegiado, pero no ante el Juzgado.

        Un cordial saludo.
        Humbert

  2. A mi juicio, Alberto, el sistema actual es sumamente perverso. Lo que no puede hacerse es premiar a una parte que sabe que sus daños son irrisorios y de que los mismos van a ser reconocidos, cuanto menos, en forma de estimación parcial, se aventure a reclamar la Torre Eiffel sin temor ninguno. En algunas ocasiones, por ejemplo, en reclamaciones constructivas, con apoyo de peritos que luego, curiosamente, van a realizar esas obras de «reparación». El sistema es profundamente especulativo. No tiene ningún sentido que la desproporción esté al albur de una apreciación personal de mala intención (mala fe es otra cosa). Si se aprecia esa mala intención, dará igual la desproporción. Pero si la desproporción es grande, debe de apreciarse un reparto de costas. A diferencia de la vergonzosa sustancialidad que, sin miramientos, aprecian los tribunales para el art. 1.124, en contra de lo previsto en el art. 1.157, lo mismo deberían hacer con las costas. ¿Cómo? Pues muy sencillo, buscando la proporcionalidad entre lo reclamado y lo estimado. ¿Sabemos calcular, no? Pues eso, a hacer reglas de tres, como aprendimos todos en el «cole» y se acabó el problema.
    A mí lo que dicen ahora estos señores del PSOE no me parece bien. Pero es que lo que hay hoy en día no puede ser peor. Ni qué decir tiene las mal llamadas terminaciones anormales del proceso (en realidad transacciones -porque tienen lugar trans- la acción- término genérico que comprende todo el resto, incluido el acuerdo transaccional).
    A mí, eso de que cada parte pague a su Abogado, con independencia de las vicisitudes del pleito, igual que la desaparición de la cuota litis….. mmmmh…. como que en parte no me suena tan, tan mal.
    Un abrazo a toda la familia Sepin y a tí especialmente.

  3. Muy interesante esta entrada. Yo siempre he pensado que con la condena en costas se cometían muchas injusticias. Creo que sí se produce el cambio propugnado por el partido socialista los abogados tendremos que trabajar más en convencer al juez de que la otra parte ha actuado con temeridad. Porque si no hay temeridad me parece más justo que no haya condena en costas. Creo que con el cambio habrá más litigios porque a nuestros clientes podemos animarles a pleitear ofreciéndoles un buen precio. Lo que les hace echarse para atrás es el miedo a ser condenados en costas, que ahí ya se sabe que no hay rebajas de ningún tipo.

    • estoy de acuerdo contigo. Una de las principales razones para no pleitear o, quizás, la más importante, es el temor a una condena en costas. Tú como abogado con tu cliente puedes hacer precio especial, cerrado, ofrecer facilidades de pago…..pero eso no es posible para el contrario vencedor que lo que busca es que le paguen cuanto antes y no tiene ganas de hacer quitas ni esperas ni cosas similares. Es implacable.
      En mi despacho mis clientes me pagan a mí y luego, si hay condena en costas, lo procuramos cobrar, pero hay veces que te las impugnan, que hay que mandarlo a informe al Colegio…total, que pueden pasar varios meses sin cobrar nada. Prefiero que no haya costas. Seguramente se abaratarán los costes.

  4. Hay temas que aparentemente sencillos son de una complejidad enorme sobre los que hay que valorar positivamente la valentía de saberlos enfrentar en el terreno que corresponde. Las costas procesales es uno de ellos y tiene mucho que ver con el cada vez mayor retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales, con los honorarios profesionales de abogados, y procuradores (hoy liberalizados), con la pobreza latente y con el derecho fundamental de acceso a la justicia, que como el derecho de educación no puede encontrarse limitado por razones económicas.

    Me parece positivo el advertir como el criterio de pagar costas por el mero vencimiento objetivo ya no es de recibo general. En muchos casos el vencimiento no es más que la consecuencia de la situación del perdedor, en otros muchos deriva de un criterio encontrado hoy, pero inútil para mañana. Por ello y otras cuestiones advertidas por quienes me preceden, la revisión de las costas en las leyes procesales requiere de una reflexión en búsqueda de un mejor accesso a juzgados y tribunales con participación interna (operadores jurídicos) y externa (afectados -que podemos ser todos- representados por organizaciones eficaces a efectos de defensa de derechos), que no puede aplazarse.

  5. En la jurisdicción contencioso-administrativa es urgente una reforma del criterio de vencimiento objetivo, profundamente injusto para el administrado, pues por norma general los jueces solo hacen uso de su facultad de limitar las costas a un importe máximo cuando es la administración la condenada; cuando es el administrado, muy raramente lo aplican. Y el cliente se encuentra con la injusticia de tener que pagar a la Abogacía del Estado, por presentar en todo el procedimiento dos escritos proforma de 4 lineas de extensión, más de 5.000€ de honorarios, por aplicación del criterio de la cuantía del proceso, y encima el ICAB emite dictamen favorable, saltándose a la torera la jurisprudencia del TS. A mi criterio debería establecerse un sistema de indemnizaciones tasadas por ley por cada tipo de procedimiento, independientemente de la cuantía del proceso, del mismo modo que el TO se retribuye por tipo de proceso sin tener en cuenta la cuantía del mismo. En todo caso la cuantía del proceso no debería ser el criterio principal para determinar las costas, pues la mayoría de las veces no es un criterio válido para valorar el trabajo del abogado, en general a mi me da el mismo trabajo un contencioso de 3.000 euros que uno de 300.000 euros, puedes modular algo por razón de cuantía pero que sea el criterio básico genera una gran distorsión y profundas injusticias y, ciertamente, conduce a que los clientes no se decidan a poner un pleito por el temor a las costas

  6. no seré yo quien le saque la cara al partido socialista, pero creo que en este tema hay que darle la razón. Ya no son motivos de facilitar el acceso a la justicia, sino que el hecho de que la justicia se imparta de forma gratuita no puede verse contradicho por una condena en costas a favor de la parte que ha ganado el juicio. Las costas, como sabemos, cumplen una función resarcitoria o indemnizatoria a favor del vencedor pero paradógicamente, y como pronunciamiento independiente dentro del fallo, no se sujeta a un análisis o razonamiento jurídico que conlleva toda relación de causa – efecto que justifique una indemnización por daños y perjuicios, más allá de la aplicación cuasi automática del 394 LEC.
    Los conceptos de temeridad y mala fe son conceptos jurídicos indeterminados, cierto, pero la labor del juez, entiendo, es la de llenar dichos conceptos mediante la aplicación del razonamiento jurídico a la luz de las pruebas, como ocurre con otros muchos conceptos jurídicos indeterminados (la adopción de medidas en función del interés del menor o la atribución del domicilio al cónyuge más necesitado de protección, por ejemplo).
    Quizás mi opinión no coincida con la de la mayoría pero tras 25 años de ejercicio en los que en ocasiones he sido beneficiado con la condena en costas y en otras no, es lo que opino.

  7. Estoy de acuerdo con el articulista…pero solo en parte.
    Mi propuesta , que hace realmente justa la condena en costas no es sólo el hecho de mantenerlas (para que la parte que pleiteó con razón tenga su recompensa y el que no su castigo…sí, sí, castigo) sino su adecuaciòn real al èxito o fracaso de cada uno: si yo demando por 6.000-.€ y obtengo 600-.€ , tenía razón en demandar, pero no en la cuantía (quizás demasiado, o las pruebas no han acompañado). Ahora sería estimaciòn parcial, sin costas. Yo propongo una justicia más real: las costas serían el 10% de lo que se tasara: el deudor se vería incentivado a pactar (ya no le sale «gratis» la estimaciòn parcial) y el acreedor perdería miedo a reclamar…Y por supuesto, siempre moderables por el juez en su funciòn de vigilancia de los abusos.

    Pero eso de dejar sin costas a todo el mundo es una barbaridad. Si algo premia el incumplimiento es saber que, en el peor de los casos y aunque se pierda, te pagas tu abogado (que en el caso de grandes corporaciones ya estará en nómina y pagado)

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