En estos tiempos de serias turbulencias políticas, nuestro legislador se encuentra aletargado o atado de pies y manos. El partido en el Gobierno no cuenta con las mayorías necesarias y en consecuencia hasta ahora no ha podido abordar con decisión las normas y reformas de calado. Y como se acaba de ver, ha tenido problemas hasta para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Desde la perspectiva de las normas penales, han sido muchos los aspectos sobre los que, singularmente desde los bancos de la oposición, y también por parte de la opinión pública, se ha clamado por su derogación o modificación, y sobre todo a raíz de concretos crímenes muy graves (el caso Diana Quer, por citar uno de los más recientes) y juicios mediáticos (como el llamado de “la manada”, cuyas insólitas secuelas aún se dejan oír).
Ya desde las reformas de 2015 —e incluso antes, durante su redacción y tramitación— se han producido vivas polémicas principalmente en relación con dos aspectos recogidos en las mismas y que hoy se encuentran en vigor, respecto a las que se viene abogando por su derogación:
– El primero de ellos se refiere a la polémica prisión permanente revisable (arts. 36.1, 78 bis, 92 y otros del Código Penal), introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (SP/LEG/17255). No son pocos los que opinan que se trata de una “cadena perpetua” encubierta, que incluso atenta, entre otros, contra el art. 15 de la Constitución Española y el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De hecho, diversos Grupos Parlamentarios tienen planteado recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite el 27 de julio de 2015, aunque en el presente, casi tres años después, aún se encuentra pendiente de pronunciamiento. Pena que en España ya se ha impuesto en alguna ocasión.
– Y el segundo atañe al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo al plazo máximo previsto para la instrucción de los procesos penales, que la incorporaba a la norma procesal penal a través de la Ley 41/2015, de 15 de abril (SP/LEG/18524), y que (por exponerlo muy sintéticamente) establecía un plazo máximo de seis meses para las causas no complejas y de dieciocho meses para las complejas, posibles prórrogas aparte. A esta materia ya nos referimos en enero de 2016 en este mismo blog. Aquel nuevo precepto, ideado para agilizar las causas penales y descongestionar los órganos judiciales de este orden, no solo fue duramente criticado entonces por la práctica totalidad de los operadores jurídicos, sino que lo sigue estando en la actualidad pues está generando serios problemas en la práctica forense, principalmente en lo que concierne a la obtención de pruebas complicadas.
Ambas materias actualmente se encuentran en trámite de Proposiciones de Ley de reforma de las respectivas normas, sustantiva y procesal.
Pero las anteriores no son las únicas propuestas de reforma penal. Así es; el propio Partido Popular tiene promovida una reforma del texto punitivo, que se debatió en el Pleno del Congreso del pasado 8 de mayo, en la que se aborda la modificación de varios de sus preceptos para adaptarlo a cuatro Directivas de la Unión Europea pendientes de transponer en los ámbitos, entre otros, del abuso de mercado, terrorismo, fraude, cohecho, falsificación de monedas y malversación por personas jurídicas, tráfico de órganos, trata de personas y ocupación de inmuebles.
Como también coexisten en sede parlamentaria otras iniciativas legislativas planteadas por diversos partidos políticos, con proposiciones:
– Sobre reforma del Código Penal en materia de financiación ilegal de partidos políticos y su represión penal, la supresión de las coacciones para promover la huelga, la despenalización de la eutanasia y ayuda al suicidio, la imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores y la penalización del abandono del lugar del accidente.
– También están suscitadas algunas modificaciones procesales, como la que incorpora la maternidad y la paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral y la que va a regular la llamada “Orden Europea de Investigación”.
– Y, en fin, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en diversos aspectos, entre ellos sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (SP/NOT/1034) alcanzado en septiembre de 2017, pero aún en “stand by”.
De forma paralela a estos trámites en nuestras cámaras legislativas, hay constituido un grupo de expertos (encabezado por el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, más dos Catedráticos y un Fiscal) que, a instancias del Ministerio de Justicia, está llevando a cabo un análisis de los dos últimos Anteproyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal (de 2011, en tiempo del PSOE) y de Código Procesal Penal (de 2013, del PP), a fin de refundirlos y lograr un texto final sobre el que se pueda obtener un amplio consenso. Al parecer, un primer texto podría ser presentado en breve.
Igualmente —y a resultas de la enorme polvareda mediática y social provocada por la sentencia de “la manada” a la que hemos aludido más arriba—, a principios del presente mes de mayo, el Ministerio de Justicia dio instrucciones a la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación para que lleve a cabo un análisis profundo del actual tratamiento de los delitos de agresión y abusos sexuales en nuestro texto punitivo, de cara a su posible corrección técnica y “utilidad práctica”, Comisión cuya composición también ha sido objeto de controversia al estar integrada únicamente por hombres, y a la que, tras esa crítica y a consecuencia de ella, se ha incorporado un número paritario de mujeres juristas.
En los últimos tiempos y con motivo de polémicas decisiones de concretos tribunales europeos, a raíz de la tramitación de varias Órdenes Europeas de Detención y Entrega (conocidas por sus iniciales “OEDEs”), aparte de ponerse en cuestión la verdadera eficacia de este mecanismo de cooperación judicial internacional, también se están oyendo voces que reclaman la reforma de los delitos de rebelión y sedición. Es posible que la modificación de los correspondientes preceptos del Código Penal pueda abordarse en alguno de los instrumentos legislativos que hemos aludido.
Debido a las razones que apuntábamos en la introducción, aunque la actividad parlamentaria marcha con cuentagotas, es posible que alguno de los Proyectos o Proposiciones de Ley o de los borradores sobre los que ahora se está trabajando, finalmente en su día puedan adquirir forma de Ley o de Ley Orgánica. Varios de ellos en mi opinión son realmente necesarios. Pero mientras no se alcancen consensos o no se abandone la política del “basta que lo diga el contrario para que me oponga”, ese día lamentablemente aún queda lejos.