Mucho se ha escrito sobre la valoración y la propia existencia de la denominada “crisis” y sus causas, así como sobre las medidas paliativas a adoptar, a las que habrá que añadir en fechas próximas el Plan de prevención del Fraude Fiscal del 2.012, aprobado por el Consejo de Ministros y del que se ha publicado el Anteproyecto de Ley. Entre la serie de medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal cabe resumir las siguientes notas:
1.- Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales. Tanto el pagador como el que reciba el dinero se enfrentan a multas del 25 por 100. Hacienda perdonará la sanción a la parte implicada que denuncie los hechos a la Agencia Tributaria.
2.- Todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas y valores que tengan en el extranjero. La infracción acarreará una multa mínima de diez mil euros y se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas.
3.- La norma facilita los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias.
4.- Se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares.
5.- Se fija la responsabilidad subsidiaria de los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad regular.
Lo curioso, para el que suscribe estas líneas, resulta no tanto la batería de medidas que se pretende sea de aplicación, sino los motivos que la amparan y justifican contenidas en la Exposición de Motivos, “la realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria que hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca”.
El resumen se presume sencillo, «el hambre agudiza el ingenio”, lo malo es cuando ese ingenio llega “hoy”, alejado del tiempo de bonanza recaudatoria y de persecución del fraude fiscal que hubo de ser y bajo la «figura más reprochable que nunca» perseguible en una «elevada» cuantía de 2.500 euros, lo que denota nuevamente que se trata de una mera declaración de intenciones y persecución del pequeño «defraudador«.
Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal