La apuesta por los profesionales del sector inmobiliario por la construcción sostenible es firme. Esta no busca únicamente reducir el impacto ambiental, sino que también debe estar amparado por un marco fiscal. Es por ello que resulta urgente desarrollar en nuestro país, una política fiscal, en los marcos del derecho inmobiliario, que incentive este tipo de construcción verde.
El derecho inmobiliario es una rama del derecho legal que regula actividades relacionadas con la propiedad, uso, arrendamiento, compra, venta y construcción de bienes inmuebles. Se centra en las relaciones jurídicas entre las personas y las propiedades e incluye aspectos como la zonificación, el uso del suelo, los derechos de propiedad, las servidumbres, y la normativa urbanística.
El aspecto de la zonificación es realmente importante en términos de construcción sostenible. Las normativas de zonificación ayudan a fomentar la sostenibilidad al exigir que se cumplan ciertos estándares ambientales, tales como la eficiencia energética o el uso de materiales de construcción ecológicos.
En busca de minimizar el impacto ambiental de las nuevas construcciones, el sector inmobiliario se intenta adaptar a la legislación y normativas vigentes.
El objetivo de este tipo de construcciones de carácter sostenible es el de potenciar el uso de energías renovables, materiales de bajo impacto, y diseños que maximicen la eficiencia energética y el bienestar de los futuros ocupantes. Los pilares de los proyectos de edificación sostenible se asientan sobre dos ejes de suma importancia.
La innovación tecnológica y el desarrollo de materiales avanzados constituyen la base para la construcción de edificios inteligentes, y son clave para optimizar el consumo energético y cumplir con los estándares legales que exige la Unión Europea en esta materia. No obstante, la adopción de estas innovaciones debe alinearse con las normativas legales vigentes, lo que demuestra la importancia del derecho inmobiliario en la acción de prácticas inmobiliarias sostenibles.
A la hora de construir, cada vez surgen más normativas y exigencias que se centran en los aspectos de sostenibilidad del proyecto y aparecen en escena los sellos y estándares que certifican la sostenibilidad de las construcciones.
A nivel internacional encontramos el LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) o BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) que evalúan el desempeño de los edificios en distintas categorías. Algunas de las más importantes son: energía, salud y bienestar, agua, materiales, residuos, gestión, uso del suelo y ecología, calidad del aire interior, proceso integrador o contaminación e innovación.
En España surge el certificado VERDE (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios) en el que se incluyen las siguientes categorías: parcela y emplazamiento, energía y atmósfera, recursos naturales, calidad del ambiente interior, calidad del servicio y aspectos sociales y económicos.
En un proceso de construcción sostenible, el derecho inmobiliario tiene un papel crucial en el desarrollo del proyecto. Debe existir un marco normativo legal apoyado por incentivos fiscales y subvenciones que promuevan este tipo de prácticas sostenibles.
El marco legal en España, amparado por el derecho inmobiliario, se ha desarrollado en los últimos años para integrar los principios de sostenibilidad en la construcción y el desarrollo urbano. Leyes nacionales y directivas europeas han establecido un marco normativo fundamentado por 3 decretos:
A la hora de incentivar la edificación sostenible y el cumplimiento de la normativa vigente, el Gobierno español ha introducido una serie de desgravaciones fiscales y ayudas que impacta directamente en el sector inmobiliario.
A través del Plan de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) el Gobierno ofrece subvenciones destinadas a suplir los gastos de proyectos de rehabilitación que contribuyan a la eficiencia energética de los edificios. Por otro lado, existen deducciones fiscales para propietarios y promotores que opten en sus proyectos por la implementación de tecnologías y materiales sostenibles. La más destacada es la reducción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Al hablar de los riesgos y desafíos, nos referimos a los posibles inconvenientes legales derivados de la mala praxis en términos de derecho inmobiliario y del cumplimiento de la normativa vigente.
Cumplir con los estándares sostenibles establecidos es fundamental para evitar posibles demandas legales ocasionadas por posibles daños ambientales.
Promotores y propietarios precisan estar al tanto de las responsabilidades legales asociadas a este tipo de proyectos sostenibles. El proceso para obtener algún tipo de certificación ecológica a veces resulta complicado y costoso y su incumplimiento puede acarrear sanciones. No obstante, el derecho inmobiliario proporciona un marco para poder gestionar este tipo de riesgos.
El incumplimiento de las normativas de construcción sostenible pueden tener como consecuencia directa la disminución del valor de una propiedad u ocasionar conflictos legales, afectando directamente la inversión inmobiliaria. El derecho inmobiliario es fundamental para proteger a los inversores, ya que, asegura que todas las prácticas sostenibles se cumplen adecuadamente.
La existencia de una base normativa sólida en términos de derecho inmobiliario, sienta las bases para el desarrollo de construcciones más sostenibles y eficientes. Cumplir con los estándares y con la legislación vigente es primordial para evitar posibles inconvenientes y riesgos, a la hora de llevar a cabo este tipo de proyectos dentro del sector inmobiliario.