Desde el 1 de enero de 2026 el Servicio Andaluz de Salud ha dejado de tener una póliza privada de responsabilidad civil sanitaria en vigor y ha pasado a un modelo de autoaseguramiento público, lo que genera un grave escenario de inseguridad jurídica y de desprotección práctica para pacientes y profesionales sanitarios andaluces, pese al discurso oficial de “plena cobertura”.

Situación actual del aseguramiento del SAS

La póliza de responsabilidad civil profesional y patrimonial del SAS venía contratándose con aseguradoras privadas y cubría las consecuencias económicas de la responsabilidad profesional sanitaria y no sanitaria frente a terceros. Según se recoge en su web: «Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud están siempre asegurados, ya que ante cualquier situación, tanto la responsabilidad civil profesional como la responsabilidad patrimonial están cubiertas por el propio Servicio Andaluz de Salud.»

El que suscribe critica que en la actualidad esa afirmación no es cierta, ya que desde inicio del año 2026 los profesionales sanitarios no están protegidos por ningún seguro, y los pacientes que reclamen por negligencias médicas solo se podrán dirigir contra el Servicio Andaluz de Salud en sus reclamaciones y no contra la aseguradora que pudiera cubrir dichos siniestros.

La póliza vigente expiró y la Junta ha descartado una prórroga ordinaria “en las condiciones actuales”, iniciando en enero de 2026 los trabajos para una nueva licitación del seguro de responsabilidad civil, en lugar de haber tenido previsión y haber efectuado dicha licitación con tiempo suficiente para no quedarse sin seguro. INSURANCE fue la última aseguradora que cubrió al SAS hasta el día 31-12-25.

Mientras dure la tramitación de la nueva licitación, el SAS afirma que mantiene “plenamente cubierta” la responsabilidad civil de sus profesionales mediante un modelo de autoaseguramiento, asumiendo directamente la cobertura e indemnizaciones. 

Autoaseguramiento: qué significa realmente para el paciente

El autoaseguramiento supone que es la propia Administración sanitaria la que responde con su presupuesto de los daños derivados de la mala praxis, sin una compañía aseguradora externa que asuma el riesgo ni gestione los siniestros, lo que supondrá un mayor coste. 

En la práctica, esto concentra el poder de decisión (reconocimiento del daño, cuantía de la indemnización, tiempos de pago) en el mismo ente o administración sanitaria que ha causado el daño, debilitando la posición del paciente y el principio de igualdad de armas procesales.

La experiencia previa en Andalucía ya mostró, cuando se denunciaron retrasos o vacíos de aseguramiento, cómo el SAS reaccionó negando cualquier falta de cobertura y apelando a que “los profesionales siempre están asegurados”, pese a la alarma generada por asociaciones de pacientes.

Y todo ello en un contexto en el que las reclamaciones por negligencias médicas a pacientes han subido exponencialmente, y los problemas y listas de espera no se solucionan por el Servicio Andaluz de Salud. En la última memoria de la Asociación del Defensor del Paciente del año 2025, se indicaba que Andalucía es la segunda comunidad más denunciada con 2.730 casos por presuntas negligencias médicas, aumentando en un total de 221 asuntos, lo que supone un 8% más. De la suma, 165 han sido con resultado de fallecimiento, y con numerosas resoluciones administrativas o sentencias condenatorias contra el SAS, que cubría el seguro dentro de sus límites y ahora no lo hace.

Perjuicios para los pacientes y la ciudadanía andaluza

El primer perjudicado es el paciente, que se ve obligado a reclamar o litigar contra una Administración que es a la vez prestadora del servicio, gestora del siniestro y pagadora de la indemnización, con mayor opacidad y previsibles dilaciones en el reconocimiento de sus derechos. Esto es especialmente grave en un contexto de listas de espera desmesuradas, retrasos diagnósticos y fallos en programas de cribado de cáncer que ya han sido masivamente denunciados.

La ausencia de una póliza externa elimina un filtro técnico independiente en la valoración del riesgo y en la gestión de reclamaciones, debilitando la cultura de seguridad del paciente y el incentivo económico directo para prevenir siniestros y mejorar protocolos.

Además, en situaciones de alta conflictividad (huelgas médicas, suspensión de cientos de miles de actos asistenciales, listas de espera, insuficiencia de medios, crisis de cribados,), la misma Administración que invoca la “protección de sus profesionales” está, de hecho, reduciendo instrumentos de garantía frente a los errores del sistema y no cubre adecuadamente a sus profesionales sanitarios, más allá de la protección que les facilite el SAS, pero sin seguro de responsabilidad profesional. 

La inexistencia de una póliza de aseguramiento sanitario del SAS, que sea clara, con límites, exclusiones y procedimiento de gestión transparentes, incrementa la incertidumbre del facultativo y de los pacientes, sobre qué supuestos asume realmente el SAS, especialmente en ámbitos sensibles (prescripción, actuación fuera de cartera, protocolos dudosos), como ya advirtieron en el pasado sindicatos y colegios profesionales y las propias Asociaciones de pacientes.

Ello fomenta la medicina defensiva, el miedo a asumir decisiones complejas y la presión psicológica sobre plantillas ya castigadas por sobrecarga asistencial, recortes y externalizaciones denunciadas por amplios sectores de la profesión. 

Desde estas líneas se realiza una crítica jurídica y de política sanitaria desde la óptica de un abogado sanitario. Desde la perspectiva del derecho sanitario, la decisión de dejar un vacío temporal de aseguramiento privado y refugiarse en un autoaseguramiento “transitorio” refleja una gestión negligente del riesgo, incompatible con la diligencia exigible a una Administración que opera en un ámbito de alto riesgo como la asistencia sanitaria. 

Se envía un mensaje equivocado a la ciudadanía: mientras se presume “crecimiento del sistema” y se anuncian futuras coberturas “integrales”, el paciente que sufre hoy un daño está sometido a un modelo menos garantista, menos transparente y más burocrático para obtener reparación, lo que también perjudica a los trabajadores sanitarios que prestan sus servicios para el SAS. 

En una comunidad donde han existido movilizaciones masivas por el deterioro de la sanidad pública, dimisiones, listas de espera inasumibles y fallos graves en cribados oncológicos, la falta de una póliza de responsabilidad civil sanitaria operativa desde el 1-1-26, es una muestra más de la dejadez de la administración sanitaria por falta de previsión, sobre la protección real de los derechos de los pacientes andaluces. 

Es por ello que todos exigimos que el Servicio Andaluz de Salud obtenga a la mayor urgencia posible una póliza de aseguramiento de responsabilidad ante reclamaciones por negligencias médicas, en beneficio de todos.

Derecho Sanitario: Cuestiones prácticas para el abogado en reclamaciones por negligencias médicas